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Polémica en Chile por despliegue del Ejército contra la inmigración ilegal en frontera con Bolivia y Perú

La militarización de la frontera norte de Chile, que el presidente Gabriel Boric ordenó en un intento de frenar la migración irregular, desató una nueva polémica, ya que la oposición considera insuficiente la medida, mientras que organizaciones sociales temen que sea un nuevo pretexto para violar los derechos humanos de las personas migrantes.

El decreto que Boric firmó la semana pasada establece el envío de las Fuerzas Armadas, durante 90 días, a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, que integran la llamada «macrozona norte», y a donde diariamente llegan cientos de migrantes que cruzan por pasos fronterizos no habilitados.

oLa decisión, que también prevé el auxilio de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, generó una controversia desde el principio ya que, antes de ser presidente, Boric criticaba las estrategias de militarización, pero la crisis migratoria que heredó del expresidente Sebastián Piñera ahora se convirtió en una presión para su Gobierno.

En los últimos años, miles de personas llegaron de manera legal e irregular a Chile con la esperanza de tener una mejor calidad de vida que en sus países de origen, pero su presencia desató intensas campañas de racismo, xenofobia, discriminación y aporofobia.

https://twitter.com/Ejercito_Chile/status/1629935061649747974

La discusión se centró en las dos colectividades que más crecieron durante la última década y que arribaron de forma simultánea: la venezolana y la haitiana; pero también se suele denostar de manera insistente a los migrantes bolivianos y peruanos.

Tengan o no sus papeles regularizados, los migrantes son objeto permanente de ataques por parte de políticos de derecha y medios de comunicación que incentivan la estigmatización y que, al igual que en otros países, los vinculan con «la delincuencia».

Desde que Boric asumió en la presidencia, en marzo del año pasado la situación se agravó, ya que miles de personas migrantes siguieron cruzando los pasos no habilitados con la meta de llegar a Santiago. Los reclamos de parte de la opinión pública y de los políticos de derecha se incrementaron.

La respuesta fue confirmar y reforzar la militarización de la frontera que Piñera ya había puesto en marcha.

El decreto

La semana pasada, Boric emitió un decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a solicitar los documentos de cualquier persona en la frontera norte y registrar sus equipajes, vestimentas o vehículos.

Solo basta que sospechen que podrían estar cometiendo un delito, desde atravesar la frontera de manera irregular hasta traficar drogas y armas o formar parte de redes de trata de personas. Si comprueban que una persona no tiene sus papeles migratorios en regla, de inmediato será entregada a la Policía.

También establece que, antes de recurrir al uso de la fuerza o de armas de fuego, «se deben tomar todas las medidas razonables para disuadir a toda persona o grupo de cometer una agresión», en particular para evitar «daños colaterales».

El protocolo señala que, antes de usar armas, los militares deben hacer advertencias y desplegar vehículos y personal alrededor de los sospechosos como una forma de disuasión.

Si aun así las personas se resisten a la revisión, se les podrán lanzar granadas de humo, gas pimienta o lacrimógeno, y se usarán armamentos no letales o antidisturbios, pero no podrán ser disparadas a quemarropa ni apuntar directo al rostro.

Por último, si la amenaza es latente, los militares podrán preparar el arma de fuego con clara intención de utilizarla, lanzar disparos de advertencia y, finalmente, disparar, pero solo en caso de que se presente un enfrentamiento y de que los sospechosos usen o se apresten a utilizar armas letales, o que pongan en peligro la vida de otras personas.

Organizaciones sociales alertaron de inmediato sobre la criminalización de las personas migrantes y de los riesgos que implican estas medidas. Pero la oposición, por el contrario, consideró que se necesita una mayor «mano dura».

Reclamos

«No más leyes criminalizadoras. Ningún ser humano es ilegal». Con estos lemas, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes repudió la militarización fronteriza.

«Las personas inmigrantes y refugiadas queremos salvaguardar nuestras vidas, no escapar de los militares y la policía«, explicó la organización, que también advirtió que el debate de la crisis migratoria ha estado marcado por prejuicios, estigmas y un alto contenido de criminalización.

Entre las respuestas preocupantes a esta problemática, agregó, se encuentra la detención arbitraria de las personas por su condición migratoria, lo que nuevamente deja en evidencia que «a los sectores políticos en Chile no les importan las vidas migrantes y refugiadas (y menos aún el derecho a migrar o el derecho al refugio), sino perpetuar un estado policial».

El gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz; y el alcalde de Colchane, Javier García, también criticaron al Gobierno, pero por considerar que se necesitan medidas complementarias a la militarización.

Díaz, por ejemplo, denunció que la estrategia se diseñó en la capital, a más de 2.000 kilómetros de la frontera, y sin tomar en cuenta a las autoridades regionales. Además, aseguró que las Fuerzas Armadas deberían tener más facultades para impedir de manera efectiva el ingreso irregular al país.

García, por su parte, explicó que se necesita un mayor diálogo con las autoridades de Bolivia, simplificar las expulsiones y dotar de mayor equipamiento a las Fuerzas Armadas. «Este despliegue no va a solucionar el problema del ingreso irregular de migrantes», dijo.

El diputado conservador Diego Schalper (Renovación Nacional), se sumó a las voces opositoras que piden mayores facultades para los militares en la frontera norte.

«El Gobierno todavía no entiende que posiblemente cuando se susciten situaciones de uso de la fuerza, lo que ocurrirá es que las Fuerzas Armadas estarán enfrentándose con crimen organizado», dijo.

Defensa

La ministra del Interior, Carolina Tohá, salió al cruce de las críticas.»Tenemos una Constitución, un decreto con fuerza de ley y un decreto supremo que avala y pone reglas muy claras a las Fuerzas Armadas para el empleo de la fuerza», respondió tanto a quienes piden que los militares tengan más facultades, como a los que temen que se cometan violaciones a los derechos humanos.

«La fuerza se tiene que ocupar de manera discreta. No sirve para cualquier cosa, pero hay situaciones donde es evidente que hay usarla. Por ejemplo, si hay amenaza en la vida de los efectivos militares o de una tercera persona», dijo el lunes, mientras acompañaba el despliegue militar en la frontera.

Tohá consideró que la polémica que se ha intentado generar «es perfectamente inútil y muy irresponsable», ya que se basa en la idea de que la estrategia sería más efectiva si los militares pudieran disparar por cualquier cosa en la frontera. «Eso no es así, eso no protege ni al pueblo de Chile ni a los militares», advirtió.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, por su parte, descartó la creación de una policía militarizada, opción planteada por algunos sectores de la oposición.

«Por ahora, lo que ha sido más eficiente para poder cumplir con el mandato que la ciudadanía en el norte ha establecido como prioridad en el resguardo de las fronteras, es disponer a las Fuerzas Armadas (…) para las policías es un gran complemento», aseguró en medio de una controversia que recién comienza.

Con información de AFP/RT/ El Mercurio/Coordinadora Nacional de Inmigrantes (Chile)

 

 

 

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