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Más de 2500 trabajadores estatales fueron despedidos de distintos organismos públicos durante el fin de semana, entre ellos 90 médicos y enfermeros del Hospital Posadas

Luego de aprobada la denominada “Ley Bases” y el paquete fiscal en Diputados, la gestión que encabeza Javier Milei dejó sin trabajo a más de 2.500 personas en todo el país durante el último fin de semana. Garantizaban derechos a las poblaciones más vulnerables tanto en los territorios como en las oficinas de atención, desmantelamiento del exministerio de las Mujeres, protesta en exministerio de Desarrollo Social y 90 despidos en el Hospital Posadas. También hubo trabajadores detenidos y reprimidos en INTI en horas del mediodía de este lunes. El objetivo: un estado desguazado para una Argentina diezmada.

Durante esta nueva oleada de despidos masivos de trabajadores estatales que dependen del Gobierno de la Nación, fueron despedidos casi un centenar de empleados del área de salud del Hospital Posadas ubicado en la provincia de Buenos Aires. Los afectados además dejan sin servicio público a áreas muy sensibles como neonatología, endocrinología o biología molecular. «Despidieron a gente que salva vidas todos los días», dijo un paciente.

Profesionales de distintas especialidades de salud, enfermeras, técnicos y administrativos fueron despedidos del Hospital Posadas ubicado en El Palomar, partido de Morón, provincia de Buenos Aires. Ya se cuenta a unos 90 trabajadores desvinculados, de los que depende el tratamiento y asistencia de miles de pacientes que llegan desde todo el país.

En esta nueva ola de despidos que ordenó el Gobierno de Javier Milei, cayeron varias dependencias del Estado que verán afectados sus servicios como el Inti; Desarrollo Social; la Ex Esma, el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Hospital Posadas y otras reparticiones. La situación es crítica para algunas de ellas que quedan prácticamente vaciadas e imposibilitadas de seguir ofreciendo servicio público a la comunidad.

Específicamente en el caso del importante centro médico bonaerense, las cámaras de televisión se acercaron para obtener el testimonio de médicos, enfermeros y trabajadores que reclamaban por despidos propios o de compañeros.

Uno se presentó como paciente del área de endocrinología, comentó la desidia del Gobierno al despedir a gente “que salva vidas todos los días», entre los casos mencionó a «una bióloga molecular que detecta la leucemia o fisiatras que atienden niños en el hospital, neumonólogos, gente de la guardia de adultos. En mi caso, echaron a mi endocrinóloga que me viene tratando hace años y es la única que se especializa en tiroides».

Más de 2500 despidos solo durante el último fin de semana

Desde la tarde del viernes 28 de junio más de 2.500 trabajadoras y trabajadores estatales de diferentes organismos, áreas y geografías fueron despedidos por la gestión del presidente Javier Milei. Los contratos, que tenían validez hasta el 30 de junio, simplemente “no fueron renovados” y a lo largo y ancho del país, se disparó un alerta y movilización de despedidos, sindicatos y movimientos sociales.

Desde primera hora de la mañana diferentes edificios públicos, como el exministerio de Desarrollo Social, Capital Humano e INTI, fueron rodeados de un operativo de seguridad ente la movilización convocada por  los diferentes sindicatos La jornada de protesta fue masiva y simultánea, hubo represión y detenidos.

Detenidos en el INTI

En horas de la mañana de este lunes, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde se habían congregado trabajadores  despedidos junto a sus representantes gremiales, fueron brutalmente reprimidos y dos de ellos, detenidos. Al cierre de la presente nota, Sergio Melo, delegado de ATE Inaes que se encontraba acompañando la medida y Damián Pereyra, trabajador de la CTA, habían sido trasladados a una alcaidía en el barrio de Parque Patricios donde la militancia se convocó a exigir su liberación. “Se los llevaron y no estaban haciendo nada, lo tuvieron dando vueltas y ahora estamos aquí esperando, el abogado de ATE ha pedido su excarcelación”, dijo a Tiempo Adriana Pinzón, de ATE Inaes.

Además, en un comunicado, trabajadoras del extinto ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad expresaron que “la disolución del organismo y que ya más del 80% de las trabajadoras fueron notificadas de la no renovación de sus contratos”. De esta manera, consideraron que “el gobierno de Milei será el primero desde el retorno de la democracia que no tenga un organismo específico para trabajar las problemáticas vinculadas a género y diversidad, incumpliendo así los compromisos nacionales e internacionales en la materia, generando un gran retroceso en materia de Derechos Humanos”.

Organismos públicos militarizados

Mientras tanto, en la intersección de 9 de Julio y Belgrano, en el exministerio de Desarrollo Social, donde funciona la Secretaría de Niñez, adolescencia y Familia, así como el Ministerio de Salud, Alejandra Bazzalo, de la Junta de ATE Desarrollo Social, denunció que “está militarizado el organismo, por las rejas los secretarios gremiales presentaron una nota y ahora un grupo está yendo a hacer lo mismo a las oficinas de Capital Humano”. Lo que piden los gremios es la conformación de una mesa de diálogo para la reincorporación de los despedidos y despedidas. Sin embargo, hasta el momento no fueron recibidos ni sus pedidos, contestados.

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Hemos tenido más de 300 despidos que se corresponden con nuestros compañeros que desarrollaban tareas territoriales, tanto en los Centros de Referencias (CDR) como en los dispositivos de atención a los titulares de programas sociales”, contó a Tiempo Ingrid Manfred, secretaria general de ATE Desarrollo. La referente fue categórica: “esta es la decisión del exterminio de la política pública, del exterminio y la desaparición de nuestro organismo, que desde el 10 de diciembre está totalmente paralizado”. Manfred resaltó la violencia y crueldad con la que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, persisté en negar la entrega de alimentos a comedores, la entrega d emedicación a personas vulnerables y el cierre de oficinas de aytención destinada a esa misma población. “Además, al mismo tiempo, se despide a trabajadoras y trabajadores con más de 10 años de antigüedad, sumamente comprometidos con la realidad social, acá no hay ñoquis sino que eran trabajadores cuyos puestos de trabajo estaban garantizando el acceso a los derechos”, expresó. Minutos después, ante la multitud reunida frente al ministerio exclamó: “Echaron a los compañeros territoriales, los que están mas cerca de las necesidades porque no quieren que mostremos lo que está pasando, no quieren que mostremos que la gente se está cagando de hambre”.

 

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