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Con la venta de la metalúrgica mendocina IMPSA avanza la primera privatización de Milei: peligran 720 empleos y otros 1400 puestos de trabajo indirectos de 100 pymes

La compraría una empresa estadounidense. La metalúrgica mendocina estatizada en 2021 por Alberto Fernández y no estaba incluida en la denominada “Ley Bases”, votada la semana pasada. Corren riesgo 720 trabajadores y genera unos 1.400 puestos de trabajo indirectos en 100 pymes que le venden servicios. Nación posee el 63,7% de las acciones mientras que Mendoza tiene el 21,2%. El 15,1% restante quedó en manos de privados: el fideicomiso de acreedores retuvo el 9,8% y la familia fundadora mantuvo el 5,3%. IMPSA es una empresa que exporta el 85% de su producción y tiene presencia en más de 40 países al generar equipamiento para la industria de petróleo y gas, y de la energía hidroeléctrica, nuclear, eólica y solar fotovoltaica.

Las administraciones de Javier Milei y de Alfredo Cornejo darán esta semana un paso clave para desprenderse de las acciones que tienen en Impsa. Este jueves, a las 12.30, firmarán una carta de intención con una empresa estadounidense interesada en desembarcar en la ex Pescarmona, dando inicio a un proceso que derivará en la salida del Estado de la emblemática firma mendocina.

Si bien Impsa preservó su calidad jurídica de Sociedad Anónima, desde mediados de 2021 pasó a ser una empresa de mayoría accionaria estatal: la Nación posee el 63,7% de las acciones mientras que Mendoza tiene el 21,2%. El 15,1% restante quedó en manos de privados: el fideicomiso de acreedores retuvo el 9,8% y la familia fundadora mantuvo el 5,3%.

Hace tres años, la Nación y la Provincia aportaron 20 millones de dólares en conjunto para rescatar a Impsa, que sufría una crisis sin precedentes. Graves problemas con sus negocios en Brasil y Venezuela, que comenzaron en 2010 en pleno auge del kirchnerismo, más la falta de proyectos de magnitud en la Argentina, dejaron a la empresa al borde del cierre.

Luego de una serie de procesos judiciales y de la reestructuración de su millonaria deuda, la inyección de capital estatal le dio aire a Impsa, que comenzó un proceso de recuperación que se detuvo a fines del año pasado.

“La empresa venía recuperando negocios y capital de trabajo muy bien, hasta diciembre. El problema es que muchos de los proyectos que financiaba la Nación en San Juan, Santiago del Estero, La Rioja y otras provincias se frenaron a fin de año”, indicaron a El Sol fuentes del sector metalúrgico que conocen el corazón de Impsa. “El Estado debe vender su participación accionaria rápidamente. Es muy importante que venga un inversor que entienda del negocio y que ponga la plata para mejorar el funcionamiento de la compañía”, agregaron.

La venta del paquete accionario en manos del Estado, tanto nacional como provincial, opera como una privatización, si bien formalmente la empresa se mantuvo como una sociedad anónima. “Tiene potencial pero hoy no tiene financiamiento”, advierten desde el Ministerio de Economía de la Nación.

Según publica el diario Clarín, el convenio con la firma norteamericana -cuyo nombre no trascendió, por cuestiones de confidencialidad- que se firmará este jueves al mediodía, probablemente en el cuarto piso de Casa de Gobierno, prevé garantizar los puestos de trabajo.

La secretaría de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, que encabeza Juan Pazo, estuvo a cargo de la negociación. En principio, la oferente se compromete a pagar los sueldos durante los próximos dos meses y en septiembre quedaría en una situación “ventajosa”, en caso que se sumen otros interesados, para poder finalizar el proceso de adquisición, agrega un artículo del medio nacional.

La empresa, que realiza trabajos para la represa Yacyretá, entre otros, tiene un rojo mensual cercano a los 1,5 millones de dólares, y emplea a unos 720 trabajadores. Desde hace 3 años el Estado nacional, que es propietario del del 63,7% de las acciones y la provincia de Mendoza, que tiene un 21,2% de las mismas, vienen inyectando cuantiosos recursos. Un porcentaje minoritario (5%) lo conserva la familia Pescarmona, histórica propietaria. Pero en el oficialismo aducen que las deudas se acumularon y la firma no cuenta con el capital necesario, por ejemplo, para emprender ambiciosos proyectos.

IMPSA es una empresa que exporta el 85% de su producción y tiene presencia en más de 40 países al generar equipamiento para la industria de petróleo y gas, y de la energía hidroeléctrica, nuclear, eólica y solar fotovoltaica.

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