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Por Maximiliano Borches. La peor semana política para Javier Milei desde diciembre de 2023, cuando asumió el Gobierno, comenzó con una verdadera paliza política en el Congreso Nacional (Diputados y Senadores), donde recibió una seguidilla de reveses legislativos importantes y finalizó con los audios de Diego Spagnuolo, exdirector del Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que dan cuenta de una trama de corrupción y presunto cobro de coimas por parte de la hermana en jefe, Karina Milei y el clan Menem (Martín Menem es el presidente de la Cámara Baja), del laboratorio Suizo Argentino, que acumula contratos por más de $100.000 millones con este Gobierno.
El hecho no solo dejó en shock al Ejecutivo, sino que dejó al descubierto un aspecto aún más oscuro para el futuro inmediato del Esperpento (ver: https://www.marianomorenonoticias.com.ar/esperpento/): los primeros índices de que los sectores que ostentan el poder real en la Argentina, con verdaderos lazos con la Embajada de EEUU (llámese «Círculo Rojo» o como sea) comenzaron a soltarle la mano a los hermanos presidenciales ante la ineficiencia de una gestión de la que cada vez más comienzan a creer que terminará mal, a consecuencia del desastre socioeconómico de dimensiones bíblicas que viene creciendo en el país, tras las destructivas políticas aplicadas con el solo fin de mantener un superávit fiscal que únicamente sirve para mantener el interés de unos pocos multimillonarios y financistas argentinos y extranjeros.
En esta movida política que generó el mayor cimbronazo sentido hasta ahora por el Gobierno, no pocos dan por descontado la oscura mano de Mauricio Macri, hábil operador, destacado tahúr y representante del poder real (junto a no mas de cinco personas), pero no como revancha personal por el chiquitaje político del orden de los candidatos en las listas legislativas, sino como señal para el adorador de perros muertos y su hermana, de que deben subordinarse a quienes le posibilitan seguir gobernando, y no querer jugar en solitario el juego de los poderosos.
Arqueología de una trama millonaria
Según datos oficiales del Ministerio de Economía, el año pasado la partida 36 llamada “Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas” ejecutó $548.628 millones. En lo que va de 2025, ese número de presupuesto devengado llega a $467.494 millones, siempre según datos públicos actualizados al viernes último. Para ponerlo en dólares y tomar magnitud, con la moneda norteamericana en $1337 en las pizarras del último día de la semana, en la Andis se confecciona un cheque de US$43,7 millones por mes para “atención médica”. Un punto a aclarar: no todo este importe es destinado a medicamentos.
Detrás de esa cifra millonaria se mueve, desde hace tiempo, un fenomenal negocio donde reinan las droguerías, los prestadores de servicios, las invitaciones a los de siempre para participar de los concursos, funcionarios de confianza del poder y una red de oficiosos repartidores de las compras.
Tan aceitado está el esquema llave en mano que, además de los directivos y gerentes del organismo, está la figura del “armador”. Se trata de un personaje central en la trama que está al tanto del quién vende, a qué precio y qué producto. Tanto los funcionarios como “el armador” cambiaron con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Se fueron los anteriores y entregaron el “fondo de comercio” a sus continuadores. El esquema, se mantuvo.
Para entender lo que sucede en ese pliegue del Estado hay que hacer un poco de historia. Hasta la llegada de Mauricio Macri al poder, todo lo que tuviese que ver con discapacidad era jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social. Desde esta repartición, que en los años de Néstor y Cristina Fernàndez de Kirchner fue manejada por Alicia Kirchner, es donde se decidía todo lo que concernía a las pensiones no graciables.
“A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, o sea los tres gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.045.000. Esta cifra bajó a 1.026.000, entre 2015 y 2019, para volver a subir de 1.026.000 a 1.222.000 pensiones en diciembre de 2023″, dijo el 8 de agosto el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
La expansión de la cifra, propia de un país que haya sido atravesado por una guerra o una catástrofe, terminó por generar la necesidad de darle otro marco al asunto. En el macrismo, entonces, se creó la Andis, bajo el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia.
El 27 de febrero de 2018, con el decreto 160, se fundó Incluir Salud. Y acá sí se llega hasta el punto de más importante del tema ya que este es el organismo que demanda los medicamentos y los servicios. El programa federal Incluir Salud, ex Profe, no es una obra social, sino que brinda prestaciones mediante convenios directos con prestadores y con las provincias destinado a los titulares de las pensiones no contributivas, siempre y cuando, no tengan ninguna otra cobertura de salud. Formalmente, todas las provincias han adherido y han creado una Unidad de Gestión Provincial (UGP), donde los afiliados llegan a pedir la cobertura, los servicios o los medicamentos. Ahí empieza el camino que termina, en la sede central, con la compra millonaria.
Además de lo que pide el afiliado, Incluir Salud también debiera enviar dinero a las provincias, como una suerte de compensación por la atención a los pacientes en los hospitales públicos. Así funciona el sistema.
Para acceder al plan, además de no tener otra cobertura, hay que ser titular de una pensión asistencial que tienen los discapacitados, así como también las madres con 7 hijos o más, o los mayores de 70 años en situación de pobreza. también pueden afiliarse los beneficiarios de pensiones por leyes especiales como excombatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos, precursores de la Antártida Argentina, ganadores de Premios Nobel, de medallas Olímpicas o prelados, entre otros. Finalmente, están incluidos los beneficiarios de pensiones graciables que son personas designadas por legisladores del Congreso Nacional.
Ese es el universo de posibles asociados a los que les compra el régimen que está dentro del organigrama de Andis, que hasta la semana pasada manejó Diego Spagnuolo.
Cuando se crea la Andis y posteriormente Incluir Salud, empezaron a acumularse las solicitudes de los afiliados al sistema. Así empezaron a vender y proveer decenas de droguerías y prestadoras de servicios. Los márgenes de la industria siempre permiten generar cadenas de felicidad compartidas entre los dos lados del mostrador.
La cantidad de proveedores empezó a crecer, y en muchas oportunidades, con droguerías o prestadores cercanos a los gobiernos provinciales. Por entonces, los nombres que pisaban fuerte en la agencia eran Emilio Nana, Alan Norton, y Pablo Atchabahian, el último director en la era Macri. Daniel Garbellini, ahora separado del cargo por Milei, y Patricio Rama eran dos personas conocidas en ese momento.
Con la llegada de Alberto Fernández todo cambió. Hubo nuevas designaciones y entonces se modificó la forma de comprar. La decisión de la Casa Rosada del último gobierno progresista referenciado en el llamado «kirchnerismo», fue concentrar las adjudicaciones en unos pocos prestadores. En el caso de los medicamentos todo quedó en un puñado. La más importante fue la Droguería Suizo Argentina, la Droguería Dihemo, otra llamada Del Sud y finalmente, la distribuidora de especialidades médicas Lowcedo. En la parte de prótesis, los prestadores más grandes son las ortopedias San Jorge y Alemana, ambas con compras muy por debajo de lo que se les pide a las droguerías.
