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El intendente de Ramallo, Mauro Poletti (Fuerza Patria), logró que la Justicia obligue al gobierno de Javier Milei se ponga a trabajar en un puente deteriorado sobre la ruta nacional 9, a pesar de la decisión del Presidente de detener completamente la obra pública en el inicio de su mandato.
Poletti realizó una presentación judicial por el estado de abandono del puente, ubicado en el cruce de la ruta 9 con la 51, y el Juzgado Federal 1 de San Nicolás le dio la razón, intimando al gobierno nacional, en la figura de Vialidad Nacional (aunque ese organismo fue disuelto hace pocos días), y a la empresa concesionaria, Corredores Viales SA, a que emprendan urgentemente los trabajos necesarios para repararlo.
Entre esas obras se contempla “el bacheo y/o relleno de pozos existentes”, con prioridad para “aquellos sectores que representen mayores riesgos para la seguridad vial”.
La Nación tiene diez días para iniciar las tareas y tres meses para concluirlas.
El juzgado también le exige al Estado nacional que coloque carteles de advertencia y señales apropiadas en la estructura, además de realizar desvíos, si corresponde, para evitar que se produzcan accidentes o que los vehículos que transitan por el puente sufran daños.
