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La motosierra es para cortar la subsistencia de los trabajadores: en dos días el Gobierno deja en la calle a más de 1.500 familias y se esperan miles de despidos más

Al final, el ministerio de Capital Humano no tenía la “chequera abierta”, como prometió el presidente Javier Milei en campaña. La titular de esa mega-cartera, Sandra Pettovello, cerró los 59 Centro de Referencia de todo el país – destinados a acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales-, dejando en la calle a sus 600 trabajadores. A esto se le suman los –por ahora- 700 trabajadores “suspendidos” de Télam, cuyo ingreso a sus dos redacciones siguen vallados y con presencia policial, como si de un golpe de Estado de se tratara, y en las últimas horas se le sumaron 200 despidos en la empresa estatal de AySA, y se esperan mil más en los próximos días.

El gobierno de Javier Milei despidió a más de 200 trabajadores de Aguas y Saneamiento (AySA) la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Este mes ya había anunciado una suba del 206 por ciento para mayo en la tarifa.

Desde el gobierno justifican las bajas al decir que tenían una situación laboral irregular. Sostienen que había trabajadores que ocupaban puestos directivos políticos, que no cumplian sus tareas o que contaba con inasistencias injustificadas. El gremio que representa a los trabajadores de Aysa es el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos) y hará mañana una asamblea de delegados y anunciarán medidas de fuerza contra los despidos.

La empresa estatal -que dirige interinamente Oscar Ferrari- tiene 7.600 empleados y desde el gobierno de Milei esperan echar al menos a 1000 personas. Es el plan de ajuste que trazó el ministro de Economía, Luis Caputo. La estrategia es adelantar jubilaciones y despedir a empleados que tienen menos de dos años de antigüedad.

Cierran los Centros de Referencia (CDR)

La cartera que conduce Pettovello comunicó el cierre y los despidos como una buena noticia. Los CDR “funcionaban como cajas de la política y refugios de ñoquis”, dice el comunicado oficial de Capital Humano, a tono con la forma despectiva en que el Gobierno se refirió a los trabajadores de la Agencia Télam, el INADI y otros organismos. “De esta manera, se ahorrarán 5.000 millones de pesos anuales”, agrega.

La ministra utilizó los mismos argumentos, también este lunes, para justificar la eliminación de las “unidades de gestión” del Potenciar Trabajo, que eran administradas por las cooperativas y emprendimientos productivos de las organizaciones sociales. El ajuste en el principal programa de asistencia social del país, se vanaglorió Pettovello, suma otros “34 millones de dólares al año”.

Abandono de territorio

Lejos de ser un “refugio de ñoquis”, los CDR constituían la pata territorial y federal del exMinisterio de Desarrollo Social, hoy degradado a secretaría. Con sedes en el interior de la Provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca, Mar del Plata, Mercedes, Tandil, Dolores, etc), y en casi todas las provincias del país (desde Formosa, Chaco y Corrientes hasta Chubut, Río Negro y Santa Cruz), los Centros atendían a diario trámites para acceder a distintas políticas públicas que de otra forma sólo se podrían hacer en la Ciudad de Buenos Aires: desde conseguir un Certificado Único de Discapacidad o el Monotributo Social hasta tramitar los medicamentos biomédicos de alto costo que entregaba la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), también desfinanciado por el Gobierno.

Según comunicó Pettovello, personal de su ministerio visitó recientemente un CDR (uno sólo de los 59, sin especificar cuál) con «más de 50 empleados registrados», y «en plena jornada laboral, sólo estaban cubiertos menos de 20 puestos de trabajo». El gremio no sólo lo desmiente —en Corrientes hay muchos trabajadores asistiendo a la población afectada por las inundaciones—, sino que además agrega que desde el inicio de la gestión se dejaron fuera de funcionamiento las camionetas que permitían hacer recorridos por las distintas localidades, entre otros «boicots» al trabajo cotidiano. Eso hacía suponer un panorama de despidos por venir, pero la decisión sorprendió a todos: se comunicó antes por los canales públicos del ministerio que a los propios trabajadores.

«Solo demuestran un profundo desconocimiento del trabajo que se venía haciendo. Nunca tuvieron la más mínima intención de evaluar si era conveniente continuar con los CDR», describió Manfred. «En un contexto de 57 por ciento de pobreza, la desarticulación de pogramas sólo demuestra que la motosierra empezó por los de más abajo», concluyó.

Ver:

La suspensión de facto de Télam viola las normas del mega-DNU 70/2023

 

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