A 45 años del último golpe de Estado cívico-militar: los verdugos y los trabajadores organizados

Por Jenny Bordagaray. El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado cívico-militar que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón y dio inicio al capítulo más doloroso de la Argentina. Una nueva categoría represiva, el «desaparecido», entró de lleno a la historia golpeando dura y oscuramente nuestra sociedad, por siempre. El movimiento obrero organizado, que en su amplia mayoría respondía (al igual que hoy día) al peronismo, fue el objetivo principal de los asesinos. Seis de cada diez detenidos-desaparecidos eran delegados de base, integrantes de comisiones internas o simplemente activistas gremiales.

El principal enemigo de la Junta Militar fueron los trabajadores organizados. Seis de cada diez víctimas eran delegados de base, integrantes de comisiones internas o simplemente activistas gremiales. Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) 30,2% de los detenidos-desaparecidos eran obreros; el 17,9% eran empleados y el 5,7% docentes. Por otra parte, se calcula que de los estudiantes detenidos-desaparecidos, uno de cada tres trabajaba. Claro que, como es sabido, las prácticas represivas hacia los trabajadores se iniciaron con anterioridad al último golpe de Estado, a partir del golpe cívico-militar de 1955, pero se acentuó notablemente a partir de entonces.

¿Pero, cuál era el objetivo del gobierno de facto y sus aliados civiles? Las palabras clave de la transformación buscada eran: desindustrialización, apertura indiscriminada de importaciones de productos que se producían aquí, especulación financiera y endeudamiento externo. Para ello se intervinieron los sindicatos obligándolos a separarse de sus obras sociales; se disolvió la CGT (Confederación General del Trabajo), se prohibió el derecho a huelga penándose con 6 años de prisión para los trabajadores que simplemente participaran, y con 10 años a los dirigentes sindicales que la organizaran; se anularon las convenciones colectivas de trabajo y se congelaron los salarios. En suma, se anularon todas las conquistas laborales obtenidas hasta ese momento.

Claramente, la intención era inmovilizar al conjunto de la clase trabajadora organizada y exterminar a la minoría combativa clasista o contestataria, cuya influencia era local y radicaba en algunas comisiones internas de un pequeño número de empresas.

Sin embargo, el movimiento obrero organizado argentino opuso resistencia, y una vez intervenida y luego disuelta la CGT, se organizó en varios grupos como la Comisión Nacional del Trabajo (más dialoguistas) y la Comisión de los 25 (más combativos); de este segundo grupo surgió el mítiuvco dirigente de los trabajadores, Saúl «Pueblo» Ubaldini, quien convocó al primer paro general en 1979 y sus organizadores fueron encarcelados.

A 45 años del golpe cívico militar algunas normas de aquella época, y que afectan al mundo laboral, siguen vigentes como la Ley de entidades financieras; en muchas empresas no existen delegados sindicales; no fue debida ni públicamente investigada por la Justicia la complicidad de civiles con la dictadura; y finalmente los poderes, incluyendo a los grupos hegemónicos de comunicación, siguen encargándose de denostar el accionar colectivo e intentando debilitar al movimiento obrero organizado argentino, pero como dice la canción “todo está guardado en la memoria”.