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La medida privatizadora la anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Se teme por la continuidad del acceso al agua potable en varios puntos del país, si no resulta «rentable» para la eventual empresa comprador de la empresa estatal de agua y saneamiento.
El Gobierno puso en marcha el proceso para privatizar Aysa. Así lo confirmó este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa Rosada. Según informó, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, que actualmente está en manos del Estado.
El proceso se realizará a través de un esquema mixto, “que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores”.
El funcionario detalló, además, que el camino para privatizar la empresa “incluye la permanencia de los empleados como accionistas de AySA dentro del Programa de Propiedad Participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa”.
“Desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes de los argentinos por 13.400.000.000 de dólares”, remarcó Adorni, y agregó que “indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa”, e hizo hincapié en los costos operativos: “La dotación creció un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16% cuando supo ser del 4% promedio”.
Según información oficial, el proceso de privatización será regulado por la Comisión Nacional de Valores y permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio.
“Tiempo atrás se gastaron en AySA más de 4.800.000.000 de dólares sólo en la última gestión de gobierno. Con todo este presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña. Hubo 200 millones de dólares destinados a obras y el 25% de esas obras se asignaron a Tigre y a Malvinas Argentinas, los dos municipios de donde provenía su cúpula directiva”, remarcó Adorni.
Y amplió. “Además, y confesado, si mal no recuerdo, en algún programa de radio por uno de ellos, se gastaron 1.300.000 $ entre 2022 y 2023 en sponsoreo de eventos en estos dos municipios”.
“Por supuesto, todo esto con la contrapartida de un país con la pobreza en números exorbitantes. En este mismo sentido, en septiembre del 2023 se compraron las famosas camionetas Kangoo, camionetas que se adquirieron por un precio muy superior a que al que era el precio de mercado en aquel momento”, finalizó.
Cambios en el gabinete
Adorni, además, confirmó la salida de Miguel Blanco en la SIGEN, el organismo a cargo del control interno del Poder Ejecutivo Nacional y que depende de la Casa Rosada. El ahora exfuncionario será reemplazado por Alejandro Díaz, un experto en Gobierno y Corporativo, auditorías y sindicatura, que trabajaba hasta ahora en Nucleoeléctrica Argentina, una compañía que responde al Ministerio de Economía.
En su perfil de LinkedIn, el próximo titular de la SIGEN se presenta como “conferencista internacional sobre temas de gobierno corporativo, estructuras societarias, gestión de empresas estatales y auditoría”.
Es autor de las obras “La Sindicatura de Sociedades Anónimas y del Estado”, “El Gobierno Corporativo en Organizaciones Estatales” y “Gestión de Empresas Estatales”. También ganó la medalla de plata del Premio Manuel Belgrano, el Premio a la Excelencia de la Federación de Cámaras del Comercio del Mercosur en Montevideo, Uruguay, y el Premio Nacional a la Calidad 2021.
Además, es docente de Corporate Governance en el MBA de la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica Argentina y de posgrados de Control en la Universidad de Buenos Aires y de La Plata; e invitado en carreras de grado y posgrado de distintas universidades.
