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Gestapo Antisindical de Vidal y Macri: juez Kreplak rechazó entregar la causa a Comodoro Py

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ratificó su competencia y rechazó nulidades en la causa denominada “Gestapo Judicial” de Vidal y Macri.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak rechazó enviar a los tribunales de Comodoro Py la causa en la que se investiga la reunión en el Banco Provincia en la que un funcionario de María Eugenia Vidal habló de una “Gestapo” para avanzar contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. En tanto ratificó que la filmación de la reunión es válida como prueba.

En dos resoluciones el juez convalidó la investigación a su cargo, al rechazar planteos de nulidad interpuestos por varios de los acusados, entre ellos el ex subsecretario de Justicia de Vidal, Adrián Grassi, al que adhirieron otros imputados.

Además coincidió con la fiscal Ana Russo en que el caso debe continuar tramitando en La Plata y pidió que los expedientes relacionados que están en los tribunales de Comodoro Py deben ser enviados a su causa.

La defensa de Grassi había pedido la nulidad de toda la causa al sostener que la denuncia en la que tuviera origen la investigación se apoya en archivos filmográficos obtenidos como consecuencia de la comisión de un ilícito, realizados de manera clandestina, lo que fue rechazado por el juez.

Por el contrario, el abogado César Albarracín que representante de Medina, y que es querellante, sostuvo que el hecho ocurrió “con el pleno dominio provincial sobre el lugar en el que se desplegaron las cámaras, la autorización y apoyo de las autoridades del Banco Provincia para que se instalen, y la orden para que todo eso se pueda hacer, que partió nada menos que de la propia Gobernadora a través de su persona de máxima confianza”.

El juez destacó los argumentos de la fiscal Ana Russo para rechazar el planteo de nulidad del caso. “La participación de funcionarios públicos en el acto genera ab initio la posibilidad de documentación posterior incluso por otros medios –menciona la elaboración de un acta-. De manera que, en cierto modo, es trivial contar en este caso con la filmación, pues lo allí ocurrido se podría haber acreditado por otros medios –menciona: una minuta de la reunión, una certificación actuarial, un correo electrónico, etc.”.

En una de las resoluciones dictadas, el juez destacó que “la reunión no se celebró en un ámbito privado sino en dependencias públicas bajo control político de la gobernación de la provincia de Buenos Aires” y que “no tuvo por objeto el tratamiento de cuestiones íntimas o personales sino una cierta estrategia de judicialización de una situación de conflicto de vasto alcance”.

Además, citó la versión del acusado Diego Dalmau Pereyra, director de Contrainteligencia de la AFI que declaró que las cámaras resultaban visibles.

Para el juez fácilmente podría haberse registrado por cualquiera de los teléfonos personales de los asistentes, o incluso en caso de funcionarios públicos, eventualmente por otros medios.

Respecto de los pedidos para pasar el caso a Comodoro Py, el juez rechazó los mismos con diversos argumentos. “No influye el que entre los funcionarios que participaron de los hechos imputados, haya algunos que se desempeñaban como funcionarios públicos nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, pues han señalado distintas partes –incluso propugnando conclusiones diversas- no es la sede de sus oficinas lo que define la competencia, sino el lugar de comisión de los hechos investigados”.

“En todo caso, la participación de funcionarios del gobierno nacional en ejercicio de esas funciones es lo que justifica la intervención del fuero federal, mas no la remisión a los juzgados de la Capital Federal”, remarcó el juez.

“No sólo los domicilios de la mayoría de las partes, sino también el grado de desarrollo y avance de la investigación, la mayor proximidad con la prueba que deriva de una mayor proximidad con los hechos”, concluyó.

En la causa, el juez debe resolver si procesa a los imputados indagados, entre ellos a Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, y autor de las frases de la “Gestapo”.

Están también imputados hasta el momento Adrián Grassi (ex subsecretario de Justicia provincial), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura de Vidal), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, cinco empresarios ligados a la construcción, Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani; y Juan Sebastián De Stéfano, exjefe del área de Jurídicos de la central de espías.

Con información de M1.

 

 

 

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