El último relevamiento realizado por la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, al mando de Nora Lucioni, un trabajo conjunto con la Fundación Rumbos, sacó a la luz que por los alrededores de Plaza Chacabuco encontraron que están en peor estado las veredas respecto del realizado en 2017 y 2018. Pero estas situaciones se repiten en la mayoría de los barrios.

Las personas con movilidad reducida al llegar al vado se encuentran con partes de adoquín, con capas de asfalto, con roturas que traban las ruedas de las sillas y de scooters. Muchas veces hay acumulación de agua y residuos en los vados, que también hace que a las personas les cueste mucho cruzar.

Al padecimiento que sufren las personas con discapacidad al transitar por una ciudad inaccesible, se le suma la discriminación en materia laboral.

“En la Ciudad se han sancionado leyes importantes, impulsadas desde la Comisión de Discapacidad de la cual soy Presidente, como la capacitación obligatoria en discapacidad para todos los niveles del Estado y la accesibilidad web en la comunicación oficial. Sin embargo, persisten serias barreras: se limita el acceso a la educación especial hasta los 22 años sin ofrecer alternativas, no se cumple el cupo laboral del 5% para personas con discapacidad, y se reformó el código de edificación avalando viviendas inaccesibles”, dijo a Tiempo Argentino, el legislador porteño de Unión por la Patria Juan Manuel Valdés.

El diputado y referente peronista asegura que en la Ciudad quedan importantes deudas para que se cumpla con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en Argentina.

“Ante la situación de emergencia que viven las familias de personas con discapacidad, todavía esperamos medidas que asuman esta realidad desde CABA, ya que se trata del 10% de nuestra población, más de 300 mil porteños y porteñas”, agregó.

Discriminación laboral

La Constitución de la Ciudad en su artículo 41, ordena la equiparación de oportunidades y a las políticas de integración “tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral”. Allí establece que el gobierno porteño debe destinar un cupo del 5% de su planta permanente a personas con discapacidad. El plazo para su cumplimiento era de cinco años establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 1502, sancionada en 2004. Pero el macrismo jamás lo cumplió.

El último relevamiento publicado por la auditoría de la Ciudad señala que durante el 2022 sobre un total de 139.525 personas empleadas, 1.680 tenían alguna discapacidad, lo que representa el 1,2% del total de la planta. Pero la situación en 2023 empeoró: la dotación total de trabajadores ascendió a 144.081 personas, pero el número de personas con discapacidad descendió a 1295, lo que implica una participación del 0,9 por ciento.

«Es sistemática la política del PRO de discriminar a las personas con discapacidad en los cargos y trabajos públicos, no solo incumplen el cupo mínimo de la ley, a más de 15 años del vencimiento del plazo, si no que aún donde incorpora personas con discapacidad lo hace en los extremos más bajos del escalafón, siendo prácticamente nula la integración en el escalafón profesional, o de conducción”, sintetizó en diálogo con Tiempo el Dr. Lisandro Teszkiewicz, auditor de la Ciudad.

Y agrega que no es solo en la inclusión laboral el destrato del gobierno de la ciudad con la personas con discapacidad. “En distintos informes de la auditoría resulta alarmante que los últimos tiempos el recorte de presupuesto educativo tuvo un especial ensañamiento con la educación especial, donde no sólo limitaron a 22 años la edad máxima para que las pibas y pibes con discapacidad transiten el sistema educativo, sino que recortaron en micros, viandas y materiales pedagógicos esenciales para la educación especial. Todo lo que demuestra que el abandono y la crueldad no son un error, sino un proyecto político de la derecha porteña».