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Causa “Vialidad”: el Tribunal condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, dieron lectura del veredicto por parte del TOF 2 comenzó a las 17.30. Lázaro Baez fue condenado a 6 años de prisión. Tras conocerse el fallo, la vicepresidenta dará su opinión, confirmaron fuentes oficiales. En las calles hay manifestaciones.

La vicepresidenta Cristina de Kirchner fue condenada esta tarde a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz conocida como «Vialidad» por considerarla autora del delito de administración fraudulenta.

Además, los jueces condenaron a 6 años de prisión a Lázaro Báez por administración fraudulenta en la causa por la obra pública en Santa Cruz.

además, el ex secretario de Obra Pública José López, también fue condenado a 6 años de prisión e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Por su parte, Julio de Vido fue absuelto del delito de «asociación ilícita».

Ver el fallo completo: http://file:///C:/Users/Tec/Downloads/fallo.pdf

Así lo determinó la sentencia de los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini. La lectura del veredicto, que se realizó por videoconferencia para todas las partes y con la presencia en el tribunal de los tres jueces, fue realizada por el magistrado Jorge Gorini.

A pesar de que esta tarde se conoció el veredicto, los jueces disponen de un período de 40 días hábiles para dar a conocer sus argumentos, lo que -tomando en cuenta la proximidad de la feria judicial de enero- estira los plazos al primer trimestre del año próximo.

El pasado 22 de agosto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner y que sea inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos.

El recorrido de la causa Vialidad

La Vicepresidenta y el empresario y dueño de la firma «Austral Construcciones» Lázaro Báez enfrentan un pedido de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Los fiscales reclamaron también la «inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos».

Es la pena más alta pedida por los acusadores mientras que la defensa de la exmandataria reclamó la absolución y denunció que la fiscalía cometió «prevaricato», al acusar por hechos «inexistentes». e incurrir en «falsedades».

El veredicto podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos, por lo cual no se tratará de una sentencia firme y su cumplimiento quedará sujeto a una futura decisión del máximo tribunal penal federal del país.

En la última audiencia de esta semana, la Vicepresidenta hizo uso de su derecho a hablar en sus palabras finales ante los jueces y sostuvo que el Tribunal es un «pelotón de fusilamiento» que tiene sentencia «escrita» por hechos «inexistentes», como parte de una «actividad disciplinadora» para «estigmatizar a un espacio político».

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.

Entre los testigos estuvieron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. También empresarios del rubro de la construcción vinculados a la obra pública como el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Juan Chediak.

Recta final

Al término de la etapa testimonial, se dio inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado.

La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de 5.300 millones de pesos que consideró hubo de perjuicio económico».

Al momento del veredicto, los jueces deberán decidir también si hacen lugar a este pedido y a otro para investigar si las empresas Petersen, Thiele, Esuco S.A. y Equimac fueron parte de supuestas «maniobras» para simular competencia en las licitaciones de las que tomaba parte el grupo Báez.

Además el TOF2 deberá resolver planteos de nulidades de las defensas, entre ellas el uso como prueba de mensajes obtenidos del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública José López en el marco de otra causa penal abierta en su contra. En sus alegatos, las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y seis años para Mauricio Collareda y Juan Villafañe, exfuncionarios del organismo. Para Héctor Daruich y Raúl Pavesi, en tanto, requirió cinco años, y cuatro años para Abel Fatala y José Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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