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Según trascendió, la empresa acumulaba más de 1.000 cheques rechazados por $8.500 millones, salarios impagos, deudas con tamberos y actividad totalmente paralizada desde hacía meses.
La resolución sobre La Suipachense
La Justicia determinó la clausura de la planta de Suipacha, la entrega de bienes a la sindicatura, la inhabilitación definitiva de sus directivos y la prohibición de salida del país para el presidente de la firma, Jorge Luis Borges León.
Al mismo tiempo, se instruyó a ARCA y al Banco Central a informar sobre los bienes, cuentas y movimientos financieros de la compañía.
La Suipachense incumplió, según detalla el expediente, el acuerdo preventivo homologado y “carece de toda generación de ingresos”. Por tal motivo su situación derivó directamente en la quiebra.
La situación de los trabajadores y proveedores
ATILRA venía denunciando salarios adeudados, despidos y pérdida total de proveedores. De los 140 trabajadores que dependían directamente de la empresa, ninguno conserva hoy tareas ni ingresos. Además, los 180 tamberos que abastecían a la empresa interrumpieron los envíos por falta de pago.
Con el fallo también se indicó la inmediata intervención judicial, la clausura con inventario de bienes y también se habilitó el uso de fuerza pública y cerrajero, en caso de ser necesario, para ingresar al predio.
La sindicatura tendrá la tarea de inventariar activos, verificar créditos y organizar la liquidación para cubrir, en parte, el pasivo.
Se suma al cierre de ARSA
Días atrás, la empresa Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que elaboraba postres y yogures para SanCor, fue declarada en quiebra y cerró dejando en la calle a unos 400 trabajadores.
ARSA pasó por varias manos, hasta llegar a los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, del grupo Maralac, que también manejaba a La Suipachense, declarada en quiebra en las últimas horas.
El grupo hasta hace dos años y medio era controlado por el Grupo Vicentín, desde que la cooperativa se la cedió en 2016 por US$ 100 millones.
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