Con el objetivo de evitar una masiva manifestación que hubiese encabezado la propia Cristina Fernández de Kirchner, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini -presidente-, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, resolvió que la dos veces expresidenta y exvicepresidenta de Alberto Fernández, deberá cumplir la condena por el caso denominado «Vialidad» en su departamento del barrio porteño de Monserrat. El peronismo confirmó que se mantiene la convocatoria desde las 10hs en la esquina de San José y Av. San Juan, en su apoyo.
La decisión Del TOF 2 se conoció horas después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola firmaron el dictamen a través del cual rechazaron el beneficio del arresto domiciliario solicitado por el abogado de Cristina, Carlos Beraldi.
Ya que la opinión del Ministerio Público Fiscal no es vinculante, en un tramo del escrito se planteó la posibilidad de que en caso de concederse el régimen de detención domiciliaria, el mismo «debe asegurar las condiciones de seguridad, integridad y dignidad».
La resolución que lleva la firma de los tres jueces del Tribunal Oral 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispuso, además, las siguientes medidas:
– Imponer a la nombrada las siguientes reglas de conducta, las cuales tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión:
a) Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.
b) Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.
c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.
También el tribunal dispuso encomendar a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y que informe a tribunales los resultados de esa supervisión cada tres meses, luego de lo cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas.
Finalmente, se decidió ordenar a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico en el domicilio donde se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria.
Los jueces del tribunal, como se preveía, se inclinaron por darle a la expresidenta el beneficio de la prisión domiciliaria. Para evitar que Cristina Kirchner se movilice mañana a Comodoro Py, el tribunal decidió notificarla de su detención a través de su abogado, Alberto Beraldi, y de la comisaría federal del barrio.
Detrás de la decisión del tribunal aparece la presión planteada por el Partido Justicialista (PJ), La Cámpora, sindicatos y organizaciones sociales, que organizan para mañana una movilización a los tribunales para acompañar a la expresidenta.
Comodoro Py atravesó horas inquietas desde que el martes pasado la Corte falló en contra de Cristina Kirchner. Durante la mañana de este martes se había puesto en marcha el operativo de seguridad para recibir a Cristina Kirchner en los tribunales de Retiro, junto a una eventual gran movilización.
En Comodoro Py hay mayor presencia policial en la zona, algunos ingresos habitualmente abiertos permanecen cerrados, y solo los empleados judiciales puede transitar y permanecer en el hall del sexto piso del edificio, donde está el TOF 2. Se espera que, de haber mañana una gran convocatoria, muchos empleados judiciales no se presenten a trabajar.