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Nueva ofensiva contra el peronismo: este lunes los fiscales Luciani y Mola darán vía libre al aquelarre persecutorio contra Cristina

Por Maximiliano Borches. La estrategia de la alianza macrista/radical/lilito/(neo)libertaria, en sintonía con los intereses de Estados Unidos en la región para crear en Argentina una cabecera de playa del neoliberalismo (tras los triunfos de frentes populares en Chile, Colombia y muy posiblemente en Brasil, con Lula) es clara: una vez más van por el peronismo al intentar proscribir y encarcelar a la dos veces presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Este lunes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pedirán una pena que podrá ir entre 10 y 16 años de cárcel para Cristina, como así también su inhabilitación de por vida para ocupar nuevos cargos públicos.

No van solo por la cabeza de la principal referente del peronismo actual, sino que como lo vienen intentando desde 1955 en adelante, van por el peronismo y todo el movimiento nacional y popular. La sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya fue adelantada en los últimos días a través de las tapas y los portales de los diarios Clarín, La Nación, Infobae y Perfil y sus señales televisiva acólitas, y está firmada por los tres jueces que llevan adelante la pantomima jurídica solo posible en tiempos de lawfare, en un juicio a todas luces motivado por intereses políticos, que una vez más vuelve a demostrar la connivencia de un sector del Poder Judicial, con los principales medios de masivos y hegemónicos de comunicación y la alianza macrista/radical/(neo)libertaria, que pretende destruir al movimiento nacional y popular en su conjunto –y en particular al peronismo- a través de un golpe blando y la instalación de una “guerra jurídica” (lawfare), que apunta contra su principal referente: Cristina Fernández de Kirchner.

Sin haber presentado pruebas concretas, la Fiscalía dio por probado que “durante 12 años se direccionó obra pública a favor de Baéz”

En la octava de las nueve audiencias solicitada por la fiscalía para sus alegatos, los fiscales que solían jugar al fútbol con Mauricio Macri, Diego Luciani y Sergio Mola, utilizaron la mayor parte del tiempo de sus alegato en reseñar parte de sus exposiciones anteriores para asegurar que está acreditada la comisión de los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y administración fraudulenta, todo esto sin haber presentado pruebas concluyentes.

Por este motivo, se espera que, tal como anunciaron al inicio de su alegato, en la audiencia del lunes 22 estos fiscales pidan penas para todos los imputados, entre los que está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque de lo expresado en la audiencia de hoy surgiría que no acusarán al exfuncionario del ministerio de Planificación, Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner.

“Fueron doce años de arbitrariedades de un apartamiento sistemático de las leyes. Realizaron acciones corruptas, ilegales durante años”, sostuvo el fiscal Luciani, para luego agregar que “resulta indudable que todos los integrantes se conocían y formaban parte del plan delictivo destinado a sustraer y apoderarse de los fondos (del Estado)”.

“La expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) tuvo el dominio sobre los funcionarios cómplices y el empresario fiel que dieron continuidad a estas maniobras delictivas”, afirmó minutos más tarde el fiscal Mola al exponer otra parte del alegato.

En su turno, Luciani aseguró que “todos los miembros de la asociación ilícita sabían quién era Lázaro Báez y qué representaba, él era Néstor y Cristina Kirchner” por lo que afirmo que no “hubo sólo conocimiento sino voluntad de cumplir todos los roles asignados para cumplir con el plan criminal”.

 

El fiscal aseguró, además, que dinero supuestamente desviado de las arcas del Estado fue luego “reciclado” a través de “maniobras de lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades», hecho que se analizó en la causa Hotesur-Los Sauces.

Cuando finalicen los alegatos de las fiscalía, comenzará al turno de los abogados defensores, que buscarán utilizar en su favor todo lo ocurrido durante el juicio que lleva más de tres años, en el que testigos de los más variados rechazaron que hubiera habido irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Además de Báez y la vicepresidenta, en esta causa se encuentran imputados el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, entre otros.

Sobre Carlos Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal, la fiscalía sostuvo que “no hay pruebas sobre algún aporte o participación” en la supuesta asociación ilícita y que “no está despejado ni siquiera en la instrucción si el área creada y donde fue designado el primo del presidente, era un paso más en la organización delictiva”.

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