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Pretende regular el derecho a huelga y promover el trabajo no registrado: Milei avanza con la precarización laboral por decreto

Entre otros aspectos, el DNU que prepara el Gobierno avala el trabajo no registrado, degrada el sistema indemnizatorio, extiende el período de prueba laboral y regula el derecho a huelga, entre otros que a continuación desarrollamos.

De no haber cambios en las próximas horas se estaría conociendo el paquete laboral precarizador elaborado originalmente por los expertos de La Libertad Avanza y luego fue revisado por el flamante secretario de Trabajo, Omar Yasín, hasta pasar a manos de Federico Sturzenegger, el ex presidente del Banco Central del gobierno de Cambiemos, quien pilotea una amplia revisión de normas para “modernizar” la economía.

En el capítulo laboral, el DNU incluirá, por ejemplo, la reducción de las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado con el fin de beneficiar a las pymes y favorecer la contratación de empleados; la habilitación para crear un sistema indemnizatorio similar al Fondo de Cese Laboral de la UOCRA, que será voluntario y deberá negociarse en los convenios colectivos; la extensión del período de prueba de los trabajadores, que pasará a ser de 8 meses (actualmente es de 3 meses); la modificación de los intereses por indemnizaciones, para lo cual se utilizará lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% y se excluirán de la base de cálculo rubros como sumas no remunerativas, teléfono celular, premios o los bonos anuales, y la incorporación de la figura de “trabajador independiente con colaboradores”, con la idea de ayudar a que emprendedores o monotributistas puedan contratar personal, con aportes a la seguridad social y ART.

1)Reducción de aportes y contribuciones: Hoy, las empresas contribuyen con el 16% de la jubilación, el 2% del PAMI, el 6% de la obra social, el 1,5% del Fondo Nacional de Empleo, el 0,3% del Seguro de Vida Obligatorio y la ART. Los trabajadores aportan el 11% de la jubilación, el 3% del PAMI y el 3% de la obra social. La idea es reducir el costo de las empresas, pero «depende de Caputo», explicaron las fuentes oficiales.

2) Extensión del período de prueba: se evalúa ampliarlo de 3 a 6 u 8 meses. Todavía está en discusión el plazo.

3) Reducción de las indemnizaciones: la intención es limitar los rubros que componen la base de cálculo de la indemnización. Se excluirán beneficios como el pago del celular, los ticket canasta o vales alimentarios, y los bonos anuales, ítems que la Justicia ha reconocido en varios fallos como de carácter remuneratorio.

4) Fin de las multas por registración deficiente: se eliminan las sanciones (denominadas indemnizaciones) establecidas por ley que el empleador debe pagar al trabajador afectado para la falta de registro de la relación laboral o el registro parcial de la misma por consignar una fecha de ingreso posterior a la real o una remuneración menor a la percibida por el trabajador.

5) Desindexación de los intereses por indemnizaciones: es para evitar que los intereses en las indemnizaciones por despido se actualicen por inflación. En los últimos años, la Justicia elaboró fórmulas para calcular los créditos laborales tomando en cuenta la suba de precios y la variación para evitar que se desvaloricen.

6) Fondo de cese laboral: será de aceptación «voluntaria» por gremio. Las empresas y trabajadores deben aportar fondos en forma anticipada para cubrir las indemnizaciones por despido. Se inspira en el sistema del gremio de la construcción (Uocra) y se negocia a través del convenio colectivo, sin tocar la Ley de Contrato de Trabajo.

7) Cuota solidaria: se evalúa modificar el aporte que hoy se establece en las convenciones colectivas de trabajo. Se trata de acuerdos entre empresas y sindicatos en los que se fija un descuento del sueldo a los trabajadores no afiliados por su representación en la negociación colectiva.

 

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