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Corrido por izquierda y derecha y con índices alfonsinistas de inflación, el Gobierno se juega sus últimas cartas de credibilidad

Por Maximiliano Borches. Si bien no sorprendió la disparada inflacionaria de marzo, que según el INDEC trepó a 6,7% -el índice más alto desde 1991-, el dato estalló como bomba de hidrógeno en un Gobierno que cada día se debilita más y que persistentemente es corrido interna y externamente por izquierda y derecha. Si en las próximas semanas no prioriza la microeconomía y no presenta un plan antiinflacionario sin tibiezas, en el que se ponga la mira en los formadores de precios y no solo en contener pequeños precios de pequeños productos para supermercados, el presidente Alberto Fernández se transformará en el primer peronista que finalizará su mandato como un radical, sumando un plus que hasta el momento no sucedió: desacreditar simbólicamente al peronismo, como ese histórico movimiento que a lo largo de su existencia se caracterizó por estar del lado de las mayorías populares. Cada día, y con creciente temor, el movimiento creado por Juan Domingo Perón se mira en el espejo del PRI mexicano.

Es indudable que la megadeuda de 45 mil millones de dólares que dejó Mauricio Macri, sumado al acelerado empobrecimiento de la población y la desindustrialización que caracterizaron los cuatro años de gestión macrista/radical/lilito; más la dramática pandemia, sus costos sociales y económicos y –ahora- la guerra de Ucrania, que en los papeles es una guerra de commodities, y que en solo un mes y medio produjo disparadas históricas en los precios de los alimentos y la energía, son una verdadera tormenta perfecta que toda oposición ansía para un gobierno de turno.

En el caso de la actual administración (alicaída) de Alberto Fernández, se le suma una interna feroz que no para de tirarle con munición gruesa (sin proponer nada alternativo, solo inspirada en consignas, algunas de ellas muy propias de los años ´80 y ´90), sumada al ataque financiero, mediático, judicial y político de la derecha macrista/radical/lilito/libertaria en consonancia (una vez más) con sus socios del universo de la izquierda trotskista, que nunca pierden la oportunidad de convertirse en funcional de quienes dicen “combatir” desde sus panfletos y redes sociales; ahonda todo este caos y minan el terreno para un regreso “salvador” del neoliberalismo, que al igual que hizo Carlos Menem tras la huida seis meses adelantada de Raúl Alfonsín, cuando convenció a la población que la “única manera” de bajar la inflación (hiper, por esos años), era desguazando el Estado con una serie de privatizaciones, que derivaron en cuantiosas pérdidas de puestos de trabajo y reducción de salarios y derechos laborales. Los “costos laborales” que a la derecha neoliberal le gusta definir.

Propuestas: descentralizar el Mercado Central, potenciar Ferias de la Economía Popular en todo el país y aplicar la Ley de Abastecimiento

La realidad hoy es que el salario no alcanza y la inflación corroe todo como un río contaminado. Peor aún, no se discute un plan serio que comience a ponerle límite a la espiral inflacionaria, atacando una de sus cabezas: los formadores de precios y la concentración en la venta de productos alimenticios y de primera necesidad.

Para esto, hace falta dejar de lado las “tiernas amenazas”, descentralizar el Mercado Central, generar miles de Ferias de la Economía Popular en todo el país, con mediación del Estado para que se garantice el acceso a los alimentos y productos de primera necesidad a precios populares, y aplicar de una vez por todas la Ley de Abastecimiento para comenzar a frenar la especulación y el golpe de Mercado que avanza a diario, e imponer niveles de producción, precios, distribución de mercadería y crear instancias de intermediación.

¿Qué es la Ley de Abasteciiento?

La Ley de Abastecimiento (20.680) fue sancionada en junio de 1974 durante los últimos días de la presidencia de Juan Domingo Perón, años en que comenzaban a sentirse los primeros efectos de la inflación severa, algo que hasta ese momento era desconocido para la mayoría de los argentinos. Casi no tuvo aplicación en la historia. Tuvo una modificación en 2014 (26.991) bajo el impulso del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, quien amenazaba a los empresarios con usarla si subían los precios. Así, la nueva versión excluye del alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas siempre y cuando no tengan posición dominante en un mercado. Originalmente, se preveía penas de cárcel, pero la reforma la eliminó. Se fijan multas de hasta $10.000 millones, decomiso de mercadería, cierre, clausuras, suspensión de dos años para ejercer comercio, y de 5 años para ser proveedor del Estado, entre otras penalidades.

La Ley de Abastecimiento básicamente le permite al Gobierno hacer todo en una empresa. Por un plazo de hasta 180 días, puede intervenir una firma, obligarla a producir una cantidad determinada de productos, fijar precio y establecer márgenes de ganancias, entre otras cuestiones. Se consideran infracciones incrementar precios “artificial o injustificadamente” de una manera no proporcional al aumento de costos, revaluar existencias sin autorización, acaparar mercadería o materias primas, crear instancias de intermediación en una cadena de valor que no se considere justificado, negar la venta de bienes o de prestar un servicio, destruir mercadería, entre otros.

Todavía el Gobierno nacional está a tiempo de corregir su rumbo, y dar respuestas a las verdaderas necesidades del pueblo.

 

 

 

 

 

 

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