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Por decreto, se derogó una norma que regulaba las matrículas y cuotas de las instituciones privadas. Ahora podrán fijar sus montos sin autorización previa del Estado. La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires explicó el impacto que tendrá en territorio bonaerense el decreto nacional que desregula los de los aranceles de los institutos educativos de gestión privada. Desde la cartera educativa que conduce Alberto Sileoni se aclaró que las instituciones educativas privadas con aporte estatal “constituyen más del 70% de las instituciones educativas».
La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires explicó el impacto que tendrá en territorio bonaerense el decreto nacional que desregula los aranceles de los institutos educativos de gestión privada.
Desde la cartera educativa que conduce Alberto Sileoni se aclaró que las instituciones educativas privadas con aporte estatal “constituyen más del 70 % en la provincia de Buenos Aires” dijeron.
Para ese amplio universo de establecimientos, las cuotas “continuarán con sus topes arancelarios, sujetos a la supervisión y autorización de esta Dirección General, de acuerdo con la normativa provincial vigente” remarcaron.
Desde la DGCyE ratificaron que toda modificación arancelaria en instituciones que reciben aporte estatal, deberá ser previamente autorizada por las autoridades provinciales.
¿Qué pasa con el resto de las escuelas privadas?
En el caso de las instituciones sin aporte estatal, el nuevo Decreto nacional los exime de la regulación anterior, que consistía en la obligación de informar a autoridades y familias, hacia el mes de octubre sobre matrícula, monto de aranceles y cantidad de cuotas, que regirían el año siguiente.
Para la gestión de Javier Milei estas obligaciones para las instituciones de educación privada eran “contraproducentes”.
“El requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal“, señala el decreto publicado este martes.
