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Por ahora peligran los votos de los gobernadores “aliados” de Milei porque hay en juego más de $3 billones que las provincias no quieren resignar en concepto de impuestos coparticipables por la reducción en 3 puntos del impuesto a las Ganancias para las empresas, que propone el proyecto de reforma laboral precarizadora A través del decreto 24/2026, este lunes comienzan las sesiones extraordinarias del Congreso nacional, lo que constituye el comienzo del año parlamentario. Se extenderán hasta el viernes 27 de febrero. A partir de marzo comienza el período de sesiones ordinarias.
El temario establecido por el Gobierno prevé discutir los proyectos de ley de Modernización Laboral, la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial que cambiaría la Ley Glaciares, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea. Además, el Poder Ejecutivo amplió el temario mediante el decreto 53/2026 para incorporar la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil, que busca modificar la Ley 22.278 y bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 o 14 años.
El cronograma estimado prevé que la actividad se inicie de manera formal este martes 3 de febrero. El Gobierno espera que la reforma laboral pueda tratarse en el Senado, su cámara de origen, el 11 o 12 de febrero. Los otros proyectos todavía no cuentan con fechas de tratamiento específicas, ya que requieren de la conformación de comisiones.
El Gobierno negocia apoyos en el Senado para la reforma laboral
El Gobierno llega a estas sesiones con negociaciones en curso con miras a aprobar la Ley de Modernización Laboral, que obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado el 18 de diciembre de 2025. Como no se obtuvieron los votos necesarios para tratar el proyecto en diciembre, se postergó su tratamiento hasta febrero.
La senadora Patricia Bullrich (LLA), quien lideró el proyecto desde la presidencia de la comisión de Trabajo y Previsión Social, aseguró que el proyecto se votará antes del 13 de febrero. El oficialismo cuenta con un principio de acuerdo con 44 legisladores de bancadas aliadas, pero pendiente de cambios en el texto y de respuestas a reclamos provinciales. Necesita al menos 37 votos para lograr quorum y abrir el recinto.
Los acuerdos con gobernadores se condicionan a fondos y compensaciones. Desde la Casa Rosada, el mensaje es “sin apoyo, no hay plata”. Gobernadores como Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gustavo Sáenz (Salta) respaldan la reforma en general, pero los peronistas resisten el artículo que reduce alícuotas de Ganancias.
El ministro del Interior Diego Santilli, que está enfocado en negociar estos apoyos con los gobernadores desde que asumió, tiene agendadas reuniones próximas con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) para revisar el capítulo fiscal del proyecto.
Por su parte, Patricia Bullrich busca consensos negociando cambios en el texto de la reforma laboral. En tren de consolidar las alianzas políticas en construcción, está previsto que se reúna este martes con jefes de bloques dialoguistas en oficinas de la UCR.
La oposición se presenta fragmentada
La oposición muestra fragmentación, con pujas internas que impiden una coordinación contra los proyectos que impulsa el Gobierno. En el Senado, el subbloque Convicción Federal votó dividido en discusiones previas, como el Presupuesto 2026. Tres de sus cinco integrantes —la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza— acompañaron al oficialismo en esa votación, lo que generó fuertes cruces internos y sospechas del sector más cercano a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el caso de la discusión por la modificación del Régimen Penal Juvenil, donde el Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 o 14 años, el oficialismo suma apoyos de otros bloques. También el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se manifestó a favor: afirmó que “un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”, y que “no es posible ni real sostener que una persona de 14 años no comprende la gravedad de sus actos cuando comete un homicidio”.
La oposición en su conjunto no logra consolidar posiciones en común, con sectores que exigen cambios profundos a los textos de los diferentes proyectos de ley y otros que evalúan acuerdos puntuales por compensaciones provinciales. Esto deja al Gobierno con margen para negociar y evita una coordinación cerrada contra sus iniciativas en este período extraordinario.
