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50 años sin Perón: el desarrollo científico como pilar del primer peronismo

Por CB. Hoy ya no es posible escribir una historia de la clase obrera durante el siglo XX que ignore las profundas transformaciones estructurales que cambiaron la vida de los trabajadores durante la presidencia de Juan Domingo Perón, promediando el siglo pasado.

Sin embargo, el relato de la relación del peronismo con la Ciencia y las Universidades está colonizado por anécdotas y prejuicios que ocultan las políticas sectoriales llevadas a cabo durante aquellos años.

Tal vez, la excepción a la regla la tiene la gratuidad universitaria,  que en los últimos veinte años se celebra anualmente recordando la ley de 1949 que suspendía los aranceles para la educación universitaria, y hasta se podía escuchar a Perón decir que “la conquista más grande fue la Universidad se llenó de hijos de obreros”. Pero hubo mucho más.

Una pieza central es la Ley 13031, también conocida como Ley Guardo promulgada en 1947, que pone a la Universidad como pieza central en el conjunto de estrategias de los Planes Quinquenales.  La Ley crea los cargos de Dedicación Exclusiva para Profesores que se “dediquen a la vida científica y la enseñanza”, donde “Cada facultad organizará la formación regular y metódica de los investigadores dedicados exclusivamente a trabajar por el progreso de la ciencia”.

Resultado de estas políticas, la antigua Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires se divide en tres: La Facultad de Arquitectura, la de Ingeniería y la propiamente Facultad de Ciencias Exactas y Naturales donde aparecen los primeros cargos de Dedicación Exclusiva.

Y estas políticas para las Universidades iban acompañadas por la creación de otros entes dedicados a impulsar áreas de las Ciencias que se entendía vitales para el país, como la Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, o la Comisión Nacional de Energía Atómica.

¿Fueron estas iniciativas celebradas por la mayor parte de la comunidad científica?  Desde la revista Ciencia e Investigación, el Premio Nobel Bernardo Houssay, una personalidad de indiscutible nivel en las ciencias nacionales, reconoció el valor de esas organizaciones pero cuestionó que desde el estado se impusiera una orientación a las investigaciones. Por primera vez en nuestra historia, ya había una comunidad científica que reclamaba la libertad de investigar en lo que entendiera era lo mejor para la ciencia, y un estado que ponía a la Ciencia y Universidades en un lugar central de los planes quinquenales, y como tal, tenían que orientar esos esfuerzos en la dirección de la realización de la Nación.

El Golpe de Estado de 1955 canceló esa tensión. En un decreto firmado por Aramburu suprimió la DNICyT  y creó el CONICET  cediendo a la propia comunidad científica la orientación de las políticas sectoriales.

Afortunadamente, la Comisión Nacional de Energía Atómica no se disolvió, y hoy en día constituye un órgano de investigación científica de excelencia, al tiempo que aporta herramientas imprescindibles para el desarrollo del país.

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