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El (¿ex?) espía «Tata» Yofre procesado en 2012 por liderar una asociación ilícita, presentó video realizado por el Gobierno que banaliza el terrorismo de Estado y niega a los 30 mil desaparecidos

El ex titular de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem, convertido luego en “periodista y escritor”, Juan Bautista “Tata” Yofre, oficia de “presentador” y “conductor” del video engañoso y sensiblero que lanzó el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, para negar a los 30 mil detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, y justificar el terrorismo de Estado –al que en ningún momento de los pocos más de 12 minutos duración, condena- en concordancia con el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Amplio repudio de organismos de DDHH y referentes políticos, sindicales, culturales y sociales. En la pieza audiovisual creada por el documentalista personal de Javier Milei, Santiago Oría, aparecen los testimonios de María Fernanda Viola (hija del oficial del Inteligencia del Ejército, Humberto Viola, asesinado por un comando del trotskistga PRT-ERP el 1° de diciembre de 1974), y el exintegrante quebrado de Montoneros, Luis Labraña. Piden que el Estado pague un resarcimiento a las “víctimas” de las agrupaciones guerrilleras de los años ’70.

El entonces titular de la SIDE (hoy AFI), Juan Bautista “Tata” Jofre, conduce el material audiovisual lanzado por el Gobierno nacional para intentar desacreditar el reclamos de Memoria, Verdad y Justicia, que comenzó en pleno terrorismo de Estado con mujeres que reclamaban desesperadas el paradero de sus hijos en plena represión estatal, que luego organizaron las agrupaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Yofre, fue procesado en 2012, por la jueza Sandra Arroyó Salgado, en una causa que lo sindicó como jefe de una asociación ilícita que realizaba espionaje violando secretos de Estado entre los años 2006 y 2008 , cuando encabezó una “compleja organización clandestina de espionaje” hackeó cientos de correos electrónicos de los más altos funcionarios de Gobierno, desde secretarios y ministros hasta la propia presidenta Cristina Kirchner, también en su etapa previa de senadora. El “propósito” era “hacerse y comercializar datos, noticias e información” “de orden político, social, militar o económico” que “debían permanecer secretos en función de la seguridad, la defensa o las relaciones exteriores”. Sin embargo, el material arrebatado pasaba por varias manos y muchas veces terminaba saliendo a la luz en medios periodísticos, como si fuera fruto de una intensa búsqueda o proviniera de fuentes calificadas, tal como explicó la periodista Irina Hauser en un artículo publicado el 18 de septiembre de 2012, en el matutino Página/12.

El exmilitante quebrado de Montones, Luis Labraña, que pide una indemnización por parte del Estado para familiares de torturadores y genocidas.

El caso del asesinato del capitán Humberto Viola

Como «parte» de una represalia declarada en setiembre de 1974 por la entonces agrupación trotskista PRT-ERP contra el Ejército argentino, responsable del fusilamiento de 14 militantes de esa organización que se habían rendido un en agosto de ese mismo año luego de un fallido ataque al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, en la provincia de Catamarca, lindera con Tucumán (Garaño y Pertot, 2007, pp. 123-146; Carnovale, 2011, pp. 160-161). En una reunión con periodistas, el Comité Central del PRT-ERP informó que:

“Mientras el Ejército no tome guerrilleros prisioneros, el ERP no tomará oficiales prisioneros y a cada asesinato responderá con una ejecución de oficiales indiscriminada. Es la única forma de obligar a una oficialidad cebada en el asesinato y la tortura a respetar las leyes de la guerra” (Revista El Combatiente, ógano del PFT-ERP, N.º 136, 25 de setiembre de 1974)

Como respuesta a los fusilamientos de sus combatientes de la Compañía de Monte «Ramón Rosa Jiménez», esta organización armada ejecutó a nueve oficiales del Ejército, entre ellos, el capitán Viola. Egresado de la Escuela de Inteligencia, prestaba servicios en el Destacamento 142 de Inteligencia de Tucumán —que lideraba la lucha contrainsurgente y dependía de la V Brigada de Infantería con asiento en esa provincia—. El ERP lo identificaba como jefe del primer grupo de tareas que desde hacía varios meses venía sembrando el terror en la provincia de Tucumán, a partir de imponer la tortura sistemática a los prisioneros (Taire, 2004). Tras el atentado contra Viola, en una declaración pública el PRT calificó la muerte de su hija María Cristina y las heridas a su hermana como un «exceso injustificable» y anunció que daba por terminada la campaña, (Ver fuente)

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