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La Provincia presente: prohíben cortes de luz y agua por falta de pago

A través del decreto 194/2020, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno bonaerense de TODOS, encabezado por Axel Kicillof, prohibió a las empresas distribuidoras de energía y agua cortar los servicios «en casos de mora o falta de pago» para usuarios que se encuentran en «situación de vulnerabilidad social». Las prestadoras deberán contemplar atrasos de hasta tres meses y otorgar planes de facilidad de pago.

El decreto 194 publicado este viernes en el Boletín Oficial, adhiere a la inhabilitación dispuesta por la Casa Rosada y que ordena a las prestadoras de servicios la suspensión de cortes en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas con vencimientos desde el 1 de marzo, e incluye a quienes ya tenían un aviso de corte en curso.

En tanto, se insta a que las firmas de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales deberán otorgar «planes con facilidades de pago» para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de la medida.

Los beneficiados del decreto provincial:

  • Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH); la Asignación por Embarazo; de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo, y usuarios inscriptos en el régimen de monotributo social.
  • Jubilados, pensionadas y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos.
  • Monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el salario mínimo y usuarios que perciben seguro de desempleo.
  • Electrodependientes y usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.
  • Micro, pequeñas y medianas empresas; las cooperativas de trabajo o empresas recuperadas; las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia; y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

 

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