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Gobierno por decreto: Macri privatiza el espacio radioeléctrico e impone la extinción de dominio

Cuando finalice el gobierno del empresario Mauricio Macri -a fines de este año- uno de los debates que se sucitará, puesto que ahora se intenta tapar por todos los medios, será el relacionado con la degradación democrática en nuestro país. Es tres años de restauración neoliberal en Argentina no sólo volvieron a haber presos políticos, tambien en gran medida se gobierna por decreto.En los 23 días que van de este nuevo año, el Presidene ya firmó casi un centenar de decretos, entre ellos el que permite la privatización las frecuencias del espacio radioléctrico asignadas a ARSAT, y el que impone la extinción de dominio. Revuelo en la oposición. Al final de la nota conocé cuatro de los DNU más polémicos impuestos por el presidente Mauricio Macri con el sólo poder de su firma.

Si bien la utilización de Decretos de Necesidad y Urgenica (DNU) está habilitado en la Constitución Nacional, el abuso de los mismos supone un golpe al normal fuincinamiento de la democracia, puesto que la degrada al imponer políticas que debería ser analizadas y debatidas por otro de los tres poderes del Estado: el Poder Legislativo.

En este sentido y en los últimos días, el empresario-presidente Mauricio Macri, firmó dos decretos que suman al retroceso soberano y al fortalecimiento de la democracia que nuestro pueblo recuperó para siempre en 1983. Uno de ellos es el 58/2019, que privatiza las frecuencias del espacio radioeléctrico que habían sido asignadas a ARSAT, como parte de un acción soberana. A partir de ahora, las empresas telefónicas se disputarán las mismas.

Ver decreto que privatiza el espacio radioeléctrico:   https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/200379/20190121

La oposición rechaza el DNU que impone la extinción de dominio

Otro de los decretos firmados por el Presidente en éstos días veraniegos -publicado además como de «Necesidad y Urgencia» (DNU)- es el referido a la denominada «extinción de dominio». Es decir, la facultad que debe tener el Estado Nacional para recuperar aquellos bienes vinculados a casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y otros delitos. Una importante medida que debe ser debatida por el Poder Legislativo y no impuesta de manera autoritaria por DNU.

En este sentido, el diputado santafecino por el FpV-PJ, Marcos Cleri, presidente de la comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de Trámite Legislativo –encargada de analizar los DNU–, Marcos Cleri (FpV-PJ), anticipó que convocará de urgencia a la bicameral ni bien el decreto llegue al Congreso.

“En el DNU han tratado de evitar la palabra penal en todo el texto, porque es una materia que tiene prohibida por la Constitución”, señaló el diputado Marcos Cleri

Leé el decreto acá: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/200462/20190122

Conocé cuatro de los DNU más polémicos impuestos por el presidente Mauricio Macri con el sólo poder de su firma:

-Derogación del denominado “fondo sojero”: un duro golpe contra las provincias y sus municipios

A través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 756/18, se eliminó en agosto del año pasado el Fondo Federal Solidario –conocido como “fondo sojero”, que había sido creado en 2009 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de distribuir $6.500 millones a las provincias y los municipios para el financiamiento de obras.

-El mega-DNU para modernizar el Estado

Uno de los DNU más polémicos firmados por el empresario-presidente Mauricio Macri, durante enero del año pasado, fue el mega-DNU 27/18, que de manera autoritaria derogó 19 leyes y modificó otras 140 vinculadas a 11 áreas del Estado. Ante la resistencia llevada a cabo por la oposición, el oficialismo se vio obligado a dejar de lado dos de los puntos más polémicos del mega-DNU y fueron eliminados el artículo que habilitaba el embargo de las cuentas sueldo y otros dos artículos que permitían que la Anses negociara con menos restricciones sus fondos en el mercado financiero. Respecto a las Cuentas Sueldos, el diputado morenense Walter Correa (FpV-PJ) presentó un proyecto de inembargabilidad de las mismas, que resultó clave para que el gobierno nacional lo elimine.

-Estigmatización contra los migrantes

También durante el mes de enero, pero de 2017, el Presidente firmó el DNU 70/2017, que fijaba condiciones más estrictas para el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país y establecía la rápida expulsión de los ciudadanos de otros países que llegaban al país, en caso de haber delinquido,  y además introducía cambios en la ley de migraciones (25.871). En medio de una fuerte controversia, las organizaciones migrantes denunciaron que la norma «estigmatizaba a los extranjeros», lo que desencadenó un fuerte debate. Dos meses después la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal lo declaró inconstitucional.

-Se impuso el traspaso de la oficina de escuchas telefónicas desde la órbita de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia

A poco de asumir, Macri impuso el traslado de la Oficina de Observaciones Judiciales (conocida tradicionalmente como Ojota), que se encargaba de las escuchas ordenadas por la Justicia.

El organismo se encontraba en jurisdicción de la Procuración General, de la Nación, que en ese momento estaba a cargo de Alejandra Gils Carbó, y, mediante el DNU 256/2015, el Gobierno dispuso pasarla a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Se intentaba garantizar imparcialidad en el procedimiento. La norma fue convalidada en enero del año siguiente por la comisión bicameral.

 

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