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Rebelión popular en Ecuador: Lenin Moreno abandona Quito y traslada su gobierno a Guayaquil

El descomunal ajuste ordenado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Ecuador, provocó que el precio de los combustibles aumenten 123%. En ese marco, se desató una rebelión popular que mantiene en vilo el destino del gobierno ecuatoriano. Miles de indígenas de todo el país comenzaron a llegar a Quito, y su –por ahora- presidente, Lenin Moreno, trasladó su gobierno a Guayaquil. Este miércoles se realizará una huelga general nacional. 

Indígenas llegan a Quito para protestar el ’paquetazo’ del Gobierno

Miles de indígenas ecuatorianos llegaron la tarde de este lunes a las afueras de Quito, en una manifestación de protesta contra las medidas económicas impuestas por el Gobierno en el marco de un acuerdo crediticio con el FMI, al que consideran como un “paquetazo” contra el pueblo.

La llegada de los campesinos, muchos a pie, en autobuses y camiones, se produce en el marco de un descontento generalizado por los ajustes anunciados por el presidente del país, Lenín Moreno, sobre todo el retiro del subsidio (ayuda estatal) y el consecuente incremento del precio de las gasolinas.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), una de las organizaciones sociales más importantes del país, ha llamado a un “levantamiento” progresivo, y ha organizado una protesta de sus bases en Quito, que se unirá el próximo miércoles a una movilización de los sindicatos a nivel nacional.

La Conaie y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la central obrera más importante de Ecuador, han pedido al Gobierno que derogue el decreto ejecutivo por el que eliminó el subsidio a las gasolinas, además del retiro de unas reformas laborales, tributarias y fiscales enviadas para su trámite en la Asamblea Nacional (Parlamento) y a las que consideran antipopulares e impuestas por el FMI.

En la zona de Machachi, en la carretera Panamericana, a unos 60 kilómetros al sur de Quito, la fuerza de las indígenas obligó a que se retiren algunos piquetes de militares que trataban de impedir el paso de los manifestantes.

En algunos momentos se produjeron leves forcejeos, pero al final los campesinos se abrieron paso hacia la entrada a la ciudad, y decidieron permanecer en la zona de Tambillo, donde esperarán nuevas decisiones de los dirigentes de la Conaie.

Se prevé, según han indicado algunos dirigentes, que grupos de campesinos también lleguen a Quito en las próximas horas por otros accesos a la ciudad, especialmente por la entrada norte, y que se produzcan encuentros con otros grupos sociales, especialmente juveniles, en algunas plazas del centro de la ciudad.

En algunos centros universitarios, grupos de jóvenes han emprendido una campaña de recogida de alimentos y vituallas para apoyar la permanencia de los indígenas.

Con mensajes en redes sociales, los universitarios han pedido a la ciudadanía que apoyen con la entrega, especialmente, de alimentos no perecederos y cobijas.

Los sindicatos, por su parte, han anunciado que las manifestaciones del próximo miércoles serán masivas y que se repetirán en varias ciudades del país.

Los choques entre manifestantes y fuerzas del orden han sido, particularmente fuertes en varias regiones del país, como en la localidad de La Esperanza, donde los dirigentes indígenas han denunciado una dura represión por parte de militares, a quien acusaron de ingresar a las viviendas de esa comunidad.

En la ciudad andina de Guaranda, manifestantes ocuparon el edificio de la Gobernación (Representación del Ejecutivo) de la provincia andina de Bolívar, mientras que en la costera de Guayaquil, grupos de taxistas provocaron la interrupción del tránsito en algunos sectores.

El Gobierno ha criticado los actos de violencia por parte de manifestantes y ha denunciado que se han producido saqueos a comercios en algunas ciudades del país.

El secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, pidió una actitud de prudencia a los dirigentes indígenas y acusó de los “saqueos” a seguidores del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Roldán informó de que 467 personas han sido detenidas durante los disturbios, mientras que varios organismos de derechos humanos han pedido vigilar la actuación de las fuerzas del orden.

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también anunció que sigue con atención las recientes manifestaciones sociales en Ecuador.

Lenín Moreno traslada la sede del Gobierno de Ecuador a Guayaquil

Este lunes 7 de octubre, el presidente de la República, Lenín Moreno, se dirigió al país por medio de cadena nacional. Moreno estuvo acompañado por el vicepresidente Otto Sonnenholzner y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El presidente acusó al exGobierno de Rafael Correa en desestabilizar el Gobierno y dijo que la huída del país de Ricardo Patiño, entre otros exfuncionarios no se dio de manera casual porque según el presidente, ellos lo planearon.

Además, Moreno confirmó que se ha trasladado a la ciudad de Guayaquil y a la sede de Gobierno ante las protestas.

“¿Creen que es coincidencia que Correa, Patiño, y demás hayan viajado a Venezuela? (…) Desde allá están planeando este golpe de Estado” dijo el presidente Lenín Moreno y volvió a ser enfático en no dar marcha atrás en eliminar el Decreto 883 que eliminó los subsidios de los combustibles.

El pronunciamiento del Mandatario estaba previsto en primer lugar para las 17:30 y definitivamente Moreno habló a las 21:00.

Una vez que inició la cadena nacional el país entero tenía la atención puesta en la transmisión. El presidente de la República fue muy breve en anunciar el cambio de sede del Gobierno y también en dar su punto de vista sobre la ola de violencia y en ser enfático en no dar marcha atrás en la derogación del Decreto 883.

477 detenidos tras paro nacional en Ecuador

La ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, indicó el balance nacional incluía 14 civiles heridos, entre ellos un joven que perdió un ojo, y 477 arrestados, la mayoría por actos vandálicos.

“Tenemos 477 personas que han sido detenidas, la mayor parte, por estar relacionadas a los actos vandálicos. De cada persona detenida tenemos un registro del lugar, hora, día, nombre, número de cédula e incluso una foto”, dijo Romo. Agregó que “las detenciones están sometidas a un control de legalidad ante un juez, por eso los números cambian, algunas personas luego de una audiencia son liberadas. He tenido la precaución de reportar todo al Defensor del Pueblo y la seguiré teniendo”.

Las protestas también dejan un fallecido y desde el miércoles 59 uniformados heridos.

Comunidades indígenas tienen previsto marchar en las próximas horas hacia Quito para rechazar el alza de combustibles y la explotación de recursos naturales en sus territorios.

“Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados”, manifestó a su vez Moreno en otro espacio transmitido por radio y televisión.

Con el estado de excepción en vigencia, la casa presidencial permaneció el domingo acordonada, con presencia de soldados y vehículos militares como una tanqueta.

El gobierno enfrenta una ola de descontento social por eliminar subsidios por 1.300 millones de dólares a los combustibles más utilizados en el país petrolero, en el marco de una cura de austeridad pactada con el FMI a cambio de un auxilio de 4.209 millones de dólares y para acabar con el contrabando hacia los vecinos Perú y Colombia.

La Defensoría del Pueblo exhorta a la suspensión del Estado de excepción para evitar la violencia y abrir el diálogo

La Institución Nacional de Derechos Humanos, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, ha emprendido una serie de acciones para monitorear y vigilar el ejercicio de derechos en el contexto del paro nacional y la declaratoria del Estado de Excepción ante las vulneraciones que la población vive actualmente.

Bajo este contexto, la institución presentó un informe técnico como amicus curiae este 7 de octubre de 2019, con información recopilada de todas las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales. De la gestión defensorial se desprende que 485 personas fueron detenidas a escala nacional, hasta el domingo 6.

Los datos señalados en este informe dan cuenta del incremento sistemático del espiral de violencia, así como del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cuyo accionar ha estado amparado en la declaratoria de un Estado de Excepción, que además de restringir derechos, no ha sido efectivo para mantener el orden y la seguridad, sino, al contrario, ha justificado actuaciones atentatorias en contra de los derechos humanos. Asimismo, la fuerza pública ha encaminado su accionar en el control de los manifestantes, mientras la delincuencia ha proliferado a través de saqueos y robos masivos en distintos lugares a lo largo del territorio nacional.

De acuerdo a las evidencias constatadas, la Fuerza Pública expuso a los/as ciudadanos/as a contextos de privación arbitraria de la libertad, tratos crueles, inhumanos y degradantes y hasta actos de tortura. Según los datos levantados, por ejemplo, en Quito, el Informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura indica que muchas de las personas detenidas, la mayoría jóvenes, llegaron a la Unidad de Flagrancia con evidencia de golpes en su cuerpo, no se respetaron protocolos de actuación frente a mujeres detenidas ni grupos de atención prioritaria como adolescentes o personas con discapacidad.

La Institución Nacional de Derechos Humanos ha sido testiga de la violenta represión en contra de las personas que se encuentran ejerciendo su derecho a la protesta social, en especial de los miembros del movimiento indígena del país en provincias como Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua, Chimborazo y Azuay.

En un recorrido que realizó el Defensor del Pueblo este domingo 6 de octubre, a las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo, constató la situación alarmante que viven las poblaciones, ante la evidencia de las confrontaciones entre las organizaciones indígenas y la fuerza pública. “No podemos reprimir al pueblo ni pensar que el pueblo ecuatoriano es el enemigo”, indicó el titular de la Defensoría del Pueblo.

En este marco, la Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional a suspender, de manera inmediata, la aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 884 que determina el Estado de Excepción, con el fin de otorgar las condiciones necesarias para instaurar un diálogo con los dirigentes del paro, especialmente, con el movimiento indígena del Ecuador, garantizando la participación ciudadana en la toma de decisiones e igualdad de condiciones, con el objetivo de devolver la calma al país en el marco de un efectivo ejercicio de los derechos. Esto para evitar que una radicalización de posturas provoque el incremento de violencia, muertes y conmoción social.

Denuncian la detención del líder del sindicato de taxistas de Ecuador

Las masivas protestas contra el fuerte incremento de los precios de los combustibles dejan, por el momento, el saldo de un muerto, 73 heridos y 477 detenidos. Tras las manifestaciones del 3 y 4 de octubre, la Fiscalía General de Ecuador procesó a 90 personas, entre quienes se encontraba el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte en Taxis (FEDOTAXIS), Jorge Calderón, que permanece detenido en la Cárcel 4 de Quito bajo el delito de “paralización de servicio público”. Su sobrino Alejandro compartió, en diálogo con Página/12, los detalles de la detención.

Alejandro Calderón, coordinador de la Carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica Indoamérica de Quito y sobrino del líder de los taxistas, vivió de cerca el proceso que derivó en la detención de su tío. “El Decreto Ejecutivo 833 (que eliminaba los subsidios a los combustibles) fue publicado por el gobierno nacional el miércoles pasado. Frente a esa medida, distintos grupos de federaciones de transportistas que incluyen no sólo al taxismo, sino por ejemplo a buses y servicios escolares, decidieron suspender las actividades”, remarca. En ese punto, Calderón realiza una distinción que juzga fundamental: “La suspensión no implica paralización del servicio, sino que es una forma de manifestar la desaprobación al decreto del presidente Lenín Moreno”.

El joven académico detalla los momentos previos al arresto de su familiar: “El jueves pasado se produjo una reunión entre miembros de transporte y funcionarios de gobierno. Esa noche no se llegó a un acuerdo. Se dispuso entonces convocar a una nueva reunión para el viernes a las 9 de la mañana, para retomar las conversaciones”.

Hasta allí, todo transcurría dentro de los parámetros normales. Sin embargo, recuerda Calderón, “El viernes a la mañana, a las 8.40, un alto funcionario de gobierno llama a Jorge Calderón y le menciona que deben reunirse de manera urgente”. El gremialista dejó todo lo que tenía planeado para acudir a esa reunión. “Se vistió de manera informal y salió de inmediato acompañado por un secretario del sindicato, sin poder siquiera comunicarlo al resto de su entorno”, agrega.

Camino a esa reunión surgió el segundo imprevisto, y sin dudas el más grave: fue interceptado, lo hicieron bajar del auto y subir a un nuevo vehículo. “En ese momento lo llevan al Tribunal de Flagrancia por, según le informan, haber obstruido y paralizado el servicio de transporte. La propia Fiscal General del Estado, Diana Salazar, estuvo en la audiencia y allí reiteró la acusación en su contra”, recuerda Calderón.

La causa que le iniciaron a Jorge Calderón por “paralización del servicio público” es, cuanto menos, polémica y arbitraria. “Primero, el taxi no es servicio público, es un servicio de carácter comercial. Y segundo, como dije anteriormente, la medida adoptada por el gremio del taxismo trataba de suspender las actividades, no paralizarlas. Se trata de una medida amparada por el derecho constitucional”, afirma el sobrino del sindicalista.

Durante una audiencia celebrada tras su detención, la defensa de Jorge Calderón solicitó que se tomen medidas alternativas a la prisión preventiva. Se plantearon distintas opciones que no obstruyeran su libertad, pero todas fueron rechazadas. De la Unidad de Flagrancia de Pichincha, Aguilera fue trasladado a un centro de detención previsional penitenciario, El Inca. “Allí se produjeron unos altercados este domingo que atentaban contra la integridad física de mi tío, con amenazas de muerte incluídas. Por suerte conseguimos su traslado a la Cárcel 4, que protege a los detenidos de manera cautelar y con mayor seguridad”.

La grave situación vivida por el líder de los taxistas fue incluso reflejada por el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, que aprovechó para definir la detención de Calderón como “abuso”.

Además de Calderón, también se formularon cargos contra Mesías Vicuña, secretario del Sindicato de Choferes de la provincia de Azuay, y Manolo Solís, presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, aunque tuvieron mejor suerte. Ambos dirigentes tienen prohibida la salida del país, y deberán presentarse cada ocho días ante una autoridad competente. Para Alejandro Calderón, no deja de ser llamativo que su tío sea la única persona del transporte que permanece detenida, siendo que “la medida fue tomada por parte de una resolución acatada por todo el gremio transportista”.

“Ante el silencio de Lenín Moreno, las bases del taxismo a nivel nacional demandan salir a las calles y solicitar la liberación de Calderón, y obviamente que se revise el impacto de la quita de subsidios, que tiene incidencia no sólo en el transporte sino que repercute, obviamente, en el precio de los alimentos”, afirma el joven académico, quien también cree que es importante señalar que las reformas planteadas por el presidente ecuatoriano exceden el alza en el valor de los combustibles. “No se trata sólo de subsidios, sino que también impacta, por ejemplo, de manera negativa en la contratación de servidores (empleados) públicos. No es un tema netamente de transporte, como nos quieren hacer creer, sino que hay varios sectores, como el público, que se encuentran perjudicados por las nuevas medidas de gobierno”, agrega.

En plena vigencia del estado de excepción por un plazo de 60 días, Alejandro Calderón cree que la situación en Ecuador está lejos de ser controlada. “Hoy han llegado multitudes de indígenas a las cercanías de Quito. Se suman además grupos de estudiantes e incluso transportistas a la huelga general convocada para este miércoles. La situación se vuelve más delicada que la semana anterior”, sostiene.

Fuente: La Jornada, Nodal, EFE, El País, Diario de Ecuador

 

 

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