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Por Maximiliano Borches. Trabajadores de la sede central de PAMI, ubicada en el microcentro porteño, llevaron a cabo un “Ruidazo” y asambleas en respuesta al desmantelamiento de su Gerencia de Auditoria Prestacional (GAP) que de facto deja sin control a infraestructuras edilicias y sanitarias de la obra social más grande de Latinoamérica que atiende a 5.4 millones de afiliados. En una de esas asambleas, y completamente fuera de sí, el Gerente de Auditoria Prestacional Damián González, afirmó que el Gobierno Nacional (al que él pertenece) quiere “Privatizar PAMI”. Desde que asumió la gestión de los hermanos Milei, PAMI alcanzó una deuda astronómica de más de $500.000 millones con sus prestadores. La cadena de pagos, que históricamente tenía un retraso de tres meses, hoy está virtualmente rota con demoras de hasta cinco meses y un atraso respecto a la inflación del 160%.
El pasado viernes 10 de abril, desde la media mañana y hasta entrada la tarde, el ruido de palmas, sutiles golpes de lapiceros y folios en escritores, aplausos y cantos de consignas viabilizó la demanda contra el desguace del PAMI, otra víctima –y de las más sensibles debido a la naturaleza de sus prestaciones médicas a jubilados, pensionados y familiares de éstos con distintos grados de discapacidad- de la feroz motosierra manejada por la casta que asola al país con sus medidas económicas desde los olimpos gobernantes de Casa Rosada, Quinta de Olivos y Ministerio de Economía.
Los trabajadores de la Gerencia de Auditoria Prestacional (GAP) de la sede central de PAMI (Av. Corrientes 655), médicos, bioquímicos, arquitectos, especialistas en imagen, nutricionistas, enfermeros, abogados, entre otros profesionales de destacada formación y trayectoria laboral, iniciaron el ruidazo para que el desguace se visibilice. En particular la arbitraria -y peligrosa para su continuidad laboral- separación de esta área de los arquitectos, quienes son los responsables de certificar la Bioseguridad que garantiza la seguridad de las instituciones médicas, tanto como clínicas, sanatorios y hospitales para una adecuada –y segura- atención de los prestadores.
El Gerente de Auditoria Prestacional de PAMI Central. Damián González, afirmó que el Gobierno Nacional (al que él pertenece) quiere “Privatizar PAMI”.
En este contexto y ante la creciente tensión en el GAP. Se hicieron presentes los dirigentes de los sindicatos Daniel Sánchez (ATE), Esteban Ceballos (UTI) y Hernán Corredoira (SUTEPA) para apoyar el reclamo de los trabajadores e interpelar a la dirección. Luego, y tras una reunión marcada por la frialdad, los representantes gremiales fueron recibidos por Carolina Olivera de la Unidad de Gestión Técnico-Operativa (UGTO) y Ramiro Aguilar, Gerente de Recursos Humanos, sin que se hayan registrados grande avances.
El PAMI en números y su astronómica deuda de más de $500 mil millones a prestadores
El PAMI atiende a 5.4 millones de personas a la vez que cuenta con 17 mil prestadores, 8 mil médicos de cabecera y 14 mil farmacias en todo el país. Por estos días, y producto del desguace y desidia al que es sometido por la actual gestión de Gobierno, y en particular por los ministros de Salud (Mario Lugones) y Economía (Luis Caputo) que no giran los fondos necesarios para el mantenimiento de esta vital obra social, PAMI adeuda las astronómica cifra de más de 500 mil millones de pesos a sus 17 mil prestadores, entre los que de destacan clínicas, sanatorios, laboratorios, farmacias, odontólogos, odontólogos, ópticas, entre otros profesionales de la salud a todo lo largo y ancho de la Argentina.
En PAMI no falla la gestión, sufre las consecuencias de una asfixia financiera planificada para su cierre y/o tercerización que dejaría a jubilados y pensionados literalmente abandonados
La crisis financiera que atraviesa el PAMI no es consecuencia de una mala gestión; es la planificación de una asfixia. Mientras el Ministerio de Economía ajusta la soga al cuello de la obra social que asiste a más de cinco millones de jubilados y pensionados, se libra una batalla silenciosa y feroz en las sombras: la disputa entre los intereses de «los Caputo» y los dueños de las prestadoras, laboratorios y droguerías por el control de una caja millonaria.
En este escenario de rapiña, la primera víctima institucional ha sido la Gerencia de Auditoría Prestacional. La función de esta gerencia es ser, el «ojo clínico» que garantiza que una institución médica sea un lugar de sanación y no una trampa mortal, está siendo desguazado sistemáticamente.
Si el control sanitario desaparece, el PAMI ya no será la red de contención de los adultos-mayores, sino el símbolo de un Estado que decidió que la vida de sus jubilados ya no es una inversión social que valga la pena auditar.
El PAMI está en peligro de derrumbe, y con él, la dignidad de todo un país que no puede mirar al costado ante tanto sufrimiento de sus padres y abuelos.
