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Apareció “la platita” de cara a la votación en Senado de la “Ley Bases”: el Gobierno firma acuerdos con provincias para finalizar algunas obras públicas que frenaron

Al cierre de esta nota, desfilaron por Casa Rosada los gobernadores de Chubut y Neuquén, Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja y Córdoba, quienes firmaron acuerdos con el Ejecutivo para transferir a las provincias obras públicas inconclusas de distinta naturaleza, paralizadas desde que asumió el presidente Javier Milei

El Gobierno activó esta semana la decisión de transferir a las provincias obras públicas inconclusas de distinta naturaleza, paralizadas desde que asumió el presidente Javier Milei. Hoy sellaron tratos Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén). En las próximas horas, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, le pondrá la firma a un acuerdo con la Nación, que en el arranque de la semana suscribieron sus pares de Chaco, Entre Ríos y Jujuy.

Jaldo es uno de los gobernadores que desde hace meses busca reactivar la obra pública paralizada en su provincia y tiene motivos de sobra. El 90% de la obra pública tucumana está financiada por la Nación, por distintas vías, y por organismos internacionales. Su parate en seco desde diciembre provocó el despido de 4.000 obreros de la construcción y la caída en picada de ventas de los corralones de distintas dimensiones que nutrían a grandes y pequeñas obras, desde insumos para viviendas hasta materiales para cordones cunetas en los barrios. Antes de partir a la Casa Rosada, Jaldo sostuvo: «El convenio que vamos a firmar son las obras que se hace cargo la Nación y las que nos transferirán a la provincia, para que nosotros con recursos provinciales las podamos terminar».

Se prevé que en la firma participen el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con quien Jaldo gestionó el acuerdo; el secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, su par de Provincias y Municipios, Javier Milano, y el titular del ENOHSA, Bartolomé Heredia. «Esto es lo que queríamos los gobernadores: que se defina de una vez por todas, de qué se hace cargo la Nación y de qué nos hacemos cargo nosotros», agregó el jefe provincial tucumano. Hasta aquí, el tucumano se mostró alineado con el Poder Ejecutivo y lo ratificó en la última sesión en la Cámara de Diputados porque los tres diputados nacionales tucumanos que le responden -Agustín Fernández, Gladys del Valle Medina y Elia Fernández de Mansilla- se ausentaron cuando se votó por abrumadora mayoría la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, lo que implicó un duro revés para el oficialismo.

Otra de las razones que tendría el gobierno nacional para reactivar obras se sostiene en que algunas ya cuentan con financiamiento internacional, otorgado antes del 10 de diciembre del año pasado. La mora en la ejecución de esos recursos podría generar multas de los organismos. Por ejemplo, el Acueducto Vipos, en Tucumán, tiene otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) unos 220 millones de dólares que ya habría recibido el Estado nacional. Con esta obra se busca optimizar el servicio de provisión de agua potable en San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Villa Carmela.

Entre las obras que el gobierno tucumano pretende reactivar, señaló una fuente oficial a Ámbito, se encuentra justamente el Acueducto Vipos, un Master Plan de Agua y Saneamiento; el complejo de viviendas Procrear y del Programa Casa Propia (que prevé 3.150 casas y departamentos, entre ambos), la urbanización de la zona conocida como Los Vázquez, en un margen del río Salí; la doble terna eléctrica entre El Bracho y Villa Quinteros; obras viales en las rutas 329 y en la 307 (en los Valles); y terminar con filtraciones en el dique El Cadillal, de donde se nutre gran parte de Tucumán de agua potable y para riego. El nuevo Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, en el norte de la provincia, es otra de las preocupaciones de Jaldo y su construcción avanza debido a que obtuvo fondos desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Se prevé que en las próximas semanas, el mandatario tucumano firme un acuerdo con la Secretaría de Educación de la Nación para acordar qué obras en escuelas continuarían a cargo de esa área y cuáles pasarían a la provincia.

 

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