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Caso Maldonado: El Gobierno denunció a Pablo Nocetti, ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich

La denuncia presentada por Jonatan Firun, Director Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, es por irregularidades y encubrimientos en el marco del operativo que terminó con la vida de Santiago Maldonado. Pablo Nocetti, ex jefe de Gabinete de la actual presidente del PRO, Patricia Bullrich, y ex jefes de Gendarmería Nacional pueden ser los primeros nombres de una lista de denunciados penales.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, denunció a Pablo Noceti, ex jefe de Gabinete de Patricia Bullrich,  por su responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado. La presentación apunta a Pablo Nocetti, ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo OTERO ex Director de Gendarmería Nacional Argentina, Comandante General Ernesto Oscar ROBINO ex Subdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina.

La pesquisa realizada por la actual conducción de la GNA de Andrés Severino, cuyo informe lleva la firma de Severino y Javier Lapalma, muestra que, «atravesadas por imprudencia, inoportunidad, impericia, e ineficacia, las acciones represivas de 2017 carecieron de proporcionalidad y de racionalidad para el inicio de un operativo de despeje que sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, doctor Pablo Noceti, y del ex director Nacional de la Gendarmería, el comandante (Gerardo) Otero”.

Según consta en la investigación, “El doctor Nocetti estuvo el día previo y el mismo día del operativo en la zona, dando instrucciones a la Gendarmería para actuar bajo la figura de la flagrancia para conjurar el accionar de la agrupación RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), considerada terrorista para la gestión anterior”.

La investigación del Ministerio afirma que “en coincidencia con las instrucciones en el lugar de Noceti, su protocolo ordenaba a las fuerzas perseguir y detener a los manifestantes, aun cuando lograra efectivizarse el despeje, por considerarlos delincuentes en situación de flagrancia. Se soslayó así, deliberadamente, a la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza”. Es decir, no sólo se realizó un operativo desmedido e inoportuno, sino que se indicaron procedimientos falsamente protocolares y declaradamente ilegales. Según advierte el informe, se aplicó «un protocolo de actuación inexistente, nunca aprobado, aunque sí anunciado por la ex Ministra Bullrich el 17 de febrero de 2016».

Desde el ministerio manifestaron que «tal como planteó Frederic al inicio de su gestión y que ahora se ve respaldada por la investigación interna de la Gendarmería, las acciones ilegales que derivaron en la muerte de Santiago Maldonado deben servir, en adelante, para reformular protocolos y modos de actuación que impidan que se repitan este tipo de hechos«.

En su denuncia, los actuales funcionarios de Seguridad explicaron que «la anterior conducción de la Gendarmería, con las autoridades del Ministerio de Seguridad 2015-2019, arbitraron los medios necesarios para que la fuerza no tuviera ningún tipo de reproche sobre el accionar en el desalojo del corte de la ruta 40 el 1 de agosto de 2017».

Esto fue posible porque ante la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, y el pedido de cambio de carátula en la causa judicial hecho por los abogados de la ministra Bullrich, la investigación interna «liberó de culpa y cargo a todos los efectivos que participaron de forma directa e indirecta en el operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado». La auditoría que realizó este año la nueva conducción de la fuerza desmontó esa «ingeniería de impunidad que habían organizado durante la gestión pasada». Y en tal sentido concluyó que:

* No fue prudente ni razonable realizar el operativo de despeje de la Ruta Nacional 40 en las condiciones que se daban el 1° de agosto de 2017.

* Además de poner en riesgo a los manifestantes, se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de actuación necesarios.

* Ya se encontraba en camino un destacamento móvil especialmente entrenado y capacitado para situaciones de protesta social.

* Se ordenó el retiro de la zona a más de la mitad del personal con que se contaba al inicio o primeras horas del día 1 de agosto, dejando en el lugar a sólo diez efectivos del escuadrón 36 Esquel y otros 20 del escuadrón 35 El Bolsón, «además de inexpertos, desposeídos de elementos adecuados».

* Si bien había cortes intermitentes de la ruta 40, no había urgencia para realizar el operativo en esas condiciones, ya que existían vías alternativas de circulación y no había riesgo de desabastecimiento en las localidades cercanas.

«Se soslayó así, deliberadamente, la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza».

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