Mariano Moreno Noticias toda la actualizad de la zona
El ajuste sin represión no cierra y el Gobierno pretende imponer “terror” en la sociedad para que no se movilice, pero las calles ya no son las mismas de los últimos tiempos. La quinta movilización universitaria terminó con más de 30 detenidos, entre ellos dos menores de 14 años y heridos de distinta consideración. También hubo ocho policías con heridas leves. La Comisión Provincial por la Memoria contabilizó al menos 550 personas afectadas por gases lacrimógenos y balas de goma.
Foto de tapa: Un oficial de la PFA disparó contra el fotoperiodista Guido Piotrkowski. Guido Piotrkowski
La quinta 5° Marcha Federal Universitaria terminó con piedrazos, corridas y gases lacrimógenos frente al Congreso. A minutos de las 16hs, un grupo de infiltrados que no pudieron ser identificados rompió baldosas de las veredas y bancos y arrojó piedras de gran tamaño contra los efectivos desplegados frente al Palacio Legislativo. Algunos denunciaron la presencia de “infiltrados” encapuchados con remeras que les cubrían el rostro entre quienes participaban. Los reportes iniciales revelaron que dos civiles tuvieron que ser atendidos por el SAME, una persona quedó detenida y cinco policías resultaron heridos.
Desde el lugar, las fuerzas de seguridad respondieron lanzando gases lacrimógenos y utilizaron un camión hidrante para dispersar a quienes estaban en la zona, en medio de corridas y momentos de tensión. Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval participaron del operativo represivo, el primero que ocurre en una marcha contra el desfinanciamiento educativo, que siempre transcurrieron sin disturbios. También se registró el uso de pirotecnia en dirección al Congreso y la intervención de agentes de la Policía Motorizada.
Los enfrentamientos dejaron seis heridos. Cuatro efectivos de distintas fuerzas federales y dos manifestantes atendidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), uno de los cuales fue trasladado al Hospital Ramos Mejía.
El reclamo educativo, sepultado por el caos y las acusaciones cruzadas
La movilización reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas para exigir el cumplimiento de laLey de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos para actualizar los recursos destinados a las casas de estudio y atender la situación salarial.
A partir de las consignas “Educación, soberanía y democracia” y “Milei, cumplí la ley”, las columnas se concentraron en las inmediaciones del Congreso para exigir una respuesta a la crisis presupuestaria del sistema universitario. También cuestionaron el Presupuesto 2027 y reclamaron la derogación del DNU 70/2023, cuyo tratamiento no pudo avanzar hoy en la Cámara de Diputados porque la oposición no consiguió el quorum necesario para abrir la sesión.
Durante el acto central se leyó un documento con fuertes críticas a la administración de Javier Milei. Las organizaciones convocantes advirtieron que el incumplimiento de la ley y de las decisiones judiciales vinculadas con su aplicación pone en riesgo el funcionamiento de las universidades y afecta el sistema republicano.
“El incumplimiento por parte del Gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, señalaron en el texto.
La columna de la Universidad de Buenos Aires (UBA) había partido desde Plaza Houssay y avanzó por las avenidas Córdoba y Corrientes antes de dirigirse hacia el Congreso. Así y todo, las fuertes lluvias que afectaron a la Ciudad de Buenos Aires condicionaron el desarrollo de la jornada y llevaron a algunas agrupaciones a retirarse antes de lo previsto.
Aunque el acto central se adelantó, la convocatoria continuó mientras se desarrollaban los incidentes.
La respuesta del Gobierno y el repudio a los incidentes
Luego de reprimir, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó a los manifestantes: “Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”, escribió en sus redes sociales. Además, sostuvo que algunos participantes buscan “desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”.
Monteoliva advirtió que quienes agredan a los agentes, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia: “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”.
Desde el Congreso también hubo cuestionamientos al operativo. Germán Martínez, presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados, pidió que se detuviera lo que calificó como una “represión innecesaria”. “La marcha venía normal. Fue una provocación. Tiene que parar esto”, sostuvo.
Sin embargo, el clima se descontroló pasadas las cuatro de la tarde. Un grupo de manifestantes con los rostros cubiertos comenzó a arrancar las baldosas de las veredas y a destrozar bancos para usarlos como proyectiles contra el cordón policial. La respuesta oficial fue inédita para una marcha educativa: efectivos de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal desplegaron camiones hidrantes y dispararon gases lacrimógenos para despejar la zona. La nube tóxica fue tan densa que incluso se filtró en el anexo de Diputados, descompensando a la legisladora opositora Cecilia Moreau.
En medio del humo, la guerra narrativa sobre quién encendió la mecha no tardó en estallar. Mientras el Gobierno habla de terroristas que buscan el caos, desde el arco sindical denuncian una trampa oficial. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, le contestó sin filtro a la ministra Monteoliva: la acusó de ejercer violencia institucional desde las más altas esferas del poder y aseguró que los encapuchados que iniciaron los destrozos eran, en realidad, «infiltrados de manual» mandados por el propio oficialismo para tener la excusa perfecta para reprimir.
El Macri autopercibido porteño ve fantasmas por todos lados
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri,, fue el primero en expresarse con un durísimo mensaje a través de sus redes sociales. En su cuenta de X, el mandatario apuntó contra los responsables de destrozar el espacio público y aseguró que quieren instalar la barbarie. «Son delincuentes y zurdos infiltrados que no les interesa la educación», sentenció. Tras prometer que su gestión seguirá defendiendo a la Ciudad, lanzó una advertencia implacable: «Los vamos a atrapar y van a pagar por sus actos. Ley y orden».
La postura de la Nación fue igual de tajante y se materializó directamente en los tribunales. A través del Ministerio de Seguridad, el Ejecutivo presentó una denuncia en la Justicia federal acusando a los manifestantes de cometer delitos gravísimos, entre ellos «atentado al orden constitucional y a la vida democrática». Para la cartera nacional que dirige Alejandra Monteoliva, no se trató de un simple desborde, sino de un accionar con «rasgos terroristas» diseñado específicamente para sembrar pánico e impedir que el Poder Legislativo sesionara con normalidad.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reforzó esta teoría. El legislador riojano vinculó directamente los cascotes que volaban en la plaza con la fallida sesión en la que la oposición intentó voltear el mega DNU presidencial. «El objetivo fue dañar, desestabilizar», disparó por televisión, acusando a sus rivales políticos de fogonear la violencia en las calles para «rasguñar votos» de cara a las elecciones de 2027, tras haber dejado un país en ruinas.
El saldo del enfrentamiento dejó números preocupantes y varios heridos. Durante la jornada, las fuerzas de seguridad llegaron a detener a 24 personas, aunque la cifra se redujo a cinco hombres que permanecen a disposición de la Justicia porteña. El Ministerio de Seguridad aguarda videos para identificar a quienes tiraron bombas molotov, mientras el parte médico arrojó que varios policías terminaron lastimados: uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento tras recibir el impacto de una maceta arrojada desde un edificio.
