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¿Otra distracción del Gobierno?: adelantan parte del Presupuesto 2025 ratificando el ajuste y previendo cerrar el año con el dólar a $1.016, inflación por debajo del 130% y caída del PBI del 3,5%

A través de un mensaje de avance de elaboración del Presupuesto 2025 que a continuación reproducimos íntegro, el gobierno ratifica el rumbo económico. Como datos clave, prevé que el dólar termine el año en $1.016 y la inflación por debajo del 130%. Para la caída del PBI proyecta un derrumbe de 3,5%. Se anticipa el fin del Impuesto PAIS en 2025.

En medio de la tensión financiera tras los anuncios de política monetaria, el Gobierno envió este miércoles un mensaje sobre el avance en la elaboración del Presupuesto 2025 al Congreso que se presentará el 15 de septiembre. Destaca la decisión de la administración Milei de mantener el déficit cero y resalta la baja de la inflación en el primer semestre del año.

Como datos clave, prevé que el dólar termine el año en $1.016 y la inflación por debajo del 130%. El informe indica que la inflación proyectada al inicio del proceso de elaboración del presupuesto proyectaba un 139,7% interanual para diciembre de 2024. Sin embargo, da cuenta de que los datos oficiales publicados con posterioridad al cierre del análisis podrían «sugieren que la inflación estará situada por debajo del 130% interanual a diciembre 2024».

En tanto, para la caída del PBI se proyecta un derrumbe de 3,5% y se anticipa el fin del Impuesto PAÍS para el año próximo.

Adelanto del Presupuesto 2025: texto completo

De mi mayor consideración:

SEÑOR PRESIDENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitirle adjunto al presente el Original del Mensaje N° 32/2024 y someter a su consideración, de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 2° de la Ley N° 24.629, el Informe de Avance sobre la Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA – GDE Date: 2024.07.03 10:58:40 -03:00

Omar Bruno DE MARCHI Secretario

Secretaría de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil Jefatura de Gabinete de Ministros

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA – GDE

Date: 2024.07.03 10:58:41 -03:00

República Argentina – Jefatura de Gabinete de Ministros

AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Mensaje

Número: MEN-2024-32-APN-JGM CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 3 de Julio de 2024

 

Referencia: Mensaje: Avance de Presupuesto

AL H. CONGRESO DE LA NACIÓN:

Tengo el agrado de dirigirme con el objeto de someter a su consideración, de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 2º de la Ley Nº 24.629, el Informe de Avance sobre la Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

El Informe de Avance hace referencia al proceso de formulación presupuestaria que se está llevando a cabo en el seno del PODER EJECUTIVO NACIONAL, de acuerdo con el Cronograma de Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2025 y de formulación del Presupuesto Plurianual 2025-2027, aprobado por la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMÍA N° 186 del 12 de abril de 2024. Estas tareas se llevan adelante con la activa colaboración del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP) liderado por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS e integrado por áreas sustantivas del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

En el presente Informe de Avance se describen el contexto macroeconómico, los lineamientos y prioridades generales de las políticas presupuestaria y financiera del Gobierno Nacional para el próximo ejercicio y las relaciones fiscales con las provincias. También se presenta un análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional al 31 de mayo de 2024.

El conjunto de lineamientos estratégicos reseñados en el presente Informe permitirá al PODER EJECUTIVO NACIONAL, con la anuencia legislativa del H. CONGRESO DE LA NACIÓN y en el marco de la futura Ley de Presupuesto Nacional 2025, dar continuidad a las políticas públicas propuestas en oportunidad del inicio de la actual gestión de gobierno.

Mantener el equilibrio fiscal será un compromiso ineludible de gobierno, priorizando el acompañamiento social de los sectores más vulnerables, revalorizando el trabajo como elemento organizador e integrador de la sociedad y profundizando la modernización y simplificación del Estado con el objetivo de lograr un servicio público eficaz y eficiente. Para 2025 se continuará con el fortalecimiento de las áreas de defensa nacional y seguridad interior para

 

el resguardo de la soberanía territorial.

 

Las prioridades de la política presupuestaria para el próximo ejercicio se enmarcan en CUATRO (4) grandes ejes que guían la gestión del Gobierno Nacional:

  • El equilibrio fiscal sostenido, adoptando medidas audaces que permitieron avanzar de forma más rápida de lo previsto hacia el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación, la mejora del balance del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y el fortalecimiento de las reservas internacionales. Durante 2025 se plantea mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica que permitan el despegue definitivo de las potencialidades productivas del país, generando un ambiente favorable para el incremento de la inversión privada, una mejora de la productividad, y el crecimiento de la actividad, del empleo y los ingresos.
  • El acompañamiento social sin intermediaciones, realizando esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños en los sectores más vulnerables y proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Es prioridad de esta gestión continuar con la política de déficit cero, fortaleciendo la eficacia y eficiencia del gasto público, haciendo énfasis en la reducción del gasto político para dar prioridad al sostenimiento de ingresos de los sectores de mayor vulnerabilidad.
  • La modernización y simplificación del Estado: el objetivo de esta gestión es hacer un Estado moderno, eficaz, eficiente, simple y útil para los ciudadanos, ocupado en sus funciones esenciales para no entorpecer las condiciones para el desarrollo del sector privado, favoreciendo la libre En tal sentido se trabaja también en la simplificación de las acciones y procesos, digitalizando y simplificando trámites, desburocratizando y eliminando intermediarios en sus acciones. La simplificación y racionalización de la estructura estatal planteada con el objetivo de lograr un uso eficaz y eficiente de los recursos aportados por los ciudadanos.
  • El equipamiento y modernización de seguridad y defensa. Esta gestión considera que para que un país sea próspero debe sostener firmemente su soberanía territorial y para ello debe contar con Fuerzas Armadas capaces de defender sus fronteras y erradicar o desalentar posibles amenazas externas. En tal sentido el fortalecimiento y revalorización de las fuerzas de la Defensa continuará siendo una prioridad como así también será prioridad seguir dotando a las fuerzas federales del equipamiento necesario y de la capacitación continua para garantizar la seguridad interior como un derecho de todos los argentinos, con énfasis en la prevención del delito y la investigación del crimen organizado.

El Proyecto de Presupuesto que se remitirá a consideración del H. CONGRESO DE LA NACIÓN antes del 15 de septiembre del corriente año planteará metas fiscales que se basan en el mantenimiento de las políticas que apuntalan la demanda agregada y un incremento de los recursos fiscales de la mano de un aumento de la actividad, del empleo y de los ingresos reales, dando sostenibilidad al sendero de crecimiento en un contexto de reducción de déficit fiscal.

El Gobierno Nacional continuará con el compromiso de seguir profundizando el mercado de capitales, dotando de nuevas y mejores herramientas al sector privado y respetando los marcos de sostenibilidad de la deuda pública. Una reducción del déficit sumado a un mayor financiamiento en moneda doméstica y financiamiento de Organismos Internacionales y Bilaterales de créditos permiten evitar las transferencias del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA al Tesoro Nacional.

Saludo con mi mayor consideración.

Digitally signed by CAPUTO Luis Andres Date: 2024.07.02 14:52:42 ART

Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Luis Andres Caputo Ministro

Ministerio de Economía

Digitally signed by FRANCOS Guillermo Alberto Date: 2024.07.03 10:35:16 ART

Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Guillermo Francos

Jefe de Gabinete de Ministros Jefatura de Gabinete de Ministros

 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

EJERCICIO 2025

INFORME DE AVANCE AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN

Junio de 2024

IF-2024-67931018-APN-SH#MEC

CONTENIDO

  1. Introducción………………………………………………………………………………………………………………….. 3
  2. Contexto Macroeconómico……………………………………………………………………………………………. 5
  3. Ejecución Presupuestaria al 31/05/2024…………………………………………………………………………. 29
  4. Las prioridades de la política presupuestaria…………………………………………………………………… 34
  5. Financiamiento del Presupuesto Nacional………………………………………………………………………. 40
  6. Coordinación Fiscal con las Provincias………………………………………………………………………….. 46
  7. Política de inversión pública………………………………………………………………………………………….. 50
  8. Política de Gestión y Empleo en el Sector Público………………………………………………………….. 5

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1.    Introducción

El Artículo 24 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional dispone que el Poder Ejecutivo Nacional debe fijar anualmente los lineamientos para la formulación del Proyecto de Ley General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Nacional.

A tal fin, en el citado artículo se indica que las dependencias especializadas del Poder Ejecutivo Nacional deberán practicar una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país y, sobre estas bases y una proyección de las variables macroeconómicas para el ejercicio fiscal siguiente, preparar una propuesta de objetivos de política presupuestaria prioritarios en general y de programas y proyectos de inversión en particular.

En la reglamentación del Artículo 24, materializada por el Decreto Nº 1344 de fecha 4 de octubre de 2007, se establece que, a efectos de fijar los lineamientos de política presupuestaria, el Ministerio de Economía deberá proponer los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para coordinar el proceso de formulación del Proyecto de Ley General de Gastos y de Cálculo de Recursos de la Administración Pública Nacional.

Al amparo y en cumplimiento de las referidas disposiciones legales, el Ministerio de Economía dictó la Resolución N° 186 de fecha 12 de Abril de 2024 (RESOL-2024-186-APN-MEC) que constituye el Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP) y fija el Cronograma de Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y de Cálculo de Recursos de la Administración Pública Nacional para el año 2025 y de formulación del Presupuesto Plurianual 2025-2027.

El presente Informe de Avance sobre la Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional 2025, que se realiza en cumplimiento del Artículo 2º de la Ley Nº 24.629, sintetiza los aportes realizados por el GAEP (enfoque macro) en relación con las proyecciones macroeconómicas, el cálculo de recursos y las políticas públicas prioritarias, para el próximo ejercicio.

Concomitante con esa labor y siguiendo el cronograma de formulación del Presupuesto Nacional 2025-2027 antes mencionado, las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes que integran el Sector Público Nacional (enfoque micro), elaboran los respectivos presupuestos preliminares, anticipando las prioridades presupuestarias destinadas a mejorar la asignación estratégica de los recursos, que servirá de

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sustento para la elaboración de los límites o “techos presupuestarios” a ser comunicados oportunamente, todo ello enmarcado en las metas fiscales que fije el Gobierno Nacional y con la limitante de la recaudación global.

Las actividades que conforman dicho Cronograma se están llevando adelante en un marco de mejora de procesos y rutinas de trabajo y el refortalecimiento de los medios tecnológicos, asegurando la coordinación de todas las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional con la Secretaría de Hacienda y la Jefatura de Gabinete de Ministros, en un proceso iterativo y colectivo como es el de la formulación del Presupuesto Nacional. El esfuerzo realizado por la Secretaría de Hacienda, desde el año 2005 a la fecha, para concretar la despapelización de comprobantes y la utilización de la firma digital en la herramienta informática eSIDIF-FOP, permite la formulación del Presupuesto de la Administración Nacional en base a un desarrollo propio y con software libre con la facilidad de su tramitación remota.

Con las mismas características, se desarrolló un aplicativo Web denominado SIFEP (Sistema de Información Financiera para Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios, Entes Excluidos del Presupuesto de la Administración Nacional y Universidades Nacionales), que utilizan las empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional, para la formulación de sus respectivos presupuestos.

Respecto de las próximas tareas previstas en el referido Cronograma, el siguiente hito significativo es la elaboración, por parte de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional, de sus anteproyectos de presupuesto ajustados a los límites financieros que serán oportunamente comunicados por la Secretaría de Hacienda.

A su vez, las empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional formularán sus respectivos presupuestos que, con carácter informativo, se incluirán el Mensaje de Remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025.

Concomitantemente, se concretarán las proyecciones definitivas del escenario macroeconómico 2024-2027, de los recursos tributarios y no tributarios, del servicio de la deuda pública y del financiamiento. También se formularán los objetivos estratégicos de la política presupuestaria y la estimación del resultado primario y financiero para concluir, el 15 de septiembre de 2024, con la remisión al Honorable Congreso de la Nación del Proyecto de Ley General de Gastos y de Cálculo de Recursos de la Administración Pública Nacional para el año 2025, según lo dispuesto por las normas legales vigentes.

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2.    Contexto Macroeconómico

2.1   Introducción

A principios de diciembre de 2023, la economía argentina se enfrentaba a la crisis más profunda de su historia. La crítica situación combinaba los peores aspectos de las últimas tres grandes crisis que enfrentó el país: un desequilibrio monetario mayor al de la previa del Rodrigazo, un deterioro en el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA) más profundo que el de la crisis de 1989 e indicadores sociales peores a los de 2001.

La raíz de este dramático panorama se encontraba en el déficit fiscal. El déficit consolidado del BCRA (originado fundamentalmente en el financiamiento de déficits fiscales pasados) y del Tesoro Nacional se ubicaba por encima del 15% del PIB hacia noviembre de 2023, en tanto este último acumulaba 13 años consecutivos de déficit financiero. Vale recordar que, agotada la instancia de suba de impuestos y sin voluntad política de recortar gastos, un déficit fiscal sólo puede ser financiado por dos vías: endeudamiento y/o emisión monetaria. Con un historial crediticio marcado por sucesivos defaults, la emisión monetaria se convirtió en la principal fuente de financiamiento de las necesidades del Tesoro, derivando en un excedente monetario que se convirtió en el principal foco de fragilidad macroeconómica.

El balance del BCRA, en consecuencia, se encontraba fuertemente deteriorado: las reservas netas eran negativas en USD11.200 millones y la emisión monetaria mensual sólo por intereses de pasivos remunerados era equivalente al 35% de la base monetaria. Dado el marcado deterioro en las expectativas, este aumento en la oferta monetaria se daba en simultáneo a una caída en la demanda de dinero, llevando a una fuerte aceleración en las variables nominales. La demanda de base monetaria se ubicaba en mínimos desde la crisis de 1989/1990, lo que acrecentaba dramáticamente el riesgo de caer en una nueva hiperinflación que llevara la pobreza y la indigencia a niveles incluso mayores. Adicionalmente, la deuda comercial acumulada por importaciones de bienes y servicios ascendía a casi USD60.000 millones, habiendo registrado un aumento, sin precedente histórico, de USD27.400 millones entre 2022 y el 12 de diciembre de 2023. Además de resultar un considerable pasivo contingente para el BCRA, esta acumulación de deuda llevó a que prácticamente se cortaran las líneas de crédito con el exterior, lo que podía comprometer el flujo normal de importaciones y por ende redundar en desabastecimiento. En esta situación crítica, sin reservas del BCRA, sin acceso al mercado y con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional caído por los incumplimientos generalizados en las metas acordadas, la Argentina enfrentaba vencimientos con el organismo por poco más de USD900 millones a 10 días del cambio de mandato

y por USD1.600 millones en concepto de pagos de bonos Globales y Bonares en la segunda semana de enero.

Un reflejo del estado de esta situación de crisis era la brecha cambiaria con el tipo de cambio implícito en las operaciones de contado con liquidación, que en los primeros días de diciembre llegó a ubicarse por encima del 170%. La inflación mayorista (medida por el IPIM del INDEC) fue de 54% mensual en diciembre de 2023, un ritmo anualizado superior al 17.000%, en tanto muchos precios de la economía se movían en las primeras semanas de diciembre en torno a 1,5% diario.

Este delicado panorama fue la culminación de una larga sucesión de fracasos para la economía argentina, que prácticamente no registró crecimiento en el nivel de actividad y en el empleo privado en la última década, lo que se tradujo en un marcado deterioro en los indicadores sociales. En el segundo semestre de 2023, la pobreza y la indigencia se encontraban en 41,7% y 11,9%, elevándose a 58,4% y 18,9% en el caso de los menores de 14 años.

Ante este panorama, la nueva administración asumió con los mandatos de bajar la inflación y volver a poner en marcha el aparato productivo. En esta línea, el objetivo del programa económico implementado a partir del 11 de diciembre de 2023 es revertir esta dinámica y sentar las bases para un crecimiento sostenido de la economía, que redunde en un incremento continuo en el empleo y los ingresos reales, y consecuentemente en una mejora sostenida y sostenible en la calidad de vida de los argentinos. Para lograr este objetivo, el programa se centra en dos ejes fundamentales: garantizar la estabilidad macroeconómica y desburocratizar y simplificar el comercio y demás transacciones económicas.

La estabilización macroeconómica se sustenta en el ancla fiscal, que consiste en garantizar el equilibrio financiero del Sector Público No Financiero, eliminando la necesidad del financiamiento del déficit vía endeudamiento neto o emisión monetaria. A través de estos mecanismos de financiamiento, el déficit fiscal crónico fue la causa principal de las recurrentes crisis macroeconómicas y financieras que experimentó la Argentina en las últimas décadas. Asegurar el equilibrio fiscal es condición necesaria para una macroeconomía robusta que deje de ser una traba para la inversión, las exportaciones y la generación de empleo de calidad.

El objetivo de equilibrio financiero se alcanzó en tiempo récord: partiendo de un déficit financiero de 4,4% del PIB (4,6% excluyendo los ingresos extraordinarios de la licitación de 5G) en 2023, en enero de 2024 se registró un superávit primario de 0,3% del PIB y un excedente financiero de 0,1% del PIB. En los primeros cinco meses del año, el superávit primario ascendió a 1% del PIB y el financiero a 0,4% del PIB.

Este resultado se alcanzó con una combinación de recorte permanente de gastos y suba transitoria de impuestos. El gasto primario se redujo en 31% i.a. en términos reales, con bajas de 83% i.a. en gastos de capital, 75% i.a. en transferencias corrientes discrecionales a provincias, 33% i.a. en otros gastos corrientes (donde se incluyen, entre otros gastos, las transferencias orientadas a cubrir el déficit de empresas públicas), 33% i.a. en subsidios económicos y 21% i.a. en gastos de funcionamiento. Si bien el gasto total en jubilaciones y pensiones acumulado en los primeros cinco meses del año cayó en términos reales en la comparación interanual, esto se debió exclusivamente a la reducción real en enero y febrero, cuando se encontraba vigente la anterior fórmula de movilidad previsional con ajustes trimestrales. A partir de abril, la recomposición de 12,5% y el paso a una actualización mensual por inflación con un rezago de 2 meses ha permitido una recuperación en el valor real de las prestaciones, que en mayo ya recuperaron el nivel de noviembre de 2023, y en junio se ubicaron un estimado de 3% por encima de aquel nivel. Dada la continuidad del proceso de desinflación, es esperable que las jubilaciones continúen creciendo en términos reales.

La consolidación en las cuentas públicas se alcanzó en simultáneo a un significativo incremento en el valor real de los programas sociales que llegan sin intermediarios a la población más vulnerable. La Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y el plan Primeros Mil Días crecieron 335%, 138% y 1.205% entre noviembre de 2023 y junio de 2024, presentando en todos los casos subas en términos de poder adquisitivo.

El segundo eje del programa económico se concentra en implementar medidas y reformas tendientes a promover el desarrollo productivo a través de la integración al mundo y la promoción de la transparencia y la competencia.

En relación al comercio exterior, las medidas han apuntado a reducir costos de importación, impulsar las exportaciones y facilitar las transacciones. Estas se han focalizado en la eliminación de permisos de importación y normalización, la reducción de aranceles e impuestos de importación y la eliminación y simplificación de trámites y medidas no arancelarias.

En lo referente al comercio interior, el objetivo de las políticas llevadas adelante ha sido normalizar el comercio, fomentar la competencia y proteger al consumidor. Las medidas implementadas se han orientado a eliminar controles de precios y cantidades, simplificar el comercio interior, modernizar la normativa de defensa de la competencia, mejorar los medios de pago, fomentar la autorregulación y actualizar normas y fiscalización de lealtad comercial y metrología. Hacia adelante, el Ministerio de Economía apunta a continuar mejorando los procesos antidumping, las adecuaciones arancelarias, el desarrollo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la simplificación de los

reglamentos técnicos y el desarrollo de nuevas herramientas de defensa de la competencia, entre otras medidas.

En función de estos ejes, con orden macroeconómico y reformas estructurales orientadas a fomentar la competencia y la integración al mundo, el Ministerio de Economía de la Nación apunta a contribuir al desarrollo de una economía pujante que fomente la generación de empleo de calidad y redunde en una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos.

2.2   Dinámicas a lo largo del año 2023

  1. Contexto internacional

Durante el año 2023, la inflación continuó desacelerando desde un máximo en 2022, con un impacto menor de lo esperado en el empleo y la actividad, lo que reflejó una evolución favorable del lado de la oferta y un ajuste en las tasas de interés por parte de las autoridades monetarias, que mantuvieron ancladas las expectativas de inflación.

De acuerdo con los últimos pronósticos del World Economic Outlook (WEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI) de abril de 2024, se estimó un crecimiento global de 3,2% en 2023, 0,2 puntos porcentuales (p.p.) por debajo de 2022. Cerca del 85% de las economías se expandió durante 2023, pero el 65% de ellas desaceleró con respecto a 2022. Dos de las economías más grandes, Estados Unidos y China, aceleraron su ritmo de crecimiento durante el año 2023 en 0,6 p.p. y 2,25 p.p., respectivamente, mientras que se destaca la fuerte desaceleración de la Eurozona en 3 p.p.

En el caso de la energía, luego de los máximos históricos alcanzados en agosto de 2022, el precio del Gas Natural Licuado (GNL) se redujo un 55% en 2023, hasta los USD/MMBTU 10,34 en el caso holandés y un 62% hasta USD/MMBTU 10,94 en el japonés. El petróleo mostró la misma dinámica, reduciéndose alrededor de un 10% hasta alcanzar un valor de USD/ba 71,65 para el WTI a fines de año y USD/ba 77,04 para el Brent.

El precio de los alimentos en los mercados mundiales también cayó en 2023. El índice de precios de los alimentos elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) se redujo durante 2023 en un 13,8%, tras haberse incrementado en un 15% durante 2022. Por su parte, el precio del poroto de soja cayó a los USD/tn 475 a fines de diciembre de 2023 (un 14,9% inferior al cierre de 2022), el maíz cayó a USD/tn 180 (30,6% menor al de fines de 2022) y el trigo a USD/tn 237 (con una reducción del 29% respecto a diciembre de 2022).

Esta distención en las presiones inflacionarias provenientes de la energía y los alimentos permitió que los índices de inflación de las economías más grandes se redujeran de manera significativa. En los EE.UU. se registró una inflación minorista de 3,4% interanual en diciembre de 2023 (-3,1 p.p. respecto a diciembre de 2022), en la Eurozona de 2,9% interanual (-6,3 p.p.) y en China de -0,3% interanual (-2,1 p.p.). Los países de nuestra región también lograron reducir sus índices inflacionarios: en Colombia se alcanzó una inflación de 9,3% interanual en diciembre (-3,9 p.p. respecto a diciembre de 2022), en Chile de 3,9% interanual (-8,9 p.p.), en Perú de 3,4% interanual (-5,2 p.p.), en Paraguay de 3,7% interanual (-4,4 p.p.), en México de 4,7% interanual (-3,2 p.p.), y en Brasil de 4,6% interanual (-1,2 p.p.).

A partir de la baja de los índices inflacionarios, las autoridades monetarias comenzaron a relajar la política monetaria desde mediados de año. En el caso de los EE.UU., durante 2023 se efectuaron cuatro subas de la tasa de los Fondos Federales hasta alcanzar el 5,5% en julio –un total de 100 puntos básicos (p.b.)–, pero posteriormente no se realizaron nuevas subas durante el año. También se continuó con la política de ajuste de la hoja de balance (“Quantitative Tightening”), reduciendo en 12,9% las tenencias de valores del Tesoro de EE. UU. y de las cédulas hipotecarias en un 7,9%. En el caso de la Eurozona, el Banco Central Europeo elevó la tasa seis veces durante el año hasta alcanzar un 4,5% en la tasa de refinanciación, 4% en la de facilidades de depósitos y 4,75% en la de facilidades marginales de crédito en septiembre de 2023 –un total de 200 p.b.– y no se realizaron nuevas modificaciones desde ese momento. En China, se realizaron dos bajas en el período, hasta 3,45%, alcanzando una baja de 20 p.b.

En nuestra región, algunas economías comenzaron el ciclo de baja de tasas de política monetaria. Durante 2023, Colombia, luego de dos subas (de 50 p.b. en total), bajó su tasa de referencia hasta 13% en diciembre (25 p.b. menos), Brasil bajó la tasa cuatro veces hasta 11,75% (en 200 p.b. en total), Chile también la bajó cuatro veces hasta 8,25% (en total 300 p.b. menos) y Paraguay la bajó cinco veces hasta 11,25% (175 p.b. menos).

  1. Contexto local

Pese a este escenario internacional con evolución favorable, la economía argentina profundizó fuertemente los desequilibrios macroeconómicos durante el año 2023.

Respecto de la situación fiscal, el déficit primario del Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) base caja ascendió a $5.164.637 millones en 2023, totalizando un 2,7% del PIB, mientras que el déficit financiero alcanzó los $8.418.468 millones, es decir un 4,4% del PIB. De este modo, durante

el año los déficits primario y financiero aumentaron en 0,7 p.p. y 0,6 p.p. del PIB, respectivamente, en comparación con 2022, incluso considerando los ingresos extraordinarios vinculados a la licitación del 5G (0,2% del PIB). Tal deterioro se produjo como consecuencia de la caída real de los ingresos totales (-8,6% real interanual), por encima de la del gasto total (-4,7% real interanual). La baja del gasto total se dio en todos sus componentes: en el pago de intereses netos (-6,7% real interanual), en el corriente primario (-4,8% real interanual), y, en menor medida, en el gasto de capital (-1,3% real interanual).

La evolución de los ingresos totales estuvo motorizada por la recaudación tributaria, que creció por debajo del nivel de precios (-8,7% real i.a.). La caída de 2023 se explicó principalmente por el comportamiento de los Derechos de exportación (-56,8% real i.a.) Ganancias (-21,5% real i.a.), Derechos de importación (-9,6% real i.a.); y en menor medida, Aportes y contribuciones a la seguridad social (-3,6% real i.a.) y Débitos y créditos (-2,2% real i.a).

Pese a esta caída, la presión tributaria continuó siendo elevada. En 2023 ascendió a 22,6% del PIB, y cayó 1,6 p.p. con respecto al año anterior debido a la caída en la recaudación del Comercio Exterior. Descontados los derechos de exportación, la presión tributaria disminuyó 0,4 p.p. del 22,2% al 21,8% del PIB, si bien 0,36 p.p. de la disminución son explicados por la modificación del Mínimo no Imponible para la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias en octubre de 2023. Cabe señalar que en el año 2022 se habían realizado modificaciones normativas (que se mantuvieron durante 2023) e hicieron que la presión tributaria se incrementara con respecto al año 2021.

En cuanto a la estructura tributaria, al considerar el aporte de cada impuesto al total recaudado, en 2023 se destacó: el aumento de la participación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 3,6 p.p., que pasó de explicar 19,6% de la recaudación en 2022 a 23,2% en 2023; la participación de los ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social que ascendió al 33,6% en el total de ingresos tributarios (respecto de 31,8% en 2022); y la categoría Resto Tributarios que aumentó su participación del 8,2% de la recaudación en 2022 al 9,6% en 2023, fundamentalmente por el aumento de la recaudación del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), cuya base imponible fue ampliada con el ingreso del pago para determinadas importaciones, y por el incremento del tipo de cambio. Como contrapartida, los Derechos de exportación disminuyeron en 6 p.p. su importancia relativa (de 11,3% en 2022 a 5,3% en 2023) por el efecto de la sequía en 2023, por la alta base de comparación en 2022 debido a los ingresos registrados en septiembre y diciembre de aquel año por la implementación del Programa Incremento Exportador, y por la disminución de los precios promedio de la mayoría de los productos de los complejos sojero y

cerealero. Por su parte, la recaudación del Impuesto a las Ganancias representó el 10,9% de los ingresos tributarios, y cayó 1,8 p.p. respecto a 2022, afectada por las modificaciones normativas a la cuarta categoría: incremento de las escalas en agosto, el aumento del mínimo no imponible y la modificación del esquema de tributación para el segundo semestre de 2023.

En lo que respecta al gasto primario del SPNF base caja, el descenso se explicó principalmente por las caídas de los Subsidios económicos (-20,3% real interanual), Prestaciones sociales (-6,6% real interanual), y, en menor medida, Gasto de capital (-1,3% real interanual). Por el contrario, aceleró el ritmo de crecimiento Otros gastos corrientes (17,8% real interanual), Transferencias corrientes a las provincias (11,0% real) y Gastos de funcionamiento y otros (4,2% real).

En particular, los subsidios energéticos disminuyeron -23,7% real interanual y los destinados al sector Transporte, -14,8% real interanual, mientras que los dirigidos a Otros sectores aumentaron 116,0% real interanual. En cuanto a las Prestaciones sociales, la caída se debió principalmente a la disminución de las erogaciones en Asignaciones familiares (-37,2% real interanual), la Asignación Universal para Protección Social (-22,9% real interanual), el pago de Pensiones no contributivas (- 22,8% real interanual), y Jubilaciones y pensiones contributivas (-10,9% real interanual). Por su parte, la merma en la caída de las Prestaciones Sociales se debió al aumento del gasto destinado a las Prestaciones del INSSJP (23,3% real interanual), y Otros programas sociales (19,8% real interanual, principalmente por: las políticas alimentarias, el programa nacional de inclusión socio- productiva y desarrollo local, y el bono a jubilados y pensionados de hasta un haber mínimo).

Por último, en el gasto de capital, destacaron las caídas en Transporte (-21,0% real interanual), en Vivienda (-6,1% real interanual), y en Agua potable y alcantarillado (-1,8% real interanual), mientras que creció la inversión destinada a Energía (12,7% real interanual), a Otros (10,7% real interanual), y a Educación (5,4% real interanual).

Respecto del financiamiento, durante 2023 el déficit fiscal de la Administración Nacional se financió, en gran parte, con emisión monetaria, tanto directa como indirecta, del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La asistencia directa alcanzó los $ 1.698.000 millones entre Transferencias de Utilidades y Adelantos Transitorios. No obstante, si se considera el financiamiento indirecto a través de la compra de Títulos Públicos en el mercado secundario, entre otros factores, la base monetaria se incrementó en unos $4.404.000 millones en 2023.

A su vez, el endeudamiento neto del Tesoro en el mercado de capitales en pesos alcanzó los $6.877.000 millones, equivalentes a un roll-over anual de 160%. Los principales compradores de Títulos Públicos fueron los bancos (privados y públicos), en el marco de garantías otorgadas por el BCRA, y los organismos intra sector público, mientras que quedó relegado el financiamiento del sector privado, que no fue renovando sus instrumentos. En este contexto, el BCRA continuó comprando en el mercado secundario los títulos que se encontraban en manos de éstos, al tiempo que les otorgó ciertos instrumentos financieros derivados como opción para la compra de buena parte de sus tenencias. De hecho, el porcentaje de títulos respecto del total de activos de la institución alcanzó un 28,9% en noviembre de 2023. Asimismo, este contexto de incertidumbre llevó al Tesoro a ofrecer títulos indexados, tanto a la inflación como al tipo de cambio oficial.

Los excedentes monetarios de origen fiscal arriba mencionados se intentaron neutralizar temporariamente con una política de esterilización por parte del BCRA, que se tradujo en una fuerte expansión monetaria endógena causada por el incremento en el endeudamiento de la autoridad monetaria. Los pasivos remunerados alcanzaron el 9,5% del PIB, impulsados por los reiterados incrementos de la tasa de política monetaria, que pasó de una TNA del 75% en enero a una del 133% en octubre. La base monetaria amplia (incluyendo los pasivos remunerados) alcanzó el 12,7% del PIB a diciembre de 2023.

En materia cambiaria, durante 2023 Argentina experimentó una pérdida de reservas internacionales, tanto brutas como netas, reflejando la presión sobre las cuentas externas del país. En detalle, el stock de reservas internacionales brutas al momento del cambio de gestión alcanzaba los USD 21.209 millones, una contracción de USD 23.389 millones entre el 1° de enero de 2023 y el 9 de diciembre del mismo año. Asimismo, las reservas netas se contrajeron alrededor de USD

20.000 millones en ese lapso. Los pagos netos a organismos internacionales y las ventas netas del BCRA en el mercado de cambios fueron los principales factores que explicaron esta dinámica.

A su vez, el BCRA intervino activamente en los mercados de dólares financieros, como el contado con liquidación (CCL) y el dólar MEP, constituyéndose en otro factor que contribuyó a explicar en buena medida la pérdida de reservas internacionales. Sin embargo, estas intervenciones no lograron cerrar significativamente las diferencias entre los diferentes tipos de cambio que pasaron del 90% a principios de año al 170% al momento del cambio de Gobierno.

En el cierre de 2023, la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos registró un déficit de USD -21.494 millones (-3,3 % del PIB), notablemente mayor al registrado en el año previo (USD -4.290 millones;

-0,7% del PIB). El deterioro registrado obedece a la reversión en el saldo de la cuenta Bienes (que pasó de USD 12.400 millones en 2022 a USD -2.900 millones en 2023), al mayor déficit por Ingreso primario (USD -14.300 millones, respecto de USD -11.900 millones en 2022) y al desbalance estructural de la cuenta Servicios (USD -6.300 millones, respecto de USD -6.900 millones en 2022).

En el caso de la Cuenta Financiera, se registró un ingreso neto de capitales de USD 26.100 millones, como resultado de los ingresos de la Inversión directa (USD 20.500 millones), explicada en mayor medida por la deuda comercial de las empresas con sus casas matrices en el marco de las restricciones a realizar pagos de importaciones y por la reinversión de utilidades ante la imposibilidad de girar utilidades y dividendos al exterior. Estos ingresos fueron compensados por los egresos por Inversión de cartera (USD 3.900 millones) y Otra inversión (USD 12.200 millones), y se registró una disminución en los Activos de reserva (USD 21.700 millones).

Como consecuencia, el conjunto de los desequilibrios existentes en la macroeconomía argentina afectó la actividad económica y el empleo, e impactó en la inflación y por consiguiente en los salarios reales y condiciones de vida de la población.

En este sentido, la economía argentina cayó -1,6% promedio anual en 2023, tras marcar dos años consecutivos de crecimiento en 2022 (5,0% promedio anual) y 2021 (10,7% promedio anual). La actividad económica se fue deteriorando con el correr del año, pasando de crecer 1,4% interanual en el primer trimestre, a caer -5,0% interanual en el segundo trimestre, donde estacionalmente se registró en mayor medida el impacto de la sequía. En el segundo semestre continuó la recesión, con bajas de -0,8% interanual en el tercer trimestre y -1,4% interanual en el cuarto, tras la devaluación de agosto y la posterior aceleración inflacionaria. Así, el PIB per cápita a valores constantes de 2004 fue de $15.316 en 2023, y se ubicó 11,1% por debajo del máximo histórico de $17.226 en 2011.

Por el lado de la demanda, en 2023 la Formación Bruta de Capital Fijo cayó -1,9% promedio anual y aportó -0,4 p.p. a la caída del PIB, tras dos años post pandemia con alza de dos dígitos. La inversión cayó a lo largo del año, excepto en el tercer trimestre, cuando creció 1,0% interanual. Por el contrario, en 2023 crecieron tanto el Consumo Privado (1,1% promedio anual) como el Consumo Público (1,2% promedio anual), recortando en su conjunto la caída anual del PIB en 1,0 p.p., si bien ambos fueron deteriorando su comportamiento a lo largo del año.

En el frente externo, las Exportaciones de bienes y servicios en 2023 se retrajeron -6,7% promedio anual, con caída interanual en todos los trimestres del año, pero con la mayor intensidad en el segundo trimestre (-11,2%). Por su parte, las Importaciones de bienes y servicios aumentaron 2,2% promedio anual en 2023, con crecimiento durante todo el año excepto en el último trimestre, cuando cayeron -1,8% interanual. Dado el crecimiento de importaciones en un contexto de caída de exportaciones, las exportaciones netas aportaron -2,0 p.p. a la caída del PIB en 2023.

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Por el lado de la oferta, la caída de la actividad económica se vio impactada por la sequía que afectó al sector Agropecuario, que cayó -20,2% promedio anual en 2023. Este efecto contractivo se trasladó en parte a otros sectores vinculados, como el Comercio (-0,5% promedio anual) y Transporte y comunicaciones (-0,9% promedio anual), así como también a los Impuestos netos de subsidios que cayeron -2,6% promedio anual debido al impacto en los derechos de exportación. En conjunto, los tres sectores y los impuestos aportaron 2,0 p.p. a la caída del PIB en 2023.

Entre los bienes, se destacó el dinamismo de Minas y canteras (7,2% promedio anual), que tuvo su tercer año consecutivo de crecimiento y el máximo nivel histórico desde el inicio de la serie en 2004. También creció la Construcción (1,1% promedio anual), aunque desaceleró su tasa de crecimiento a lo largo del año hasta caer en el último trimestre. En cambio, cayeron la Industria (-2,1% promedio anual), Electricidad, gas y agua (-0,7% promedio anual) y Pesca (-6,1% promedio anual).

Por el lado de los servicios, la mayoría de los sectores se mostró dinámica, con subas en Actividades inmobiliarias y empresariales, Administración pública y defensa, Educación y Servicios sociales y de salud. En cambio, a la caída de los sectores mencionados previamente se sumó también la contracción de Intermediación financiera (-3,7% promedio anual).

La tasa de actividad promedio anual alcanzó el 48,2% de la población en 2023 y subió 0,8 p.p. respecto de 2022. Si bien el crecimiento del empleo en 2023 se dio con una leve mejora de su perfil respecto de los dos primeros años pospandemia, persistieron los problemas de calidad en relación con los niveles históricos. En este sentido, el empleo asalariado creció 4,6% promedio anual en 2023 mientras que los trabajadores por cuenta propia cayeron -0,6% promedio anual. Esto se vio reflejado en la tasa de asalarización, que mide la proporción de trabajadores bajo relación de dependencia asalariada sobre el total, que en 2023 subió al 74,3% de los ocupados (+1,0 p.p. interanual). A pesar del aumento del indicador en 2023, todavía se encuentra en niveles bajos desde una perspectiva de más largo plazo, lo que da cuenta de la mayor participación que fueron teniendo las ocupaciones por cuenta propia en la estructura ocupacional. Asimismo, en 2023 los asalariados registrados (5,2% promedio anual) crecieron más que aquéllos sin registro (+3,4% promedio anual), por lo que la tasa de no registro cayó al 36,3% (-0,4 p.p. interanual), aunque representa un valor alto en la perspectiva de largo plazo.

En cuanto al empleo registrado, según los datos de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), procesados por el Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, el total de empleo registrado creció 4,0% promedio anual en 2023, lo que equivale a 510,3 mil ocupados más que en 2022. Las categorías más dinámicas en 2023 fueron la de

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Monotributistas (6,4%; 119,8 mil nuevos ocupados) y la de Monotributo social (22,4%; 111,9 mil nuevos ocupados), mientras que los Autónomos se mantuvieron estables (0,1%; 0,5 mil nuevos ocupados). Entre los Asalariados, los asalariados registrados del sector privado también crecieron en 2023, a una tasa de 3,2% promedio anual (194,6 mil nuevos empleos). Sin embargo, el nivel alcanzado es sólo 5% mayor al de 2012 (inicio de la serie), lo que representa una tasa de crecimiento menor a la poblacional en el período. El Empleo en casas particulares, en cambio, cayó

-1,0% en 2023 (-5 mil empleos), y fue la única categoría que no logró crecer desde la pandemia. En el sector público, el empleo asalariado creció 2,6% promedio anual, equivalente a 88,6 mil nuevos ocupados respecto al promedio de 2022.

Sin embargo, la caída en la demanda de dinero y la monetización de las necesidades de financiamiento del Tesoro derivaron en una fuerte aceleración en la inflación. La misma, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cerró el año en 211,4% interanual a diciembre de 2023, y más que duplicando la cifra de 2022, que había sido de 94,8%. A nivel mensual, esta dinámica fue equivalente a una tasa promedio de inflación del 9,9%, aunque se observó una tendencia creciente en la segunda mitad del año tras el aumento del tipo de cambio, cuando la inflación mensual superó el 12% en agosto, septiembre y noviembre y trepó al 25,5% mensual en diciembre. A nivel componente, la inflación núcleo acumuló en el año 2023 una suba de 229,4% interanual a diciembre, equivalente a una tasa mensual del 10,4% y con cifras superiores al 13% durante casi todo el segundo semestre. La inflación del componente Núcleo estuvo liderada por los alimentos, especialmente la carne, así como también los electrodomésticos y los medicamentos. Por su parte, los precios Estacionales acumularon en 2023 un incremento del 179,0% interanual a diciembre, que representa en promedio un aumento de 8,9% mensual. Los rubros que más se incrementaron en esta categoría fueron frutas y verduras. Por su parte, los precios Regulados acumularon en 2023 un aumento del 164,9% interanual a diciembre, equivalente a un aumento mensual del 8,5%. Los mayores aumentos en bienes y servicios regulados se dieron en combustibles, servicios de telefonía e internet, así como también se registraron algunas subas en electricidad, gas y otros combustibles tras la aplicación de la segmentación de tarifas.

A nivel división, el aumento interanual del año 2023 estuvo liderado por Alimentos y bebidas no alcohólicas (251,3%), seguido por Equipamiento y mantenimiento del hogar (231,7%), Salud (227,7%), Restaurantes y hoteles (219,1%) y Recreación y cultura (218,2%), divisiones que aumentaron por encima del nivel general. En cambio, los menores incrementos interanuales se registraron en Educación (141,7%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (149,0%).

 

 

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Otros precios de la economía mostraron una dinámica similar. El Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC) acumuló en 2023 un incremento de 225,2% interanual a diciembre, con una tasa de aumento mensual promedio del 10,3% pero con un pico del 30,6% mensual en diciembre. Con respecto a la inflación mayorista, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), cerró el año 2023 con un aumento de 276,4% interanual, con una tasa de inflación mensual del 11,7% promedio. Sin embargo, este índice también mostró una tendencia creciente en la segunda mitad del año, con registros del 18,7% mensual en agosto y un pico de 54% mensual en diciembre, equivalente a un 17.737% anualizado.

Con la aceleración inflacionaria, el salario real cayó en 2023. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Índice de Salarios Total Registrado cayó -1,1% promedio anual en 2023, con el salario del sector privado cayendo -2,3% promedio anual y el del público creciendo 1,1% promedio anual. Sin embargo, a medida que se iba acelerando el proceso inflacionario, la caída de los salarios reales se fue profundizando.

En este sentido, en el primer semestre de 2023, el Índice de Salarios Total Registrado promediaba una caída del -0,4% anual y acumulaba una baja de -1,5% en junio respecto a diciembre de 2022. Sobre esta base, en el marco de la aceleración inflacionaria en la segunda parte del año, se registraron reaperturas de paritarias con acuerdos de menor duración y se otorgaron bonos de suma fija no remunerativa de dos cuotas de $30.000 en agosto y septiembre para los trabajadores del sector público nacional y privado. Estas medidas permitieron que el Índice de Salarios Registrado del sector privado creciera en julio y octubre y el público lo hiciera durante casi todo el semestre. Sin embargo, con el incremento de la tasa de inflación en noviembre y en diciembre, los salarios reales profundizaron su caída. El Índice de Salarios Total Registrado cayó en términos reales – 13,1% mensual y -16,7% interanual en diciembre, con bajas tanto del salario privado (-11,5% mensual y -14,7% interanual) como del público (-15,9% mensual y -20,2% interanual).

Como consecuencia de ello, los indicadores socioeconómicos empeoraron en 2023. En el segundo semestre de 2023 la tasa de pobreza aumentó hasta el 41,7% de las personas, 1,6 p.p. más que el semestre anterior y 2,5 p.p. más que el año previo. Así, la tasa de pobreza se ubicó en un nivel similar al del segundo semestre de 2020 impactado por la pandemia y 6,2 p.p. más que en el segundo semestre de 2019. Por su parte, la tasa de indigencia subió al 11,9% de las personas, 2,6

p.p. más que el semestre anterior y 3,8 p.p. más que el año previo. Esto implica que, de los 31 aglomerados urbanos, en el segundo semestre de 2023, 12.300.481 personas estuvieron por debajo de la línea de la pobreza y 3.520.174, por debajo de la línea de la indigencia.

 

 

 

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La mayor incidencia de la pobreza en el segundo semestre de 2023 se dio en el grupo de 0-14 años, en el que alcanzó una tasa de 58,4%. Además, éste fue el segmento etario en el que más creció la pobreza de forma interanual (+4,2 p.p.), mientras que el tramo de 65 años y más fue el segmento etario en el que más creció de forma semestral (+4,4 p.p. semestral). A nivel regional, la región con mayor tasa de pobreza fue el NEA (48,4%), seguido por el NOA (45,6%) y Cuyo (44,0%). En el GBA la pobreza alcanzó el 41,0%.

También aumentó la desigualdad. En el cuarto trimestre de 2023 el coeficiente de Gini se ubicó en 0,435 y subió en la comparación interanual (respecto de 0,413 en el cuarto trimestre de 2022), con un aumento interanual de la participación relativa de los deciles de ingresos Altos (+1,8 p.p.) en el ingreso total, en detrimento de los Medios (-0,9 p.p.) y Bajos (-0,9 p.p.). El coeficiente de Gini también creció en la comparación trimestral (respecto de 0,434 en el tercer trimestre de 2023), a pesar de que los terceros trimestres están afectados por la percepción del aguinaldo y la desigualdad suele reducirse en los cuartos trimestres, por motivos estacionales.

Respecto a las jubilaciones y pensiones, la movilidad previsional, que impactó también en las asignaciones familiares, acumuló en el año un incremento de 110,9% en tanto que los haberes previsionales con refuerzos registraron un aumento de 167,3%. Se destaca, no obstante, que estos incrementos se ubicaron por debajo de la inflación acumulada en el año.

Además de los fuertes desequilibrios profundizados durante 2023, la nueva administración heredó problemas de larga data: una economía estancada por más de una década (que promedió un crecimiento de sólo 0,2% del PIB en los últimos doce años), con fuertes déficits gemelos desde el año 2012 (en las cuentas públicas y en la balanza de pagos), un Banco Central con reservas netas negativas, mercados intervenidos con precios por debajo de sus niveles de equilibrio (entre ellos, el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos y distintos bienes y servicios bajo controles de precios) y un escenario de inflación creciente, amenazando con convertirse en un proceso hiperinflacionario. En materia social, la situación recibida es todavía más alarmante: más del 40% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza, número que se eleva al 60% si se consideran solamente los niños.

 

2.3   Avance del año 2024

 

  1. Contexto internacional

 

Las turbulencias en los mercados de energía y alimentos causadas por la guerra entre Rusia y Ucrania continúan retrocediendo. Los precios del GNL prosiguen la tendencia decreciente iniciada

 

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a fines de 2023, registrando en el año (hasta abril) una caída del -12,6% y alcanzando en agosto un valor de USD/MMBTU 9,0 al cierre de abril en el caso del holandés y un retroceso en el año de

-5,7% hasta USD/MMBTU 10,3 en el japonés. En el mismo período, el petróleo creció en un 13,8% para el caso del WTI, alcanzando un precio al cierre de abril de USD/ba 81,6 y el Brent creció en la misma magnitud alcanzando un valor al cierre de abril de USD/ba 87,7. La dinámica en este último caso está influenciada por la incertidumbre sobre el abastecimiento ante el posible recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente.

También continuó la caída en los precios de los alimentos. El índice de precios de los alimentos de la FAO experimentó una caída acumulada en el transcurso del año de 0,1%, y en el 2023 acumuló una caída del 10,5%. El precio del poroto de soja acumula una caída en el año (hasta abril) del 11,7% hasta los USD/tn 415,5, el del trigo del 7,4% hasta los USD/tn 598,0 y el de maíz de 9,8% hasta los USD/tn 445,8.

En este contexto, las últimas proyecciones del World Economic Outlook (WEO) del FMI esperan para este año y el que viene un crecimiento de la economía global del 3,2%. Se proyecta además una ligera aceleración para las economías avanzadas, donde se espera que el crecimiento aumente del 1,6% al 1,7% este año y 1,8% en 2025 que se verá compensada por una modesta desaceleración en las economías de mercados emergentes y en desarrollo del 4,3% en 2023 al 4,2% tanto en 2024 como en 2025.

En este año, el crecimiento proyectado para China es del 4,6% (-0,6 p.p. respecto al crecimiento de 2023), para la Eurozona del 0,8% (0,4 p.p. mayor al de 2023) y para los EE.UU. del 2,7% (0,2 p.p. por encima del crecimiento de 2023). En la región, el crecimiento proyectado para este año es de 3,8% para Paraguay (con una desaceleración de 0,7 p.p. respecto al año anterior), 2,4% para México (0,9 p.p. menos que en 2023), 2,5% para Perú (3 p.p. superior a 2023), 1,1% para Colombia (0,5 p.p. más que en 2023), y 2,0% para Chile (1,8 p.p. mayor al del año pasado).

Se pronostica que la inflación global disminuirá de manera constante del 6,8% en 2023 al 5,9% en 2024 y al 4,5% en 2025. Según WEO del FMI, las economías avanzadas regresarán a sus objetivos de inflación antes que las economías de mercados emergentes y en desarrollo, donde se prevé que la inflación se desacelerará de manera más gradual.

En EE.UU. el índice de precios minoristas continuó con la tendencia a la desaceleración, acumulando un crecimiento del 2,2% (inferior al 3,4% acumulado de 2023). En la Eurozona la inflación acumulada es del 1,6% (menor al 2,9% de 2023). La inflación minorista de China acumula en lo que va del año un crecimiento del 1% (mayor a la deflación del 0,3% del año pasado). En la región, se registró la misma dinámica: Brasil acumula hasta abril una inflación del 1,8% (menor al

 

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4,6% del 2023). En Colombia, el acumulado es del 3,3% (inferior al 9,3% del año pasado), en Perú es del 1,4% (menor al 3,4% de 2023), en México de 1,5% (menor al 4,7% de 2023) y en Paraguay de 2,8% (menor al 3,7% del año pasado).

En lo que va del año, la política monetaria muestra una amplía heterogeneidad por parte de los Bancos Centrales a nivel global. Algunos países comenzaron con el ciclo de bajas de tasas, mientras que otros propusieron las bajas e incluso abrieron la posibilidad de una suba más.

A principios de año se esperaba un inminente comienzo de un ciclo de baja de tasas por parte de la Reserva Federal de los EE.UU. No obstante, en el transcurso del año, al observarse un leve incremento en los índices mensuales de inflación y de la tasa de desempleo, se espera que la baja de tasas comience más cerca del último cuatrimestre del año. En las reuniones transcurridas en 2024, tanto la Reserva Federal de los EE.UU. y el Banco Central Europeo decidieron continuar manteniendo sus tasas de política monetaria sin cambios.

En la región, la mayoría de los países latinoamericanos decidieron bajar sus tasas de política económica. Brasil decidió bajar la tasa de política monetaria dos veces (en total en 150 p.b.), México una vez (en 25 p.b.), Chile dos veces (en un total de 250 p.b.), Paraguay cuatro veces (en total en 125 p.b.) y Colombia dos veces (en 100 p.b. en total).

 

  1. Contexto local

 

El 10 de diciembre de 2023 asumió la nueva administración, con un programa económico orientado a resolver los desequilibrios heredados, encarar la crítica situación en la que se encontraba la economía argentina y revertir el estancamiento económico y el deterioro en los indicadores sociales en que se encuentra sumida la Argentina desde hace casi un siglo. El programa se centra en los objetivos de estabilizar la macroeconomía y destrabar el comercio interior y exterior, para impulsar la inversión, la creación de empleo y la mejora en los ingresos reales.

El pilar fundamental del programa es el equilibrio financiero del Sector Público No Financiero. El mismo se alcanzó en tiempo récord: partiendo de un déficit financiero de 4,4% del PIB (4,6% si se excluyen los ingresos extraordinarios vinculados a la licitación del 5G) en 2023, en enero de 2024 se registró un superávit primario de 0,3% del PIB y un excedente financiero de 0,1% del PIB. En los primeros 5 meses del año, el superávit primario ascendió a 1% del PIB y el financiero a 0,4% del PIB.

Este resultado se alcanzó con una combinación de suba transitoria de impuestos y con el ordenamiento de las cuentas fiscales nacionales ligado principalmente a la eliminación de gastos

 

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que no hacen a las funciones esenciales del Poder Ejecutivo Nacional, y a la reducción de subsidios económicos.

Entre los mencionados gastos se encuentran gran cantidad de partidas instrumentadas a través de transferencias de carácter discrecional a provincias y municipios, acompañado por la no renovación de la asistencia para el pago de salarios docentes provinciales, salarios para fuerzas de seguridad provinciales, o para la ejecución de obras menores en diferentes localidades, como parte fundamental del cambio estructural de la política fiscal de esta gestión.

Este cambio en la relación fiscal con las provincias y municipios implicó una reducción de las transferencias discrecionales de 81% i.a. en términos reales a fines de mayo. Vale destacar que estas medidas no han afectado los pagos en tiempo y forma de los compromisos legales asumidos con las provincias en concepto de compensaciones varias.

Por otra parte, se mejoró significativamente la situación presupuestaria de empresas públicas y fondos fiduciarios. Respecto de las primeras, se redujeron los aportes desde la Nación y se inició un profundo proceso de ordenamiento en sus cuentas. Durante los primeros cinco meses, las transferencias del Tesoro a las mismas disminuyeron en un 52,9% i.a. en términos reales. Asimismo, las acciones de ajuste en las mismas se vieron reflejadas en la mejora de su Resultado Primario previo a la asistencia del Tesoro.

En cuanto a los fondos fiduciarios, se está consolidando el universo de los mismos para ordenar el stock de activos y pasivos y mejorar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados, dando de baja aquellos que no revisten relevancia (entre los que ya se encuentran el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Generación Distribuida de Energías Renovables, Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria y Fondo Estabilizador del Trigo Argentino). Mientras avanza el proceso de saneamiento, las transferencias del Tesoro a los Fondos Fiduciarios cayeron en un 62,1% i.a. en términos reales durante los primeros cinco meses.

De esta forma, el gasto primario se redujo en 31% i.a. en términos reales, con bajas de 83% i.a. en gastos de capital, 75% i.a. en transferencias corrientes discrecionales a provincias, 33% i.a. en otros gastos corrientes, 33% i.a. en subsidios económicos y 21% i.a. en gastos de funcionamiento.

En particular, si bien el gasto total en jubilaciones y pensiones acumulado en los primeros cinco meses del año cayó en términos reales en la comparación interanual, esto se debió exclusivamente a la reducción real en enero y febrero, cuando se encontraba vigente la anterior fórmula de movilidad previsional con ajustes trimestrales. Sin embargo, a partir de abril, la recomposición de 12,5% y el

 

 

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paso a una actualización mensual por inflación con un rezago de 2 meses ha permitido una recuperación en el valor real de las prestaciones, que en mayo ya recuperaron el nivel de noviembre de 2023, y donde es esperable que las jubilaciones continúen creciendo en términos reales.

La consolidación en las cuentas públicas se alcanzó además con un significativo incremento en el valor real de los programas sociales sin intermediarios como la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y el plan Primeros Mil Días que crecieron 335%, 138% y 1.205% entre noviembre de 2023 y junio de 2024, presentando en todos los casos subas en términos de poder adquisitivo.

El equilibrio financiero permitió eliminar tanto el endeudamiento neto como el financiamiento monetario del BCRA. Esto ha contribuido a una significativa mejora en el balance del BCRA, condición necesaria para sostener el proceso de desinflación, al cerrar una de las principales fuentes de emisión monetaria en los últimos años. Adicionalmente, al no requerir fondos para financiar el déficit fiscal, la Secretaría de Finanzas ha realizado operaciones de colocación de deuda tendientes tanto a refinanciar los vencimientos existentes como a reducir el excedente monetario vía la recompra de títulos en cartera del BCRA y la captación de pesos que se encontraban en pases pasivos. La mejora en la confianza permitió que las colocaciones se realizaran a tasas de interés sostenibles y con una mayor participación de instrumentos a tasa fija, reconstruyendo una curva de tasas del Tesoro de corto plazo.

El programa también encaró situaciones urgentes para la macroeconomía. Se negoció un préstamo puente con la Corporación Andina de Fomento (CAF), que permitió evitar un default con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, en el primer mes de gestión se renegociaron las metas con el organismo, lo que llevó a que el programa volviera a estar en vigencia con metas que Argentina sobrecumplíó en la octava revisión.

Por otro lado, desde diciembre se adoptaron decisiones que se enmarcan en el objetivo de facilitar y simplificar las reglas del comercio, eliminar las trabas a las importaciones y liberar la capacidad productiva de la Argentina.

En lo que respecta a la administración del Comercio Exterior, se simplificaron y liberaron las importaciones mediante la reducción de aranceles y la derogación de un conjunto de normas que funcionaban como barreras parancelarias que restringían la producción, generando costos innecesarios para las empresas que se traducían en mayores niveles de precios para el consumidor final.

 

 

 

 

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Se eliminó el sistema anterior de importaciones, conocido como SIRA, y se implementó el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), que recupera la transparencia en la administración pública del comercio exterior. Con la implementación de este nuevo mecanismo, desaparecieron las trabas al comercio basadas en la discrecionalidad y se adoptó un nuevo sistema sin discrecionalidad, licencias, ni permisos para importar. Asimismo, se derogó la Capacidad Económica Financiera (CEF), un coeficiente discrecional cuyo único fin era limitar las posibilidades de importación de las empresas.

Otra política de alivio para la industria fue la eliminación del Impuesto PAIS para los productos que están dentro del régimen de importación temporaria. También se amplió el plazo de validez del certificado de importación temporaria (CTIT) y se incorporó la posibilidad que las firmas incluyan a un ingeniero matriculado privado para la emisión del dictamen técnico.

Se normalizó la deuda de las empresas argentinas con los proveedores del exterior, que había crecido fuertemente durante 2022 y 2023, y dejaba a muchas empresas sin líneas de crédito y a la economía argentina al borde del desabastecimiento. Para ello, se abrió el Padrón de Deuda Comercial para que los importadores se registren y, de esa forma, se pueda conocer la deuda real de las empresas. Una vez conocida esta deuda, se dispusieron cronogramas y formas de pago concretas, como lo fue el bono Bopreal. Esta medida permitió brindar mejoras operativas de deudas que no se podían normalizar. En total, 15.000 firmas cargaron sus deudas, entre grandes, medianas y pequeñas empresas.

Posteriormente, se habilitó el acceso al mercado de cambios a 10.000 PyMEs con deudas declaradas por hasta USD 500.000, para que puedan cancelar la totalidad de sus compromisos con el exterior a partir de febrero. Gracias a esta medida, las pequeñas y medianas empresas pudieron resolver el 100% de su deuda comercial.

Con el fin de apuntalar la desaceleración de la inflación en los productos de la canasta básica y los medicamentos, se procedió a suspender, por el plazo de 120 días, el cobro de la percepción del IVA adicional y el impuesto a las ganancias a las importaciones de estos productos. Con esta iniciativa también se acortó el plazo de pago de importaciones de alimentos, bebidas, productos de limpieza, cuidado e higiene personal, que pasaron de un esquema de pago en 4 cuotas a un plazo de pago en una sola cuota a los 30 días.

Adicionalmente, se eliminó la obligatoriedad que tenía una lista de productos de atravesar el “canal rojo normativo”, el cual requería un control aduanero exhaustivo que generaba costos y demoras para las empresas importadoras. A partir de esta resolución, la mercadería en cuestión quedó

 

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sometida a la verificación aleatoria que establece la Aduana para todo el universo arancelario. En lugar de criterios arbitrarios, que alcanzaban por definición a ciertos bienes del rubro textil y calzado, entre otros, se decidió liberar a un 36% de las operaciones de importación que ingresaban obligatoriamente al canal rojo, las cuales representaban un 7% del total de las importaciones realizadas en el país.

Se derogó la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP), un trámite que representaba para el sector textil y de calzado un costo total de 5 millones de dólares anuales. La DJCP exigía a los fabricantes e importadores del sector información redundante sobre la composición y el material de los productos que ya estaba detallada en la etiqueta de cada artículo. Con su eliminación, se evitaron 1.000.000 de declaraciones innecesarias e improductivas.

Con el fin de producir un impacto positivo en los precios locales que paga el consumidor final, se redujeron los aranceles de importación de heladeras y lavarropas, de un 35 a un 20%; de neumáticos, de 35 a 16%; y de los principales insumos plásticos, de 12,6 a 6%. Se implementó una baja de aranceles también para una amplia gama de fertilizantes y herbicidas. Finalmente, se lanzó el nuevo sitio de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para planificar operaciones, iniciar y realizar el seguimiento de más de 500 trámites, y conocer los cambios normativos relacionados al comercio exterior.

En relación al comercio interior se lanzaron distintas medidas con el objetivo de dotar de transparencia al mercado y brindar mayores opciones a los consumidores. En este marco, se lanzó Cuota Simple, el programa que ofrece el financiamiento de compras en 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas fijas. Asimismo, se estableció que todos los comercios que operen con tarjetas de crédito o débito deberán poner a disposición de los usuarios una terminal de pago a la vista del cliente para reducir la posibilidad de maniobras de vulneración de datos y estafas.

Por otra parte, se derogaron 69 normas que obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y distorsionaban el sistema de precios. Entre las normas derogadas se encuentran las normativas relacionadas al abastecimiento y requerimientos de información, como la ley de Góndolas, de abastecimiento y del observatorio de precios; el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SiFIRE), que obligaba a las empresas a informar etiquetas y rótulos de nuevos productos; el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), que obligaba a las firmas a informar mensualmente al Estado los precios y cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios; la obligación a los frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidades vendidas, entre tantas otras. Adicionalmente, se redujo a la mitad la cantidad de aranceles en el área de metrología legal, lo que simplificará y acelerará las

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aprobaciones de nuevos modelos de instrumentos de medición a comercializar que soliciten las empresas o personas físicas. Esto permitirá bajar el costo que tienen las empresas para aprobar nuevos modelos a comercializar, evitando que dicha erogación se traslade al precio que paga el consumidor final.

En lo referente a gestión productiva, se aceleraron trámites que significaban una traba para el desarrollo industrial y generaban gastos innecesarios. En lo que respecta a la industria automotriz y terminales de motos, se simplificaron los procesos de tramitación de la Licencia para Configuración de Modelo (LCM), el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS) y el Certificado de Autopartes de Primer Equipo (CAPE). Entre otras medidas, se facilitó el acceso al Régimen de Importación de productos para tratamiento y/o proceso de rehabilitación y/o capacitación de personas con discapacidad y se eliminó el trámite que se requería para importar radios de alta frecuencia (VHF y UHF).

El programa económico implementado rápidamente comenzó a mostrar impactos positivos. El sinceramiento en el valor del tipo de cambio introdujo un factor de incentivo a la producción y a la exportación y un desincentivo a continuar incrementando artificialmente las importaciones. En mayo de 2024, el saldo comercial resultó superavitario por sexto mes consecutivo, con cinco meses seguidos de exportaciones creciendo e importaciones disminuyendo en términos interanuales. Así, en los primeros cinco meses del año, el superávit comercial base devengado fue de USD 8.812 millones, frente a un déficit de USD2.660 millones en igual período de 2023. El superávit comercial fue crucial para el proceso de acumulación de reservas del BCRA, que fue resultado de las compras netas de divisas realizadas por el BCRA, que desde el 10 de diciembre de 2023 a los últimos días de mayo acumula compras por USD 17.284 millones. El ordenamiento fiscal y monetario permitió el sobrecumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, lo que contribuyó a reforzar la construcción de credibilidad del programa económico.

Las brechas cambiarias con los dólares financieros, como el contado con liquidación (CCL) y el dólar MEP, mostraron una importante disminución desde la asunción de la actual administración y se mantuvieron en promedio torno al 30% en los primeros meses de 2024, muy por debajo de las brechas heredadas que a principios de diciembre llegaron a ser superiores al 170%.

De este modo, gracias a la consolidación fiscal, que redundó en la eliminación del financiamiento monetario y contribuyó decisivamente al saneamiento de la hoja de balance del BCRA, la inflación comenzó a desacelerarse de forma rápida y significativa en 2024.

 

 

 

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El pico de inflación se registró en los meses de diciembre de 2023 (25,5% mensual) y enero de 2024 (20,6% mensual), en el marco del reacomodamiento de precios relativos, a partir del sinceramiento del tipo de cambio nominal, y del precio de algunos bienes y servicios que se encontraban bajo esquemas de controles de precios. Desde entonces, e incluso considerando el impacto del sinceramiento en las tarifas de energía y transporte, la inflación se redujo de forma sostenida: en febrero bajó hasta el 13,2% mensual, en marzo lo hizo hasta el 11,0% mensual, en abril perforó el umbral de los dos dígitos (8,8% mensual) y en mayo se ubicó en 4,2%, alcanzando el menor registro desde enero de 2022.

Con respecto a la evolución de las categorías, la inflación Núcleo desaceleró desde el 28,3% mensual en diciembre, al 20,2% mensual en enero, 12,3% mensual en febrero, 9,4% mensual en marzo, 6,3% en abril y 3,8% en el mes de mayo. De esta forma, en los primeros cinco meses del año la inflación Núcleo acumulada es de 62,9%. Una trayectoria similar mostró el componente Estacional que, con una variabilidad mensual mayor debido a su naturaleza volátil, acumuló en los primeros cinco meses del año un aumento de 65,4%.

Esta dinámica de desaceleración de la inflación se dio incluso en un contexto de corrección de precios de bienes y servicios regulados. En este sentido, la categoría Regulados acumuló en los primeros cinco meses del año un aumento del 123,0% – prácticamente el doble que la Núcleo y los Estacionales–, con aumentos mensuales promedio del orden del 18,2% desde diciembre de 2023.

Esta desaceleración, además, se está dando de forma generalizada en todas las divisiones: en diciembre, la totalidad de los rubros del IPC (mayor nivel de desagregación) aceleraban su variación interanual, mientras que en abril más del 80% de la totalidad de los rubros del IPC desacelera.

Durante el año 2024, las divisiones con mayores aumentos acumulados fueron Comunicación (123,5%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (115,9%), ya que contienen bienes o servicios regulados cuyos valores se actualizaron, como se mencionó anteriormente. Le siguieron Bienes y servicios varios (103,3%), Educación (97,9%) y Transporte (91,7%). En cambio, la división que acumula el menor incremento en 2024 es Prendas de Vestir y Calzado (51,1%), seguida por un grupo de varias divisiones con aumentos en torno al 60%. En el caso puntual de los alimentos, la división Alimentos y bebidas acumuló en los primeros cinco meses del año una suba de 65,6%, con una tasa de inflación mensual promedio del 10,7%, pero con una clara tendencia a la desaceleración. Esta división pasó de registrar una inflación del 29,7% mensual en diciembre de 2023 y 20,4% mensual en enero de 2024 hasta alcanzar el 4,8% mensual en el mes de mayo.

 

 

 

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La inflación mayorista también cayó de forma significativa, pasando de registrar una tasa del 54% mensual en diciembre de 2023 –equivalente a un 17.000% anualizado– al 3,4% mensual en abril y 3,5% mensual en mayo. De esta forma, la tasa de inflación anualizada cayó al 50,8% y se logró evitar un proceso hiperinflacionario. Esto se dio además con estabilidad de precios en el rubro de Importados durante abril (0% mensual) y caída en mayo (-2,1% mensual). De esta forma, en los primeros cinco meses del año la inflación mayorista acumulada es del 46,6%. Esta tendencia también se observó en el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (GBA), que pasó de registrar un aumento del 30,6% mensual en diciembre de 2023 a acumular en lo que va de 2024 una suba del 54,0%.

En lo relativo al nivel de actividad, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló en el primer trimestre del año 2024 una caída de -5,3% interanual y de -3,0% trimestral sin estacionalidad. La mayor caída interanual del trimestre se registró en el sector de la Construcción (-23,3% interanual), seguido por la Industria (-13,4% interanual). La caída de la Industria impactó en otras actividades como el Comercio, que registró una baja de -10,8% interanual. El conjunto de estos tres sectores explicó el 82% de la caída del EMAE en el primer trimestre de 2024.

No obstante, las perspectivas son buenas para los sectores productores de bienes. En particular, el sector Agropecuario mostró una suba de 11,2% interanual en el primer trimestre del año, reflejando una mejora significativa en la campaña agrícola 2023/2024. La Secretaría de Bioeconomía estima para el trigo un aumento de 26%, con una cosecha de 15,9 millones de toneladas (MT) y para la cebada un aumento de 11%, con 5,1 MT. Respecto de la cosecha gruesa, aún sin datos definitivos, la cosecha de soja prácticamente duplicaría a la del año anterior, pasando de 25,0 a 49,7 MT, mientras que la producción de maíz aumentaría 33%, con 55 MT. De esta forma, según estimaciones provisorias de la Secretaría de Bioeconomía, el conjunto de los seis principales cultivos –soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sorgo– totalizaría las 133 MT, lo que implica una suba de 47% y de 42 MT respecto de la campaña anterior, impulsada por precipitaciones en línea con valores históricos normales.

En el mismo sentido, el sector de Minas y Canteras creció 8,1% interanual y acumula doce trimestres consecutivos en alza, ubicándose en el máximo nivel desde el inicio de la serie en 2004. En materia de hidrocarburos, la producción de petróleo sigue en alza, con un aumento de 9,0% promedio anual en 2023 y de 8,7% interanual en el primer cuatrimestre de 2024. Por su parte, la producción de gas natural registró una caída de -0,8% promedio anual en 2023, pero en el primer cuatrimestre de 2024 presenta una recuperación, con un crecimiento de 3,6% interanual. En ambos casos, la producción no convencional proveniente de Vaca Muerta es el motor principal del crecimiento. En abril de 2024

 

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la producción no convencional representó el 54% del petróleo y el 61% de gas producido a nivel nacional. A modo de comparación, a fines de 2022 estos valores se ubicaban en 45% y 55%, respectivamente. A estas subas se suma la de la Pesca, con crecimiento de 4,7% interanual. Estos tres sectores, agrupados, contrarrestaron en 0,9 p.p. la caída del EMAE.

Asimismo, los últimos datos conocidos de abril y mayo elaborados por el INDEC y por diversas cámaras sectoriales muestran un recorte de las tasas de caída interanual, tanto en la producción automotriz, como en los despachos de cemento al mercado interno y la siderurgia, reflejando una mejoría en la mayor parte de los sectores productivos en las comparaciones intermensuales.

Desde el lado de la demanda, las expectativas para los próximos meses también son positivas. Por un lado, por la mejora en el poder adquisitivo de los salarios frente a la desaceleración de la inflación, el aumento real en los programas sociales sin intermediarios orientados a la población más vulnerable, y la suba en las jubilaciones y pensiones tras el cambio en la fórmula de movilidad previsional realizado en abril. A partir del mes de abril varios sindicatos importantes cerraron acuerdos por encima de la inflación del mes. La trayectoria de aumentos salariales para los próximos meses también es superior a las expectativas de inflación del mercado. Por lo tanto, es esperable que las remuneraciones en términos reales continúen mejorando a lo largo del año y favorezcan la recuperación de la actividad económica.

Por otro lado, la estabilización macroeconómica, la eliminación del déficit fiscal y el fuerte recorte del déficit cuasifiscal abren el camino para el crecimiento del crédito al sector privado, algo que ya comenzó a observarse con la reaparición del crédito hipotecario de largo plazo. Los recursos del sector privado que hasta el año pasado captaba el sector público para financiar su déficit consolidado ahora podrán volcarse al financiamiento a familias y empresas.

 

2.4   Escenarios macroeconómicos

 

En el contexto mundial, en 2024 el PIB global crecería 3,2%; en particular, el PIB de EE.UU. avanzaría 2,7%, el de Brasil 2,2% y el de China 4,6%, según las proyecciones del FMI.

El precio de la soja ha disminuido significativamente este año. En enero-mayo de 2024, la cotización FOB oficial de la oleaginosa cayó -27% respecto de igual período de 2023, en línea con la dinámica bajista del mercado de futuros de Chicago.

En el contexto local, el PIB se proyecta con una caída del -3,5% para 2024. A nivel sectorial, el

sector Agropecuario crece 34,6%. La producción de soja sube de 25,0 a 49,7 millones de toneladas

 

 

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(MT) (+98%) y la de maíz de 41,4 a 56,0 MT (+35%), de acuerdo con la estimación de la Secretaría de Bioeconomía. La Industria y el Comercio –los sectores de mayor peso– se proyectan con bajas de -9,8% y -9,1%. En suma, los rubros de bienes disminuyen en promedio -1,0% y los servicios, – 3,6%. Por el lado de la demanda, se prevén caídas de -6,6% en el Consumo Privado, -7,8% en el Consumo público y -17,2% en la Inversión; por su parte, las cantidades exportadas suben 20,9% y las importadas se reducen -17,7%.

 

Proyecciones del PIB y sus componentes

Variación % interanual

 

Variable Unidad 2023 2024
PIB Var. % i.a. -1,6% -3,5%
Consumo privado Var. % i.a. 1,1% -6,6%
Consumo público Var. % i.a. 1,2% -7,8%
Inversión Var. % i.a. -1,9% -17,2%
Exportaciones Var. % i.a. -6,7% 20,9%
Importaciones Var. % i.a. 2,2% -17,7%

Fuente: Ministerio de Economía

 

El tipo de cambio nominal (TCN) con el dólar se eleva a $ 1016,1 (+58,3% interanual) y la inflación proyectada al inicio del proceso de elaboración del presupuesto se ubicaba en un 139,7% interanual para diciembre de 2024, resultando en una baja promedio del tipo de cambio real (TCR) bilateral de

-2,3% en el año. Sin embargo, los datos oficiales sobre inflación publicados con posterioridad al cierre de esta etapa de elaboración del presupuesto sugieren que la inflación estará situada por debajo del 130% interanual a diciembre 2024.

El valor exportado de bienes y servicios se incrementa 14,4% y el valor importado se reduce -20,7%, arrojando un superávit comercial de USD 21.918 millones, con una significativa mejora respecto del déficit registrado en 2023, que fue de USD -9.215 millones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Proyecciones de comercio exterior de bienes y servicios

En millones de USD

 

Variable Unidad 2023 2024
M de USD 83.359 95.367
Exportaciones
Var. % i.a. -19,1% 14,4%
M de USD 92.574 73.449
Importaciones
Var. % i.a. -5,1% -20,7%
Saldo comercial M de USD -9.215 21.918

Fuente: Ministerio de Economía

 

 

 

3.    Ejecución Presupuestaria al 31/05/2024

 

3.1   Ingresos, gastos y resultado fiscal

 

La gestión financiera de la Administración Pública Nacional (Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social) durante los primeros cinco meses de 2024, en base devengada, con relación al total proyectado para el ejercicio, puede observarse en el siguiente cuadro:

 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

En millones de pesos

 

CONCEPTO Presupuesto Vigente Ejecución al 31/05/2024 Porcentaje de Ejecución
Recursos Totales 46.551.560,7 30.259.594,3 65,0
– Corrientes (*) 46.396.104,4 30.235.213,0 65,2
– Capital 155.456,3 24.381,3 15,7
Gastos Totales 54.494.341,8 28.622.895,4 52,5
– Corrientes (**) 51.400.771,3 28.153.621,2 54,8
– Capital 3.093.570,5 469.274,2 15,2
Resultado Primario -1.183.099,6 5.640.405,4
Resultado Financiero -7.942.781,0 1.636.698,9

(*) Excluye rentas de la propiedad generadas por activos de la Administración Nacional en posesión principalmente del FGS y otros organismos de dicho universo y rentas percibidas del BCRA.

(**) Excluye intereses pagados Intra-Administración Nacional.

 

 

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Cabe recordar que para 2024 rige una Ley de presupuesto prorrogada a partir del Decreto N°88/2023, siguiendo las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023 (conforme al Artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional).

En el período analizado la Administración Pública Nacional registró un resultado primario superavitario, en base devengado, de $5.640.405,4 millones y un resultado financiero también positivo de $1.636.698,9 millones.

Los recursos totales percibidos durante el período enero – mayo de 2024 se ubicaron en el 65,0% con respecto al presupuesto vigente de recursos. Los recursos corrientes, que constituyeron prácticamente la totalidad de los recursos percibidos por la Administración Nacional, están conformados, en su mayor parte, por los ingresos impositivos y los aportes y contribuciones a la seguridad social, que ascendieron a $20.157.367,5 millones y $8.128.281,7 millones, respectivamente.

En el período enero a mayo de 2024 los ingresos impositivos registraron un incremento de

$15.230.082,8 millones (309,1%) con relación a igual periodo del año anterior motorizados principalmente por la dinámica de los tributos asociados al comercio exterior -derechos de exportación e importación e Impuesto PAIS-; mientras que, entre los tributos ligados a la actividad económica interna, se destaca la recaudación correspondiente al IVA neto de reintegros y a los débitos y créditos bancarios. Los aportes y contribuciones a la seguridad social resultaron mayores en $5.466.752,9 millones (205,4%) con relación a iguales meses del año anterior, al igual que las rentas de la propiedad cuyo incremento fue de $1.075.075,6 millones (644,7%).

Los gastos totales de la Administración Pública Nacional realizados durante los primeros cinco meses del año 2024 devengaron el 52,5% del nivel estimado para el ejercicio, totalizando

$28.622.895,4 millones. Este monto representa un incremento de $18.231.255,9 millones (175,4%) respecto a igual período del año anterior, mientras que el gasto primario (no incluye intereses) ascendió a $24.619.188,9 millones, lo que implica un aumento de $15.298.909,5 millones (164,1%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ADMINISTRACIÓN NACIONAL

En millones de pesos

 

 

CONCEPTO

Ejecución al 31/05/2023 Presupuesto Vigente Ejecución al 31/05/2024 Variación 2024 -2023 %

Ejec

GASTOS CORRIENTES 9.745.376,5 51.400.771,3 28.153.621,2 18.408.244,7 188,9 54,8
Prestaciones de la Seguridad Social 3.689.323,2 18.993.239,0 9.988.413,5 6.299.090,4 170,7 52,6
Intereses Netos y Otras Rentas de 1.072.653,4 7.124.498,8 4.006.791,6 2.934.138,1 273,5 56,2
la Propiedad
Remuneraciones 1.078.489,9 5.887.364,1 3.450.194,8 2.371.704,9 219,9 58,6
Transf. a Empr. Públicas, Fondos 503.647,3 2.380.055,5 1.726.239,2 1.222.591,9 242,7 72,5
Fiduc. y Otros Entes SPN
Asignaciones Familiares 767.111,9 3.604.204,1 1.631.992,1 864.880,2 112,7 45,3
Transferencias a Empresas 520.770,8 3.004.459,1 1.845.450,2 1.324.679,4 254,4 61,4
Privadas
Transferencias a Provincias y 247.141,9 1.463.654,3 555.480,3 308.338,4 124,8 38,0
Municipios
Bienes y Servicios 306.740,2 1.500.853,6 324.482,6 17.742,4 5,8 21,6
Universidades Nacionales 334.193,9 1.381.409,0 951.023,6 616.829,7 184,6 68,8
Instit. Nac. de Serv. Soc. para 109.930,2 459.899,2 292.058,5 182.128,3 165,7 63,5
Jubilados y Pensionados
Otros Gastos 1.115.373,7 5.601.134,5 3.381.494,7 2.266.121,0 203,2 60,4
GASTOS DE CAPITAL 646.263,0 3.093.570,5 469.274,2 -176.988,8 27,4 15,2
Inversión Real Directa 206.288,6 960.918,0 112.699,6 -93.589,0 -45,4 11,7
Transferencias de Capital 431.299,6 2.058.848,2 356.258,4 -75.041,2 -17,4 17,3
Inversión Financiera 8.674,8 73.804,3 316,3 -8.358,6 -96,4 0,4
TOTAL 10.391.639,5 54.494.341,8 28.622.895,4 18.231.255,9 175,4 52,5

(*) Excluye intereses pagados Intra-Administración Nacional.

(**) Incluye las iniciativas destinadas a sostener el empleo y el ingreso de las familias (Refuerzo de ingresos a jubilados/pensionados y sectores vulnerables, ex Potenciar Trabajo, Becas PROGRESAR, entre otros).

 

 

Entre los principales conceptos que explican las variaciones en el gasto primario se mencionan los siguientes:

 

‐ Prestaciones de la Seguridad Social ($6.299.090,4 millones) se debe principalmente a la aplicación de la política de movilidad de los haberes previsionales (Decreto N° 104/2021 reglamentario Ley N° 27.609 y N° 27.609 y Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/2024), que repercute dentro de este concepto sobre los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las Pensiones No Contributivas (PNC, incluye pensiones madres de 7 o más

 

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hijos, por discapacidad y otras) y las Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur; como así también por la aplicación de la Ley de Reparación Histórica Nº 27.260.

‐       Intereses Netos y Otras Rentas de la Propiedad ($2.934.138,1 millones).

 

‐ Remuneraciones ($2.371.704,9 millones) cuyo aumento se explica fundamentalmente por la incidencia de las medidas de política salarial aplicadas a lo largo de 2023 y en lo que va de 2024 destinadas a mejorar el poder adquisitivo de los salarios de trabajadores de la Administración Nacional.

‐ Asistencia financiera para la ejecución de políticas energéticas a través de la Empresa Integración Energética Argentina S.A. (ex ENARSA) y de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) ($1.486.876,6 millones).

‐ Asignaciones familiares ($1.324.679,4 millones) como producto de la aplicación del índice de movilidad (Ley N° 27.160), de los refuerzos mensuales otorgados en 2023 y el incremento del 100% en la prestación de la asignación universal para la protección social (Decreto N°117/2023).

‐  Refuerzo de ingresos a personas jubiladas y/o pensionadas destinados a compensar la pérdida del poder adquisitivo de ingresos, incluyendo a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas ($1.212.366,9 millones).

‐ Transferencias a universidades nacionales ($616.829,7 millones) principalmente para la atención de gastos salariales y operativos.

‐  Continuidad en la atención del Plan Nacional de la Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social ($487.009,2 millones) donde se destacan el componente complemento alimentario, el refuerzo para acompañar los fondos provinciales a comedores escolares y comederos; así como, la Tarjeta Alimentar, ésta última con un incremento del 100% de la prestación (Resoluciones N°3/2024 y N°11/2024 del Ministerio de Capital Humano).

‐ Ayuda económica a los beneficiarios del “Potenciar Trabajo” y, desde abril de 2024, de la iniciativa Programa Volver al Trabajo (Decreto N°198/2024) ($228.135,4 millones).

‐ Compensación al transporte automotor de pasajeros a través del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura de Transporte ($218.165,7 millones).

‐ Transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados – INSSJyP ($182.128,3 millones).

 

 

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‐  Asistencia financiera a las empresas Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A., Operador Ferroviario S.E. y Belgrano Cargas y Logística ($164.516,9 millones) principalmente para la atención de los gastos en personal de las ex concesiones de las Líneas San Martín, Roca, Belgrano Sur, Sarmiento, Mitre y Belgrano Cargas.

‐  Transferencias para el funcionamiento de hospitales a cargo del Ministerio de Salud ($135.789,1 millones).

 

 

3.2   Gasto por finalidad-función

 

Complementariamente, se expone a continuación la información correspondiente a la ejecución del gasto acumulada al 31/05/2024 según la clasificación por finalidades y principales funciones.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

En millones de pesos

 

 

CONCEPTO

Ejecución al 31/05/2024  

Estructura Porcentual

Millones de pesos % sobre Presupuesto

Vigente

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 1.103.459,3 34,3 3,9
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1.320.717,0 55,9 4,6
SERVICIOS SOCIALES 18.434.493,8 53,6 64,4
Salud 1.062.520,8 57,4 3,7
Promoción y Asistencia Social 1.324.522,9 59,1 4,6
Seguridad Social 13.766.460,0 55,2 48,1
Educación y Cultura 1.447.214,0 46,1 5,1
Ciencia, Tecnología e Innovación 375.634,3 57,4 1,3
Trabajo 195.595,4 32,4 0,7
Vivienda y Urbanismo 100.190,1 21,1 0,4
Agua Potable y Alcantarillado 162.356,3 31,8 0,6
SERVICIOS ECONÓMICOS 3.719.711,4 48,4 13,0
Energía, Combustibles y Minería 2.547.243,3 60,1 8,9
Comunicaciones 201.622,6 65,5 0,7
Transporte 789.718,6 32,6 2,8
Ecología y Desarrollo Sostenible 39.886,2 31,0 0,1
Agricultura. Ganadería y Pesca 70.574,9 24,6 0,2
Industria 25.963,2 14,9 0,1
Comercio, Turismo y Otros Servicios 11.146,6 15,0 0,0

 

 

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Seguros y Finanzas

DEUDA PÚBLICA

33.556,1

4.044.513,9

60,8

59,2

0,1

14,1

TOTAL 28.622.895,4 52,5 100,0

En la estructura porcentual de la ejecución se destaca la participación de los Servicios Sociales (64,4%), en particular en las partidas vinculadas con la Seguridad Social (48,1%), Educación y Cultura (5,1%) y Promoción y Asistencia Social (4,6%) y de los Servicios Económicos (13,0%), principalmente Energía, Combustibles y Minería (8,9%) y Transporte (2,8%); y de la finalidad Deuda Pública (14,1%).

 

 

 

4.    Las prioridades de la política presupuestaria

 

Esta gestión de gobierno asumió con el objetivo primario de terminar con los desequilibrios fiscales y macroeconómicos derivados de las políticas inconsistentes desplegadas en el pasado. Lograr y sostener el equilibrio fiscal es uno de los principios rectores de las decisiones del gobierno, así como también la eliminación del financiamiento del Tesoro por la vía de la emisión monetaria. En base a estos pilares fundamentales se seguirán dando pasos para la corrección de distorsiones en los precios relativos, la reducción de la inflación y la generación de las condiciones de estabilidad necesarias para que pueda desarrollarse libremente el sector privado y se recupere el crecimiento económico.

En este sentido, mantener el equilibrio fiscal será un compromiso ineludible de gobierno, priorizando a su vez el acompañamiento social de los sectores más vulnerables, haciendo énfasis en los niños y adultos mayores y revalorizando el trabajo como elemento organizador e integrador de la sociedad. A su vez, se profundizará la modernización y simplificación del Estado con el objetivo de lograr un servicio público que haga un uso eficaz y eficiente de los recursos aportados por los ciudadanos por medio de los impuestos. Finalmente, se continuará con el fortalecimiento de las áreas de defensa nacional y seguridad interior, para el resguardo de la soberanía territorial y garantizarles a los argentinos la seguridad y orden públicos en sus vidas, para que puedan desarrollarse plenamente y en libertad.

 

4.1   Equilibrio Fiscal Sostenido

 

Durante los primeros meses de gobierno se han adoptado medidas audaces que permitieron avanzar de forma más rápida de lo previsto hacia el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación, la mejora del balance del banco central y el fortalecimiento de las reservas internacionales.

 

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En cuanto al equilibrio fiscal, en el mes de mayo de 2024 y por quinto mes consecutivo se lograron superávits primario y financiero, lo que constituye un hito muy significativo ya que esta situación no se observaba desde el año 2008. Así, el Sector Público Nacional acumuló en dicho período un superávit primario del 1,1% del PBI y un superávit financiero del 0,4% del PBI, luego del pago de intereses de la deuda. El superávit primario alcanzado en marzo sobrecumplió en +0,5 p.p. la meta acordada en la última revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI para el primer trimestre y el registrado durante abril y mayo continúa el sendero necesario para cumplir la meta correspondiente al segundo trimestre, estimada en torno al 0,8% del PIB.

Durante 2025, se plantea continuar en esta senda de equilibrio fiscal para corregir definitivamente los desajustes y sostener las condiciones de estabilidad macroeconómica que permitan el despegue definitivo de las potencialidades productivas del país, generando un ambiente favorable para el incremento de la inversión privada, una mejora de la productividad, y el crecimiento de la actividad, del empleo y los ingresos.

 

4.2   Acompañamiento social sin intermediaciones

 

El impuesto inflacionario producto de los desajustes monetarios y fiscales heredados afecta profundamente a los sectores más vulnerables. La gestión anterior dejó el gobierno con altos niveles de pobreza e indigencia, que afectan con una mayor crudeza a los niños. En este contexto, se han realizado esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños en los sectores más vulnerables y proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, priorizando el acompañamiento social (eliminando intermediaciones irregulares que impedían que las prestaciones llegaran en forma transparente y directa al beneficiario) mientras se evidencian los efectos positivos de la estabilización.

En cuanto a las jubilaciones y pensiones, este gobierno se ha propuesto recomponer y sostener sus ingresos.

En ese sentido, se decidió establecer una nueva fórmula de movilidad que actualiza los haberes mensualmente desde julio de 2024, en función de la evolución de la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el INDEC. Asimismo, se estableció un periodo de transición desde abril de 2024 con incrementos mensuales a cuenta de la movilidad de junio de 2024 prevista en la fórmula anterior previendo ajustar en este último mes según el mejor índice que resulte del comparativo de ambas fórmulas. Por ello, en abril se otorgó un incremento extraordinario del 12,5% para compensar la caída real observada en los haberes previsionales y un

 

 

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incremento del 13,2% correspondiente a la variación del IPC de febrero conforme a la nueva fórmula de movilidad.

Para el mes de mayo el incremento fue del 11,01% y para junio alcanza el 8,83%, en línea con la inflación registrada en los meses de marzo y abril, respectivamente. Cabe destacar que, en base a la nueva fórmula, la movilidad alcanzada a junio para los haberes previsionales representa un incremento acumulado del 53,9% sobre los montos vigentes a marzo, superando el 41,48% que resultaría para este período de aplicar la fórmula anterior. Esta nueva fórmula de movilidad permite sostener los ingresos de jubilados y pensionados. Adicionalmente, como complemento a los haberes mínimos, mes a mes se han ido otorgando bonos, alcanzando la jubilación mínima más el bono los $ 276.931 en junio.

Con el foco en la atención de los niños más vulnerables, al inicio de la gestión se duplicó el monto de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo pasando de $20.660 a

$41.322. Para el mes de junio, el aumento otorgado por movilidad elevó el monto de estas prestaciones a $74.354, beneficiando a más de 4 millones de niños.

Además, la prestación monetaria para el complemento nutricional del Plan 1000 Días que beneficia a casi 700 mil personas (considerando en su cobertura a madres embarazadas y niños de hasta 3 años de vida) se multiplicó por 6 (seis) en el mes de abril, pasando de $3.303 a $19.818. En junio, esta prestación aumentó a $28.039 y se incrementará de forma mensual de acuerdo al índice de movilidad. Con esta iniciativa se busca fomentar los controles de salud, vacunación y garantizar el apoyo alimentario a través de la provisión de leche y otros alimentos saludables.

En el mismo sentido, los esfuerzos fueron dirigidos a dar contención social a la situación de vulnerabilidad de un amplio sector de la población mediante la Prestación Alimentar. En los meses de enero y febrero se actualizaron los montos (50% en el primer mes del año y luego un 50% adicional). Adicionalmente, y con el último aumento otorgado para esta prestación, el monto de junio que perciben las madres con un hijo menor de 14 años es de $52.250, 138% superior al pagado en diciembre 2023, mientras que las familias con dos hijos reciben un monto de $81.936 y las que tienen tres o más hijos $108.062. Estas acciones de contención social, alcanzan a más de 2,2 millones de beneficiarios.

La educación es un elemento clave para un país próspero. Con el objetivo de acompañar el esfuerzo de las familias en esta materia, en marzo se incrementó más del 300% la asignación familiar por Ayuda Escolar Anual respecto de la vigente al mes de diciembre de 2023, superando el monto resultante de la movilidad de marzo y alcanzando un monto de $70.000 por hijo. En junio esta

 

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prestación alcanzó un valor de $99.036. Esta asistencia para afrontar los gastos que implica la vuelta a clases en el inicio escolar alcanza aproximadamente a 7,3 millones de niños y adolescentes.

Además, con el objetivo en acompañar el esfuerzo de las familias con hijos en instituciones educativas de gestión privada con aporte estatal, a través de la Resolución N° 61/2024 del Ministerio de Capital Humano se creó el Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”, política novedosa orientada a garantizar la permanencia de los chicos en sus escuelas y evitar que tengan que cambiar de institución. El programa alcanza a estudiantes de hasta 18 años, cuyo ingreso familiar no supere la suma de 7 salarios mínimos, con hasta un monto equivalente al 50% del valor de la cuota programática de la jornada simple de cada nivel educativo. En total, a la fecha este programa beneficia a más de 842.000 estudiantes.

Adicionalmente, se abrió la Convocatoria a Becas Progresar 2024, alcanzando en junio a más de un millón de beneficiarios que cobrarán 12 cuotas mensuales, con una prestación monetaria total anual de $240.000 por becario. La beca se dirige a aspirantes cuyas familias no superan los 3 salarios mínimos, los cuales deben acreditar regularidad educativa. En sus distintas modalidades, la beca está destinada a acompañar la terminalidad de los estudios obligatorios, acercando a los becarios al mundo laboral mediante la orientación vocacional y la formación profesional, y apoyar la formación superior universitaria y no universitaria.

Por otra parte, el trabajo debe volver a ser el camino de integración y movilidad social para que Argentina pueda ponerse de pie. En ese sentido, el programa Potenciar Trabajo que tenía más de 1,2 millones de beneficiarios demostró ser ineficaz para lograr la inserción laboral a la vez que el esquema de intermediarios favorecía las irregularidades en su implementación. Por este motivo, el mismo fue reformulado, siendo reconducido en dos nuevas líneas de acción: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, a fin de brindar un acompañamiento adecuado a los sectores más postergados. El programa Volver al Trabajo, está dirigido a hombres y mujeres de entre 18 y 49 años, con la finalidad de desarrollar y consolidar un nivel de competencias socio-laborales que les permitan alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Por su parte, a través del Acompañamiento Social, se busca promover la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de los hogares con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad social, apuntando a fortalecer su núcleo familiar y la comunidad en donde viven, bregando en ambos programas porque el dinero llegue allí donde más se necesita evitando todo tipo de intermediación.

 

 

 

 

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Para el año 2025 se prevé continuar con la política de déficit cero, fortaleciendo la eficacia y eficiencia del gasto público, haciendo énfasis en la reducción del gasto político para dar prioridad al sostenimiento de ingresos de los sectores de mayor vulnerabilidad.

 

4.3   Modernización y simplificación del Estado

 

A su llegada, esta gestión se encontró con un Estado desproporcionado, con roles duplicados y poca efectividad, sin control de cumplimiento ni de procesos. Haciéndole frente a esta realidad y en materia de racionalización del Estado, en primer lugar, se definió la disminución de la cantidad de ministerios (de 18 a 7) y la cantidad de secretarías (de 106 a 54), lo que implicó la eliminación de más del 50% de los cargos jerárquicos. Además, se generó ahorro de recursos a través de la reducción de la flota de autos, celulares, la baja de contratos y la optimizaron de contrataciones y compras de los ministerios y agencias estatales. También se suspendió la pauta oficial por un año, con un ahorro fiscal estimado de $100 mil millones.

El objetivo de esta gestión es hacer un Estado más moderno, eficaz, eficiente, simple y útil para los ciudadanos, ocupado en sus funciones esenciales para no entorpecer las condiciones para el desarrollo del sector privado, favoreciendo la libre empresa. Por eso, no sólo se avanzó en eliminar las estructuras innecesarias o sobredimensionadas y absorber sus funciones en otras áreas del Estado, sino que también se está trabajando en la simplificación de las acciones y procesos, digitalizando y simplificando trámites, desburocratizando y eliminando intermediarios en sus acciones, para agilizarle la vida a los argentinos. En este sentido, se eliminaron controles aduaneros espurios, las SIRA y licencias no automáticas, eliminando factores de discrecionalidad no transparentes, redundando en una mejora de precio para los consumidores finales. Se simplificó el régimen de importación temporaria de insumos para empresas exportadoras y se eliminaron trámites que solo representaban trabas.

En 2025 se continuará con la simplificación y racionalización de la estructura estatal, con el objetivo de lograr un uso eficaz y eficiente de los recursos aportados por los ciudadanos. Otro aspecto relevante que se abordará es la reducción de fondos fiduciarios, con el fin de terminar con discrecionalidades y aumentar la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Asimismo, se avanzará en el saneamiento, concesión y/o privatización de empresas públicas, bajo la premisa que el estado debe encargarse de atender funciones públicas esenciales que le son propias, y dejar a la iniciativa privada -con parámetros de eficiencia económica, en condiciones de competencia y libre mercado- gestionar la producción de bienes y servicios en aquellos sectores que no se corresponden con sus funciones esenciales. Para continuar y fortalecer

 

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estas acciones, se prevé fortalecer el área de «desregulación económica», con el objetivo de implementar un proceso de simplificación y desregulación que simplifique la acción privada. Continuar y sostener esta política de desregulación, modernización y simplificación del Estado, beneficiando a todos los ciudadanos argentinos, será una de las prioridades de esta gestión para brindar mejores servicios públicos a un menor costo.

 

4.4   Equipamiento y modernización de seguridad y defensa

 

Por último, esta gestión considera que para que un país sea próspero debe sostener firmemente su soberanía territorial y para ello debe contar con Fuerzas Armadas capaces de defender sus fronteras y erradicar o desalentar posibles amenazas externas. En este sentido, encontramos al asumir la gestión de gobierno en las áreas de defensa una fuerte debilidad, aspecto que resulta crucial atender, sobre todo para la prevención en materia de narcotráfico y terrorismo internacional.

En función de esto, se implementaron acciones como la firma de un contrato para la adquisición de 24 aviones modernos supersónicos caza multipropósito F-16 con Dinamarca y la adquisición de 4 aviones P-3 cuatrimotor de largo alcance con el objetivo de controlar el mar argentino y erradicar la pesca ilegal. El fortalecimiento y revalorización de las fuerzas de la Defensa continuará siendo una prioridad en 2025.

Asimismo, garantizar que la vida de los argentinos sea cada vez más segura y ordenada constituye uno de los mandatos que tiene esta administración. Entre las iniciativas a destacar desplegadas desde el inicio de gestión, puede mencionarse la promulgación del Protocolo Antipiquetes que tiene como objetivo primordial garantizar la libre circulación, evitando los cortes en los accesos y en las rutas de nuestro país que entorpecen la vida diaria de todos. El derecho a manifestarse no debe colisionar con el de circular libremente. Además, se habilitó la línea 134 para la denuncia de aquellos que presionen, coaccionen o extorsionen a los ciudadanos para participar en las manifestaciones.

Por otro lado, en un esfuerzo continuo por combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad interior, se puso en marcha el Plan Bandera en la ciudad de Rosario que, producto de su implementación, generó una significativa disminución de los homicidios dolosos en la vía pública. Se realizaron además exitosos procedimientos de incautación de drogas, precursores químicos, armas, dinero en efectivo, balanzas, dispositivos electrónicos, vehículos y otros elementos para delinquir.

Finalmente, seguir dotando a las fuerzas federales del equipamiento necesario y de la capacitación continua para garantizar la seguridad interior como un derecho de todos los argentinos, con énfasis

 

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en la prevención del delito y la investigación del crimen organizado, continuará siendo en 2025 una prioridad de esta gestión.

5.    Financiamiento del Presupuesto Nacional

 

5.1   Estimación de los Recursos Tributarios

 

La recaudación de impuestos nacionales y de aportes y contribuciones a la seguridad social en el año 2025 se estima que aumentará un 54,4% respecto a la recaudación proyectada para el año 2024, reduciéndose 0,45 p.p. del PIB respecto al año anterior. La presión tributaria pasaría de 21,61% del PIB en el año 2024 a 21,16% en el año 2025. Este cambio en la presión impositiva total responde al efecto neto de modificaciones en el contexto macroeconómico y de medidas de política y administración tributaria, destacándose la menor recaudación como consecuencia de la finalización de la vigencia del impuesto PAIS.

La suba estimada de la recaudación nominal se explica por los aumentos proyectados de la actividad económica, los volúmenes del comercio exterior, la remuneración imponible y los puestos de trabajo, los precios y el tipo de cambio. En el mismo sentido incidirán los mayores ingresos esperados correspondientes a los regímenes de facilidades de pago.

El Impuesto al Valor Agregado, que representa alrededor del 33,9% del total de la recaudación, aumentaría un 62,5% respecto al año 2024. El incremento de este tributo estará impulsado, principalmente, por el aumento del consumo en términos nominales y la mayor bancarización de la economía. En términos del PIB, el IVA neto de reintegros aumentará en 0,23 p.p. en relación a 2024. La recaudación de este gravamen se vio afectada negativamente en dicho año por los créditos fiscales originados por las mayores percepciones aduaneras recaudadas en el año 2023. La recaudación del año 2025 no tendrá este impacto negativo.

Los ingresos provenientes del Impuesto a las Ganancias en el año 2025 alcanzarían una suba del 47% respecto al año anterior y una disminución en términos del PIB de 0,28 p.p. En la dinámica de este impuesto inciden positivamente las subas proyectadas en los precios, el tipo de cambio, las remuneraciones, las importaciones (que se exteriorizan a través de una mayor recaudación proveniente de los regímenes de retenciones y percepciones) y en el crecimiento de los impuestos determinados de los períodos fiscales 2023 y 2024, implicando un aumento en los pagos por anticipos. En la comparación interanual incide de manera negativa el elevado monto de la recaudación de mayo de 2024 correspondiente a las ganancias de las Sociedades (principalmente del sector financiero) por los ejercicios cerrados en el año 2023. Asimismo, los efectos de los

 

 

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convenios de intercambio de información firmados con fiscos de otros países continuarán contribuyendo a la mejora en la fiscalización de este impuesto.

Los recursos originados en los Impuestos Internos Coparticipados aumentarían un 62,3% con respecto al año anterior. Esta variación se explica por el efecto neto de las variaciones esperadas en las ventas nominales de los productos gravados e importaciones.

La recaudación del Impuesto sobre los Bienes Personales se estima que aumentará un 61,9%. Los principales factores que explican esta suba son los aumentos de las bases imponibles sobre las cuales se aplica el impuesto. La recaudación del año 2024 está afectada por las mayores percepciones a cuenta del impuesto por consumos en moneda extranjera practicadas en 2023 y que son descontadas del saldo a ingresar por la declaración jurada anual. Este efecto tendrá un impacto mucho menor en el año 2025, debido a la modificación en el régimen de percepciones en el mes de diciembre de 2023. Por otro lado, los convenios de intercambio de información firmados con fiscos de otros países incidirán favorablemente en el cumplimiento de este impuesto.

Los ingresos estimados por el Impuesto sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono crecerían un 136,1% respecto de 2024. La variación se explica, principalmente, por las actualizaciones de las sumas fijas para determinar el impuesto y el aumento de la actividad económica proyectado.

Los recursos totales provenientes de los Derechos de Exportación aumentarían un 52,8% en 2025 respecto de las proyecciones para el presente ejercicio. Estos recursos pasarán de representar 1,25% del PIB en 2024 a 1,21% del PIB en 2025, en función a las cantidades, precios y tipo de cambio.

Los recursos provenientes de los impuestos que gravan las compras al exterior (Derechos de Importación y Tasa de Estadística) serían un 48,7% superior al registrado en el año 2024. Los aumentos estimados en las importaciones y en el tipo de cambio nominal son las principales causas de la variación de estos gravámenes. También tendrá un efecto positivo la continua mejora en el control de las operaciones de comercio exterior por parte de la Aduana.

La recaudación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos registraría un alza de 60,7% con relación al año anterior, derivado del aumento en el monto de las transacciones bancarias gravadas.

Los ingresos correspondientes al Impuesto para una Argentina Inclusiva (PAIS) durante el 2024 alcanzaron un 1,13% del PIB. Sin embargo, en 2025 solo se estiman ingresos en el mes de enero (por operaciones devengadas en el mes anterior), ya que de acuerdo con el Artículo 35 de la Ley N° 27.541, en diciembre del 2024 finaliza su vigencia.

 

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Las contribuciones a la seguridad social, que incluyen los aportes personales y contribuciones patronales de los trabajadores en relación de dependencia, de los autónomos y del personal activo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, crecerían un 74,3% frente a 2024 como resultado de los aumentos estimados en los salarios nominales imponibles y de la recuperación de los puestos de trabajo. En términos del PIB, su recaudación alcanzará 4,87%, incrementándose en 0,46 p.p. frente a 2024.

El total de recursos correspondientes a la recaudación de impuestos nacionales y contribuciones a la seguridad social se repartirán entre la Administración Nacional (que recibirá un 60,0% de la recaudación tributaria), otros entes del sector público no financiero (6,8%) y, las provincias 33,2%, vía coparticipación.

Se estima que la recaudación correspondiente a la Administración Nacional resultará alrededor del 49,7% superior a 2024 y mostrará una caída del 0,67 p.p. en términos del PIB. La recaudación se ve afectada por el impacto de la finalización del impuesto PAIS en el año 2024. Por otra parte, los ingresos de origen nacional de las provincias, incluyendo las compensaciones que dispone la Ley N° 27.429, resultarían 63,1% mayores al valor de 2024, representando 7,03% del PIB.

 

5.2   Estrategia de Financiamiento

 

La estrategia de financiamiento establecida a partir del 11 de diciembre de 2023, fue diseñada teniendo en cuenta las restricciones que presentaba la pesada herencia (un balance del Banco Central deteriorado, una curva de pesos sostenida por puts, y bancos cerca del límite de exposición en riesgo Tesoro) y las condiciones macroeconómicas definidas por el plan de estabilización basado en el ancla fiscal y monetaria.

En este contexto, dado el superávit fiscal generado a partir de enero de 2024 y la caída en las tasas reales, junto al riesgo país a lo largo de la curva de títulos en pesos del Tesoro frente a la mejora de las expectativas, se logró conseguir financiamiento neto a tasas reales negativas y sustancialmente menores al crecimiento esperado de mediano y largo plazo.

En una primera fase, dada la expectativa de baja en las tasas nominales de interés y aprovechando el escenario de tasas reales negativas a 2028 en la curva CER, se hicieron colocaciones de títulos indexados a inflación zero coupon a 2025, 2026, 2027 y 2028, priorizando la extensión del perfil de vencimientos y la reducción de la carga financiera. Además, al destinar el financiamiento neto de dichas licitaciones a la recompra de títulos del Tesoro en cartera del Banco Central de la República Argentina (BCRA), se contribuyó al saneamiento de la hoja de balance del Banco Central. Estas

 

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recompras permitieron, además, apuntalar la disminución de la carga de intereses de la deuda del Tesoro.

Luego de la primera fase, se procedió a realizar una licitación en especie o “canje”, en la cual se podía integrar con cualquiera de los títulos con vencimiento en 2024. Este procedimiento permitió despejar casi la totalidad de los vencimientos del sector público y aproximadamente un 18% de los privados.

Con el descenso significativo de la inflación y las tasas nominales de interés, el Tesoro comenzó a construir una curva de Lecaps (tasa fija en moneda local) de corto plazo (hasta 1 año de vida promedio). Esta fase permitió una rebaja significativa adicional del stock de pases pasivos del BCRA que, en conjunto con el descenso de la tasa de referencia de la autoridad monetaria, derivó en un desplome de la emisión endógena de dinero generada por el pago de los intereses de los pasivos remunerados, que pasaron desde 8% de la base monetaria amplia en noviembre 2023 a 1,7% en la actualidad, contribuyendo a una baja necesaria en el déficit cuasifiscal.

Asimismo, el colchón de reservas en pesos generado por las colocaciones por sobre las necesidades de rollover, permitirá al Tesoro comprar los dólares para hacer frente a los vencimientos en moneda extranjera y, de esta manera, evitar incurrir en la emisión de letras intransferibles, que deterioran el balance del BCRA.

En este sentido, el financiamiento neto alcanzó los $24 billones y fue consistente con un costo de fondeo promedio ponderado para el Tesoro en las licitaciones primarias de CER -13% y una vida promedio ponderada de 1 año (datos al 29/5/2024).

El superávit fiscal y la estrategia de financiamiento del Ministerio de Economía derivaron en un efecto monetario contractivo del Tesoro sobre la base monetaria amplia en torno a los $24,5 billones en los primeros 6 meses de gestión, equivalentes a 4% del PIB estimado para todo el año 2024. Esta dinámica explica el resultado favorable del ancla monetaria en el programa de estabilización.

En este sentido, anclado en el equilibrio fiscal que despoja al Tesoro de necesidades de financiamiento del gasto corriente, entendiendo que el período de tasas de interés reales negativa ha finalizado, se continuará con la estrategia de extender el perfil de vencimientos, limitando la carga financiera sobre las cuentas del Tesoro.

 

 

 

 

 

 

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5.3   Financiamiento de Organismos Internacionales de Crédito

 

Durante 2023 en un contexto de alta volatilidad macroeconómica marcada por el período eleccionario, el financiamiento de organismos internacionales de crédito se mantuvo estable alcanzando desembolsos por USD 5.657 millones y logrando flujos netos positivos por USD 604 millones.

El año 2024 ha estado determinado por la orientación de esfuerzos hacia alcanzar la estabilidad macroeconómica, anclando expectativas inflacionarias mediante el equilibrio fiscal mientras se asegura la protección de las poblaciones más vulnerables. Las carteras de financiamiento con organismos internacionales acompañaron este norte y redirigieron determinadas operaciones hacia las nuevas prioridades: fondos asignados a operaciones con bajo nivel de ejecución material o sin desembolsos, fueron redestinados a fortalecer sectores prioritarios y de alto retorno social como el de la alfabetización, el empleo, la protección a la niñez y la política alimentaria, con operaciones de rápido desembolso.

En adición a este contexto de equilibrio fiscal, optimización financiera de los recursos y a la reorganización de determinadas unidades ejecutoras dentro de la Administración Pública Nacional, durante 2024 los proyectos en ejecución opusieron sus saldos en cuentas (nutridos durante 2023) contra el espacio presupuestario que les asignaba el presupuesto prorrogado inicial del mismo ejercicio. Incluso en esta coyuntura, se ha trabajado con el Fondo Monetario Internacional y los distintos organismos multilaterales de crédito en distintos instrumentos de crédito para alcanzar flujos netos.

Durante el ejercicio 2025, Argentina mantendrá sus esfuerzos para optimizar su cartera de operaciones con financiamiento internacional acompañando los lineamientos propuestos de prudencia fiscal; para ello continuará con el avance hacia la identificación y gestión de operaciones de crédito que apoyen la estrategia de protección social de las poblaciones vulnerables y contribuyan a consolidar la estabilidad macroeconómica y a incrementar los niveles de eficacia y eficiencia de las políticas públicas. A partir del acceso a recursos financieros a tasas bajas y con plazos largos de repago, se implementan programas/proyectos que mejoran sustancialmente el capital físico y humano de nuestro país con una visión de transformación estructural hacia el crecimiento sostenible.

Se alentará la innovación en la búsqueda de mejores herramientas financieras de mediano y largo plazo que acompañen el desarrollo económico y sostenible del país; se procurará la optimización de los cupos de crédito con organismos internacionales, promoviendo el cofinanciamiento de

 

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operaciones que, entre otras prioridades, apoyen programas de protección social mediante transferencias directas, que promuevan el uso eficiente de la energía y que incrementen la capacidad exportadora de su matriz productiva.

Los recursos provenientes del endeudamiento con organismos internacionales de crédito de los cuales el Estado Nacional forma parte, serán utilizados para apoyar inversiones sociales y productivas, aplicando criterios de inteligencia financiera para maximizar el impacto económico de los programas, minimizando los pagos de intereses de desembolsos por saldos inmovilizados en cuenta, y buscando identificar y diseñar operaciones que consigan efectivamente cumplir en tiempo y forma los plazos establecidos en los contratos de préstamo.

Concretamente, se dará un nuevo enfoque a las iniciativas de construcción de información disponible para lograr mayor efectividad en las etapas de identificación, priorización, seguimiento de la ejecución y de rendición de cuentas de proyectos. Se optimizarán las herramientas existentes de seguimiento de programas con financiamiento externo, se continuarán impulsando evaluaciones de proyectos de relevancia económica y material y se implementará una mejora en la sistematización de la información proveniente de los estados financieros auditados. Se espera que esta inteligencia contribuya al diseño de operaciones efectivas y de ejecución ágil y transparente.

Se trabajará para que los flujos financieros con los organismos internacionales resulten nuevamente positivos, con el objeto de que los desembolsos de los préstamos contribuyan a un buen desempeño del sector externo, asegurando asimismo la fluidez del financiamiento internacional en proyectos clave para el desarrollo social y productivo del país.

En materia de financiamiento bilateral, se seguirán profundizando los vínculos con los gobiernos e instituciones financieras, orientando el financiamiento a proyectos de inversión productiva, infraestructura y equipamiento prioritarios para el país. Se buscará desarrollar nuevas líneas de financiamiento con instituciones con las cuales la Argentina tiene pendiente desarrollar acciones concretas de trabajo en conjunto.

Durante el período 2025-2027 se continuará con los aportes de capital y contribuciones comprometidos a los organismos multilaterales de crédito, e instituciones vinculadas, de los que la Nación forma parte, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y el Grupo de los 24 (G24).

 

 

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6.    Coordinación Fiscal con las Provincias

 

El resultado fiscal consolidado de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante el ejercicio 2023, registra un déficit del 1,7% de los Ingresos totales (0.3% del PBI), revirtiendo la tendencia de superávit de los dos últimos años. En términos interanuales, el déficit fiscal de las 24 Jurisdicciones en relación a los ingresos pasó del 1,9% a -1,7%, presentando una caída de 3,6 p.p.

Esta desmejora de las cuentas públicas provinciales y de la CABA se explica por una expansión real de los gastos totales en torno al 2,7% contra una contracción real de los recursos totales del 0,9%, respecto al cierre de ejercicio 2022.

En línea con lo mencionado, se observa una caída a valores constantes mayor en los recursos tributarios de origen nacional (-5,8%) que en los recursos tributarios provinciales (-1,0%) en el mismo período, afectando principalmente a las jurisdicciones con mayor dependencia de los primeros.

Es importante resaltar el impacto que tuvo en las jurisdicciones provinciales y en la CABA, la modificación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias que entró en vigencia en el mes de octubre, que, sumado a las altas tasas inflacionarias del último semestre, repercutió negativamente en la recaudación nacional y por ende en la distribución de recursos coparticipables.

Y a pesar que, en los primeros días del mes de diciembre del 2023, el Estado Nacional decidió cancelar la deuda con las provincias originada por el ajuste de la Compensación del Consenso Fiscal, desde el 4to trimestre del año 2019 al 4to trimestre de 2022, y transferir importantes partidas desde el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, e inclusive incrementar las transferencias hacia las cajas previsionales no transferidas de algunas jurisdicciones, las cuentas provinciales no se recuperaron.

Los ingresos por regalías (+4,4%) impulsaron el crecimiento real del rubro de Recursos No Tributarios, que muestra una variación positiva del 3,8%. Los ingresos por rentas de la propiedad crecieron el 60,4% asociado a la inversión de los importantes activos financieros que algunas provincias generaron en los años previos, a partir de los superávits alcanzados.

Durante el 2023, las transferencias presupuestarias crecieron en términos contantes un 4,9% en el Consolidado de las 24 jurisdicciones, respecto al ejercicio 2022. Sin embargo, este crecimiento real

 

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no impactó en todas las jurisdicciones homogéneamente, sino que la discrecionalidad de la transferencia de fondos presupuestarios hacia algunas jurisdicciones se incrementó.

Esta discrecionalidad agudizó las asimetrías en el ingreso per cápita de recursos presupuestarios transferidos desde el Estado Nacional, donde el rango de variación fue desde $184.138 en el extremo mayor hasta $9.140 en el extremo inferior.

En cuanto a los gastos, es la partida de personal la que mayor rigidez representa en las cuentas provinciales y es la de mayor impacto en la contribución al gasto del agregado de jurisdicciones. El año 2023, como todo año electoral, mostró un crecimiento real de la partida de gasto en personal del 4,6%. Concentró el 43% de los gastos totales y el 49% de los gastos corrientes del Consolidado, a pesar que la planta de personal no mostró un aumento pronunciado (+1,4%).

El gasto corriente representó el 87,8% de las erogaciones totales, mientras que los gastos de capital concentraron el 12,2% de los gastos totales. En cuanto a las transferencias de las provincias y la CABA al sector público caen un 3,5% en términos reales donde influye la caída de las transferencias por coparticipación de impuestos a municipios.

La Inversión Real Directa crece un 5,8%, la cual representa el 68,3% en el total del Gasto de Capital.

 

Con respecto al pago de servicios de deuda del año 2023 mostró una caída en valores reales del 6% en comparación al año 2022, sin embargo, sus componentes muestran distintos comportamientos. El sinceramiento del tipo de cambio en el último mes del año, hizo que los intereses de la deuda crecieran en valores constantes en un 1%, mientras que las amortizaciones cayeron un 12%, debido en gran medida a que varias jurisdicciones no tuvieron que afrontar pagos por programas de letras de años anteriores.

 

Proyección para el año 2024

 

Para el presente ejercicio, y en consonancia con las modificaciones estructurales generadas por la Administración Nacional en la primera mitad del año, la mejora de los indicadores macroeconómicos y los cambios en la reorganización de los gastos de los distintos niveles de gobierno, se esperan diferencias respecto a años anteriores en las estructuras convencionales de las cuentas públicas provinciales.

A partir del año 2015, las jurisdicciones fueron recuperando recursos, la participación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha incrementado en forma significativa,

 

 

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pasando de representar el 40,5% de la recaudación nacional (neta de Comercio Exterior y Seguridad Social) en 2015 al 46,6% en 2023, previéndose un incremento a finales del 2024.

 

 

 

Las proyecciones de recursos totales del agregado subnacional, mostrarían una contracción del 13,4% en términos reales, y del gasto en el orden del 13,6%.

El indicador de servicios de la deuda en relación a los ingresos corrientes se incrementa, debido a la concentración de vencimientos de deudas tomadas en monedas extranjera.

Los principales vencimientos operan en los meses de marzo y septiembre, vinculados con una mayor incidencia del pago de servicios de los bonos internacionales emitidos por las provincias.

En efecto, los «picos» coinciden con los vencimientos de los cupones y/o amortizaciones de los bonos internacionales. En este caso puntual los vencimientos de marzo-septiembre coinciden con los de la Provincia de Buenos Aires. En estos meses casi el 60% corresponden a servicios de dicha Jurisdicción.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Las proyecciones para el ejercicio 2024, prevén un desmejoramiento del Resultado Financiero para el Consolidado de Jurisdicciones, producto de lo mencionado anteriormente. En efecto, este Resultado empeoraría un 0,1%, mientras que el Resultado Primario proyectado mejoraría en un 0,1%, ambos en relación al PIB.

El Resultado Económico, aunque positivo, desmejoraría respecto del ejercicio previo en un 2,6% en términos reales, pero las provincias podrían afrontar sin inconvenientes sus gastos operativos y de funcionamiento.

Se estima que los Recursos Totales no acompañarán en términos nominales la variación de los precios, resultando particularmente afectados los Recursos de Origen Nacional, y además se prevé una caída significativa de las Transferencias provenientes del Estado Nacional.

Se proyecta una disminución en términos reales del gasto salarial del 16,7%, con una política salarial que contemple rezagos con respecto a la evolución del índice de precios y una política de personal tendiente a limitar la expansión de la planta de agentes públicos.

En términos del gasto de capital, se espera una caída significativa real del 22,5% y que las jurisdicciones lleven adelante inversiones que se ajusten a la disponibilidad de recursos genuinos, en virtud de la caída de las Transferencias de Capital.

 

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Respecto del corriente año 2024, tomando en cuenta los datos provisorios de ejecución presupuestaria relevados para el primer trimestre, para el conjunto de jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se observa que se mantiene un déficit financiero equivalente al 1% de los Ingresos Totales.

Este resultado proyectado, aunque deficitario, representa una mejora respecto al del ejercicio anterior. Las definiciones de políticas de ingresos propios y gastos que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomen serán determinantes para mantenerlo o mejorarlo, como así también a la hora de la elaboración y aprobación de sus respectivos presupuestos para el año 2025.

 

 

 

7.    Política de inversión pública

 

El sector público debe brindar las condiciones adecuadas para la provisión de la infraestructura física y el desarrollo del capital humano, eliminando los gastos improductivos del Estado y fomentando la inversión privada. El rol de las inversiones financiadas con recursos públicos resulta relevante, en la medida que propenda a maximizar la eficiencia sistémica, elevar la productividad global y potenciar las habilidades de los individuos. En el mismo orden, dichas inversiones garantizan el suministro de bienes comunes esenciales que protegen la vida y la propiedad del prójimo, tales como la defensa exterior y la seguridad interior.

La optimización del Sistema Nacional de Inversiones Públicas será un eje fundamental en el año 2025, en tanto contribuye a alcanzar las metas fiscales estipuladas. El mismo estará respaldado en la mejora continua, en términos de procesos y normativa, el perfeccionamiento de las metodologías de formulación y evaluación de los proyectos de inversión, como así también la identificación de las principales brechas de infraestructura.

La complejidad del actual marco macro fiscal obliga a poner especial énfasis en los sectores donde los gastos de capital puedan contar con mayor impacto sistémico y permitan estimular la formación de capital privado. En este contexto y de acuerdo con la Resolución Conjunta de la Secretaría Ejecutiva de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía1, se sientan las bases para establecer los sectores prioritarios para el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2025-2027. Estos criterios de priorización se suman al ejercicio

 

 

 

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de jerarquización que realizan los organismos y entes formuladores y funcionan como un mecanismo que provee mayor eficiencia a los gastos de inversión.

En primer lugar, se priorizarán los proyectos que se encuentren en ejecución. En lo que refiere a los proyectos a iniciar se ponderarán aquellos que (i) tengan un impacto positivo en la generación de empleo, (ii) promuevan la actividad exportadora, (iii) contribuyan a mejorar la balanza energética y (iv) incidan en potenciar el desarrollo tecnológico. Asimismo, se dará prioridad a aquellos que cuenten con: (v) Informe de Calificación Técnica emitido por la Dirección Nacional de Inversión Pública, (vi) estudios de prefactibilidad o factibilidad informados a la mencionada Dirección Nacional y (vii) financiamiento externo avalado por el Ministerio de Economía.

Por otro lado, cobra relevancia el cálculo de las brechas sectoriales de infraestructura, que serán utilizadas como un insumo para la formulación del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2025- 2027. Las brechas de infraestructura permiten conocer la diferencia entre el nivel de infraestructura deseado y el nivel existente, expresado en términos monetarios. Los organismos más representativos en términos de infraestructura realizan dicho cálculo bajo un cronograma establecido y una metodología común. Este cálculo provee herramientas adicionales para el proceso decisorio de las autoridades en materia de priorización de proyectos y asignación presupuestaria.

Finalmente, se llevará a cabo el proceso de evaluación ex post de proyectos de inversión, que permitan completar el ciclo de vida de los proyectos y conocer la evolución de las inversiones según el plan de gobierno. Esta evaluación provee aprendizajes para los organismos, lo que permite retroalimentar el proceso de formulación de proyectos.

 

 

 

8.    Política de Gestión y Empleo en el Sector Público

 

En relación con la política de gestión y empleo, vale destacar que se prevé la continuidad de la revisión de aquellos institutos convencionales de carácter general aplicables al personal encuadrado en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por Decreto N° 214/06.

En otro orden, se estima prever la necesidad de instrumentar la actualización salarial del personal de los organismos y entidades del Sector Público Nacional en el marco de las atribuciones que corresponden al Poder Ejecutivo Nacional de acuerdo a los mecanismos previstos en las Leyes

 

 

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Nros. 24.185, 14.250 y en el Decreto N° 322/17 pero en el entorno de lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 28/24.

En cuanto al funcionamiento de las Comisiones Paritarias Permanentes constituidas en los distintos Convenios Colectivos de Trabajo Sectoriales en cuya representación, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 24.185, se incluyen miembros de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Economía de la Nación, se estima conveniente dar continuidad a sus agendas de trabajo de acuerdo a sus competencias específicas, ya sea en materia de interpretación y carrera, reglamentación de institutos convencionales, capacitación, condiciones de medio ambiente de trabajo o igualdad de oportunidades y de trato.

En cuanto a los objetivos de política presupuestaria que se prevén para el próximo año son los siguientes:

  • Dar continuidad a la actualización conceptual, funcional y operativa del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público homologado por Decreto N° 2098/08 y su modificatorios, considerando que el mismo constituye el escalafón central de la Administración Pública Nacional y en el cual se encuadra gran parte del personal responsable de la emisión y aplicación de políticas públicas.
  • Evaluar las posiciones de los cargos, de conformidad con su nivel de ingresos, según las responsabilidades funcionales de los distintos Colectivos que se encuentran en la órbita del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por Decreto N° 214/06 y sus modificatorios, con el objetivo de definir prioridades, y alcance, para la revisión de los respectivos convenios sectoriales.
  • Aplicar el resultado de la evaluación de los conceptos de pago incluidos en los Regímenes Remunerativos de los Convenios Colectivos de Trabajo Sectoriales, dirigido a facilitar el análisis de su impacto de modo integral.
  • Facilitar el acceso a la ciudadanía de las fuentes que provean información de relevancia sobre el empleo público nacional.
  • Promover la implementación de planes, programas y proyectos de optimización y mejora continua de la gestión de recursos humanos, brindando asistencia técnica a los organismos del Sector Público Nacional con un enfoque integral, federal y con equidad de género, impulsando la capacitación de los empleados públicos.
  • Fomentar el fortalecimiento de las áreas de gestión de la Administración Pública Nacional a través de la utilización de los sistemas de movilidad y búsquedas internas, con énfasis en la

 

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identificación de capacidades, competencias y conocimientos desarrollados por los empleados públicos, posibilitando el cumplimiento de los requerimientos de las distintas áreas de los organismos.

  • Impulsar la colaboración y el intercambio con los gobiernos provinciales y municipales, tendientes a desarrollar la capacidad de gestión del empleo público en sus diferentes niveles.
  • Continuar con el desarrollo del soporte normativo que permita responder a las exigencias estratégicas de gestión y operativas de las actuales modalidades de trabajo por medio del uso de la tecnología disponible interactuando con la conformación de equipos de gestión y conducción abocados al diseño del empleo público del futuro.
  • Continuar con el desarrollo de las actividades correspondientes al estudio y análisis del Gasto en Personal y de la ocupación, para la totalidad de las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional y otros entes del Sector Público Nacional No Financiero.
  • Procesar y difundir la información que las jurisdicciones y entidades comprendidas en el ámbito definido en los incisos a, b y c del artículo 8º de la Ley N° 24.156, deben remitir en forma trimestral (Resolución N° 78/2021 a la Secretaría de Hacienda), referida a las previsiones de sus dotaciones, incluyendo las correspondientes modificaciones de sus plantas de personal permanentes y transitorias.
  • Evaluar el impacto presupuestario de las contrataciones de personal, de cualquier naturaleza, modalidad de implementación y fuente de financiamiento.
  • Analizar y publicar la información que las jurisdicciones y entidades remitirán mensualmente sobre a la totalidad de las plantas y contratación de personal en el sitio Web de la Secretaría de Hacienda y en formato abierto y reutilizable, según estipula el Artículo 32 de la Ley N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF-2024-67931018-APN-SH#MEC

 

República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional

AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

 

Hoja Adicional de Firmas Anexo

 

Número: IF-2024-67931018-APN-SH#MEC

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 28 de Junio de 2024

 

Referencia: Informe de Avance del Presupuesto General de la Administración Nacional 2025

 

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 53 pagina/s.

 

 

 

 

 

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA – GDE Date: 2024.06.28 15:39:41 -03:00

 

Carlos Jorge Guberman Secretario

Secretaría de Hacienda Ministerio de Economía

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA – GDE

Date: 2024.06.28 15:39:42 -03:00

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