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Por la estrepitosa caída del consumo interno y la apertura de importaciones, la empresa BGH resolvió cerrar sus puertas por 45 días a partir del 1° de julio, y mil puestos corren serio riesgo. En la noche del miércoles cientos de trabajadores metalúrgicos se movilizaron en defensa de sus puestos de trabajo. El secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Río Grande, Daniel Rivarola, advirtió que la ciudad atraviesa una de las peores crisis laborales de los últimos años, con cerca de 600 trabajadores despedidos desde el inicio de la actual gestión nacional. En las elecciones de medio término de octubre de 2025, Miguel Rodríguez, el candidato de “La Libertad Avanza”, se impuso por a nivel provincial con el 38,55% de los votos, y en Río Grande ganó con el 32,93% de los sufragios.
En conferencia de prensa, el secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, describió la situación crítica que atraviesan distintas empresas de la provincia, con caída de producción, conflictos judiciales, despidos y suspensiones, en un contexto de fuerte impacto sobre el empleo y la actividad industrial.
En primer lugar, Martínez trazó un diagnóstico general al afirmar que “Las empresas se manifiestan que no tienen las posibilidades de lograr colocar sus productos, que hay un stop o un sobrestock”, lo que limita la actividad y condiciona los reclamos salariales, en un escenario que definió como “una realidad cada vez más compleja”.
En ese marco, advirtió que “Esta situación no está afectando a un solo establecimiento, a una sola empresa o a un solo sector”, sino que se trata de “una política que está destruyendo la industria, el comercio y el país”, con impacto directo en el consumo y en las condiciones de vida de los trabajadores.
Al referirse a casos concretos, sostuvo que “La realidad que estamos atravesando en el Federal Food es de gravedad”, explicando que es “una empresa que hace ya más de dos meses está tomada” y donde existe una definición judicial hacia el cierre, aunque remarcó “vamos a hacer todos los esfuerzos para seguir sosteniendo esta estructura”.
Asimismo, detalló la situación en Solnik, donde indicó que “Se ha logrado la posibilidad de alcanzar algún tipo de garantía de estabilidad por los próximos 90 días”, lo que consideró un dato relevante en medio de la crisis, aunque aclaró que el conflicto de fondo persiste.
Por otra parte, alertó sobre el accionar de otros grupos empresariales al señalar que “El Grupo Mirgor anunció la posibilidad de estructurar un número superior a los 20 trabajadores entre las cuatro razones sociales”, y agregó que también hubo “5 trabajadores de Solnik” afectados, evidenciando una tendencia de reducción de personal.
En la misma línea, advirtió sobre nuevos cierres al mencionar que “Ya el anuncio del cierre de la fábrica KMG ubicada en Chacabuco” involucra a “un número de alrededor de 40 personas”, lo que agrava aún más el panorama laboral en la ciudad.
A su vez, sumó otros factores que impactan en el empleo al indicar que existen “Caídas de contratos en otros establecimientos y la interrupción de la producción a partir de julio”, lo que anticipa mayores dificultades para sostener la actividad en los próximos meses.
En otro tramo, subrayó la dimensión humana de la crisis al expresar que “Los números reflejan muchísimo, pero lo que hay detrás de cada número es un ser humano, una familia”, remarcando que la situación es “absolutamente desesperante y angustiante” para los trabajadores afectados.
Por último, Oscar Martínez reafirmó la postura del gremio al señalar “Tenemos la firme decisión de hacer respetar cada uno de nuestros derechos”, y advirtió que “no descartamos que se intente seguir avanzando con despidos”, por lo que anticipó que el sindicato continuará interviniendo en cada conflicto para sostener el empleo.
Se perdieron más de 600 puestos de trabajo en el comercio
El titular del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande advirtió sobre el derrumbe del consumo, la proliferación del trabajo informal y el colapso del poder adquisitivo. Cuestionó con dureza las políticas del gobierno de Javier Milei y reclamó un giro hacia la industria nacional.
Río Grande.- En un diagnóstico crudo y sin matices, el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Río Grande, Daniel Rivarola, advirtió que la ciudad atraviesa una de las peores crisis laborales de los últimos años, con cerca de 600 trabajadores despedidos desde el inicio de la actual gestión nacional.
En diálogo con REDTDF, el dirigente sindical vinculó directamente el deterioro del comercio con el rumbo económico del país: “Estamos cerca de los 600 despedidos desde el cambio de gobierno. Las políticas hacia la industrialización cambiaron y eso impacta directamente en el comercio”, sostuvo.
Un efecto dominó: industria en caída, comercio en crisis
Rivarola describió un escenario donde la retracción industrial genera un efecto inmediato en el entramado comercial local.
“La falta de activación en la industria, que es la que genera salarios, termina golpeando al comercio. Si no hay sueldos, no hay consumo”, explicó.
El dirigente detalló que los comerciantes enfrentan una ecuación cada vez más difícil de sostener: caída en las ventas, aumento constante de costos —como alquileres, impuestos y servicios— y una demanda cada vez más debilitada.
“La caja no funciona. Ya no hay margen para optimizar nada más”, resumió.
Consumo en cuotas y endeudamiento creciente
Uno de los datos más preocupantes que señaló el titular del CEC es la transformación del consumo cotidiano.
Según indicó, incluso los alimentos básicos comenzaron a financiarse en cuotas: “Hoy la gente compra comida en 6, 8 o 12 meses. Eso muestra el nivel de deterioro”.
En ese contexto, alertó sobre el avance del endeudamiento familiar y sus consecuencias: “Los carritos de supermercado no se llenan como antes y encima se pagan en cuotas. Llega un momento en que la gente no puede pagar más, los bancos ejecutan y las tarjetas se cortan. Y ahí empieza el hambre”.
Paritarias frenadas y pérdida del poder adquisitivo
Rivarola también cuestionó la falta de homologación de acuerdos salariales, lo que —según explicó— profundiza la caída del poder adquisitivo.
“Las paritarias que logramos son inferiores a la inflación, y aun así no se homologan. Entonces el salario pierde cada vez más”, señaló.
Este escenario, afirmó, empuja a los trabajadores a recurrir al crédito para subsistir, generando una “bola de nieve” de deuda difícil de sostener.
Informalidad en alza: “La gente vende lo que puede para sobrevivir”
Otro fenómeno en crecimiento es la expansión del trabajo informal y las ventas no reguladas.
Rivarola aclaró que el gremio no tiene competencia sobre estas actividades, pero reconoció su proliferación: “La gente vende lo que sea para poder comer. Es la única salida que encontraron”.
No obstante, marcó un límite claro: el rechazo al empleo no registrado.
“Lo que no vamos a permitir es que alguien se aproveche de esa necesidad y tenga trabajadores en negro”, advirtió.
Críticas al sistema impositivo y a la falta de control
El dirigente también apuntó contra la estructura impositiva y la falta de controles estatales.
“Los Estados recaudan menos y le piden más al que ya está pagando. No van por el que no aporta porque no hay actividad”, cuestionó.
En ese sentido, reclamó mayor presencia de los organismos de control, tanto provinciales como municipales, para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
“La solución es política y pasa por la industria nacional”
Rivarola fue enfático al señalar que la salida a la crisis no es sectorial, sino estructural.
“La solución es de fondo y es política. Tiene que ver con recuperar la industria nacional”, afirmó.
En esa línea, propuso revisar el esquema de importaciones y fortalecer la producción local: “Si consumimos productos nacionales, alguien los fabrica y cobra un salario que vuelve al mercado interno. Si son importados, ese salario se paga en otro país”.
Además, advirtió que sin industria ni obra pública “estamos cocinados”.
Obras sociales en tensión y crisis del sistema
El impacto de la crisis también alcanza a la obra social del sector, OSECAC, que enfrenta un fuerte desfasaje entre ingresos y costos.
“Los aportes suben 1 o 2%, pero los costos médicos aumentan entre 10 y 20%. Es insostenible”, explicó.
A esto se suma, según denunció, la retención indebida de aportes por parte de algunas empresas, lo que agrava aún más la situación financiera del sistema.
Malestar político y advertencia electoral
En el tramo final de la entrevista, Rivarola expresó preocupación por el clima político, al considerar que la dirigencia está enfocada en las próximas elecciones en lugar de resolver la crisis.
“Estamos hablando de candidaturas cuando no sabemos qué vamos a comer. Eso nos pone nerviosos”, disparó.
Y concluyó con una advertencia: “El Gobierno nacional no da para más. Si no cambia el rumbo industrial, no nos está dejando crecer ni vivir”.
La radiografía que traza el titular del CEC expone con claridad el deterioro del tejido económico y social en Río Grande, donde el comercio —históricamente un termómetro de la actividad— refleja hoy el impacto profundo de una crisis que, según advierte, aún no ha tocado fondo.
Con información de Radio Universidad Tierra del Fuego
