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Por espiar familiares del ARA San Juan: La justicia citó a Macri a indagatoria y le prohibió salir del país

El juez federal de Dolores Martín Bava citó este viernes a declaración indagatoria el próximo 7 de octubre y prohibió la salida del país al expresidente Mauricio Macri. Es por la causa de espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan. También procesaron a Arribas y Majdalani.

El juez federal de Dolores Martín Bava citó este viernes a declaración indagatoria el próximo 7 de octubre y prohibió la salida del país al expresidente Mauricio Macri, en la causa que investiga presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en Mar del Plata.

«Estas acciones ilegales partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri», afirmó en su fallo el juez federal de Dolores, Martín Bava

Apenas conocido el fallo, familiares de los tripulantes del ARA San Juan celebraron la decisión judicial, consideraron que fue una «grata sorpresa» y destacaron la celeridad con la que viene trabajando el juzgado de Dolores.

En el fallo conocido hoy, el juez procesó sin prisión preventiva al extitular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a su exsegunda en el organismo, Silvia Majdalani, con embargos de 20 millones de pesos para cada uno y a otros imputados que actuaron desde una base de inteligencia emplazada en Mar del Plata, según la acusación.

El entonces presidente de la Nación «no solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos mencionados, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia, acorde al lugar que le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo responsable político», sostuvo el juez.

En la misma resolución, el juez dictó el procesamiento de los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de varios funcionarios y agentes que habían sido indagados. Se los sindicó como “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”.

 

 

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