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Espionaje a familiares del ARA San Juan: Fiscal pidió que se anule sobreseimiento de Macri y denuncian a los camaristas

«Contrariamente a lo señalado por los señores Jueces en la recurrida, y como lo he sostenido en reiteradas oportunidades ante una denuncia de trascendencia institucional, que revista mínimamente seriedad y verosimilitud, los jueces no pueden arbitrariamente cerrarla», sostuvo el fiscal Agüero en su reclamo. El abogado Luis Tagliapietra -padre del oficial Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 marinos que murieron en el submarino- pidió que se inicie el juicio de remoción de los jueces Mariano Llorens, Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Bruglia por mal desempeño en sus funciones.

El abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas federales que sobreseyeron al expresidente Mauricio Macri en la causa penal sobre tareas de inteligencia a familiares de los tripulantes del submarino.

El letrado pidió que se inicie el juicio de remoción de Mariano Llorens, Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Bruglia por mal desempeño en sus funciones y «posible participación en los delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho agravado, negociaciones incompatibles con sus cargos y prevaricato».

Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso Télam, el abogado reclamó además que, mientras tramita su pedido, «se proceda a suspender a los magistrados denunciados» y se formule «la correspondiente acusación y sumario ante el Jurado de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeño».

Tagliepietra -quien actúa como querellante en la causa penal- formuló la denuncia contra los camaristas que el 15 de julio último revocaron lo decidido en primera instancia y sobreseyeron, entre otros, a Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Los procesamientos de Macri, Arribas, Majdalani y subordinados de éstos habían sido dictados el 1 de octubre de 2021 por el juez federal Martín Bava.

En su pedido al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, el padre del marino Alejandro Tagliapietra, fallecido en el hundimiento del 15 de noviembre de 2017, sostuvo que los jueces «violaron la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, el debido proceso y los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra legislación».

El fiscal pidió que se anule el sobreseimiento de Macri en la causa de espionaje

El fiscal general ante la Cámara Federal porteña reclamó este lunes que se anule el fallo que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri y a otros funcionarios de su gobierno en la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan y calificó esa resolución como «arbitraria».

El fiscal José Luis Agüero Iturbe presentó una apelación de 40 páginas en la que ponderó la «trascendencia institucional» de lo investigado y en la que resaltó que la causa «no puede ser cerrada caprichosamente».

«Contrariamente a lo señalado por los señores Jueces en la recurrida, y como lo he sostenido en reiteradas oportunidades ante una denuncia de trascendencia institucional, que revista mínimamente seriedad y verosimilitud, los jueces no pueden arbitrariamente cerrarla«, expuso Agüero Iturbe en su presentación.

Para el fiscal, la Cámara Federal de Casación Penal debe anular el fallo dictado por el tribunal de apelaciones y Macri -que había sido procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava- debe ser vuelto a indagar en Comodoro Py dado que, a su criterio, el procesamiento excedía aquello que se le había imputado.

Los argumentos

El fiscal Agüero Iturbe fue crítico de lo resuelto por los jueces de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes achacó no haber analizado debidamente el avasallamiento del derechos de las víctimas de las supuestas maniobras de espionaje ilegal.

Esos camaristas sostuvieron en su fallo del pasado 15 de julio que las maniobras investigadas como espionaje ilegal eran, en realidad, tareas de inteligencia habilitadas en el afán de garantizar la seguridad del entonces presidente Macri.

«Los señores magistrados corren el eje de la discusión y de la investigación», sostuvo el fiscal y remarcó que, de esa manera, omitieron «considerar que ciudadanos comunes y corrientes (…) no constituían en modo alguno un conjunto operativo terrorista, un grupo de ciberdelincuentes, entre otras denominaciones que pretendan esgrimirse«, sostuvo el fiscal.

«Una denuncia que acredite los mínimos márgenes de seriedad y verosimilitud no puede ser cerrada caprichosamente».José Luis Agüero Iturbe

Remarcó que, por el contrario, «se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos».

«Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional», enfatizó.

Y en ese sentido, agregó: «Repugna al sentido más básico de justicia que se considere que ´los informes que conforman los hechos de reproche, se evidencian claramente como actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales –entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior».

«Ello, frente a cualquier riesgo, como por ejemplo la supervisión de movilizaciones que podían circundar las visitas presidenciales y/o los acercamientos a su figura y/o a su residencia´», remarcó el fiscal Agüero Iturbe, citando el fallo de la Cámara Federal porteña.

El representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que «en ningún momento» las víctimas hicieron referencia alguna «ni si quiera de modo potencial acción alguna o exteriorización de pensamiento que ponga en peligro la seguridad del máximo mandatario de la república».

«A no ser que la intención de acercarle una carta a quien nos gobierna a todos los argentinos sea considerada un atentado magnicida, consideración -creo y espero- que ninguno estamos dispuesto a sostener», ironizó.

Al inicio del dictamen de 40 páginas al que tuvo acceso Télam, el fiscal sostuvo que desde hace tiempo sostiene «invariablemente que una denuncia que acredite los mínimos márgenes de seriedad y verosimilitud no puede ser cerrada caprichosamente».

«No puedo hoy borrar con el codo lo que escribí con la mano. Una denuncia como esta debe ser investigada, respetándose todas las garantías constitucionales que amparan tanto a las víctimas como a los presuntos imputados y por eso, dictaminé como lo hice en anterior oportunidad, no obstante, las denuncias de esta gravedad institucional deben ser investigadas no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio«, aseveró.

La presentación del fiscal se produjo casi en simultaneo con la primera de las apelaciones presentada por las querellas, la del abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos en el hundimiento del San Juan, quien además denunció ante el Consejo de la Magistratura a los jueces que sobreseyeron a Macri.

 

 

Para Tagliapietra «el accionar de los (jueces) denunciados deviene en la utilización abusiva de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la Nación en función de su calidad de magistrados federales, con motivos probablemente espurios» o por «amiguismo», según surge del pedido de juicio político que presentó donde remarcó que los magistrados se excedieron al intentar justificar la maniobras de inteligencia desplegadas sobre las familias de las víctimas.

 

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