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Ataque contra el Congreso y el despacho de CFK: detuvieron a sospechoso de origen venezolano e integrante del Movimiento Teresa Rodríguez

Un hombre de nacionalidad venezolana, identificado como Jaru Alexander Carrero Rodríguez, integrante del movimiento social Teresa Rodríguez, fue detenido en las últimas horas acusado de ser uno de los autores del ataque contra el Congreso, y en particular al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante las movilizaciones del jueves pasado frente a la sede del Poder Legislativo nacional. Se trata de la segunda persona detenida y es parte los ocho sospechosos de participar de ese hecho.

El sospechoso fue identificado como Jaru Alexander Carrero Rodríguez, de nacionalidad venezolana. Durante el allanamiento de su domicilio se encontró material que lo vincularía con el Movimiento Teresa Rodríguez, según informó la policía.

La detención tuvo lugar en el partido bonaerense de San Isidro, en la calle Güemes al 500, de la localidad de Acassuso. No obstante, antes se lo había buscado en su domicilio, consignado en Florencio Varela.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Bonaerense, a pesar de que la investigación está en la órbita de la Policía de la Ciudad.

La orden de detención fue emitida por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 23, a cargo de Norberto Circo, quien investiga las agresiones contra el despacho de Cristina Kirchner ocurridas durante las movilizaciones contra el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario (FMI), que por esos días era debatido en la Cámara de Diputados.

El pedido fue ordenado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 23, a cargo de Norberto Circo, quien investiga ese delito.

Los operativos están a cargo de la Policía de la Ciudad, pero al ser un distrito bonaerense se pidió la colaboración de la fuerza provincial.

El lunes, ocho sospechosos de haber arrojado las piedras que causaron destrozos en el despacho de la Vicepresidenta habían sido identificados mediante un software de reconocimiento facial utilizado por la Policía Federal.

Se trata de personas jóvenes, sin vínculos aparentes entre sí ni militancia política reconocida por las fuerzas que motorizaron la protesta contra el acuerdo del Gobierno con el FMI, con media sanción en Diputados la semana pasada.

Avanza la investigación 

Los datos de seis de los identificados fueron cotejados con los registros de domicilios y arrojaron resultado positivo, en tanto que la tarea se prolonga con otros dos.

Los reconocimientos se efectuaron a través de las capturas de rostros de los videos aportados por fuerzas de seguridad y otras tomadas directamente de los medios de comunicación que cubrieron los disturbios que se registraron el jueves pasado.

Ese programa informático ya había sido utilizado en otras oportunidades, entre ellas para identificar a los agresores que arrojaron bombas Molotov contra la entrada del diario Clarín, en noviembre del año pasado.

Los investigadores realizaron un rápido chequeo en el registro de antecedentes y comprobaron que -en principio- ninguno tiene ni pedidos de detención ni procesos judiciales en marcha.

Hasta el momento son ocho los sospechosos de causar destrozos en el Congreso Nacional y más específicamente en el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante las protestas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fueron identificados por las fuerzas de seguridad y sus nombres ya constan en la causa que tramita ante la justicia federal.

Se trata de jóvenes que no tendrían afiliación política conocida o detectable a partir de las primeras tareas de inteligencia criminal que se dispusieron en la investigación, por lo que en las últimas horas comenzó a robustecerse la hipótesis que sostiene que podría tratarse de personas contratadas para generar disturbios, informaron a Télam fuentes de la investigación.

La edad promedio de los sospechosos es de 20 años y pudieron ser identificados por medio de un «software» del Ministerio de Seguridad que vinculó sus rostros con sus datos personales y domicilios, según pudo reconstruir esta agencia.

En este expediente intervienen la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo y los delitos que se investigan podrían encuadrarse bajo las figuras de «daños agravados» e «intimidación pública», hechos distintos a los que pesquisa la justicia porteña, que tiene a una persona detenida con prisión preventiva por atentado contra la policía local y daños al patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires.

 

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