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Una ciudad paralizada por el miedo y la violencia: sin clases, colectivos, taxis ni recolección de residuos y con cacerolazos, Rosario recibe más Fuerzas Federales con apoyo logístico de FFAA

El crimen del playero de una estación de servicios Bruno Nicolas Bussanich, de 25 años, y la muerte del colectivero baleado en barrio Belgrano, Marcos Daloia, de 39 años, sumieron a Rosario en una situación de colapso. Este lunes, los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, de Defensa, Luis Petri, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunciarán detalles de la estrategia, que incluye el despliegue de agentes federales y apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, en el marco de la ley vigente.

La violencia de bandas delictivas contra la población civil de Rosario, plasmada en el crimen de dos taxistas, un colectivero y el joven playero de una estación de servicio, derivó en la paralización de taxis y colectivos, la recolección de residuos y las clases en la ciudad, además del cierre de estaciones de servicio. En ese marco, miles de vecinos comenzaron un cacerolazo desde sus viviendas en reclamo contra la inseguridad.

En las últimas horas el gremio docentes Amsafé confirmó el «cese total de actividades» para este lunes ante lo que definió como «terrorismo urbano» y «la escalada de violencia criminal».

Al anunciar el paro en escuelas públicas, los docentes también criticaron «las acciones provocativas y violentas del gobierno provincial que no han hecho más que agravar la situación».

Mayor despliegue de fuerzas federales con asistencia logística de FFAA

“El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich han conformado un Comité de Crisis con el objetivo de intervenir en la ciudad de Rosario con las fuerzas de seguridad federales, tras un pedido del gobernador Maximiliano Pullaro”, se inicia el comunicado. Y detalla que la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario “asistirán a la Policía de Santa Fe en el combate contra el narcotráfico”. Hace la salvedad de que las Fuerzas Armadas tendrán una participación limitada en esos operativos, siempre de acuerdo a la normativa vigente.

En el Ministerio de Defensa insistieron en aclarar que los militares no van a participar en el combate contra el narcotráfico y el avance de la criminalidad en Rosario. Las Fuerzas Armadas colaborarán, sostuvieron, en el “apoyo logístico”, en fuerte sintonía con la ofensiva de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero no más allá de los márgenes que plantea la ley de seguridad interior.

“El Gobierno está decidido a enfrentar a la mafia del narcotráfico y a los sicarios que instauraron un régimen de muerte y terror en la ciudad de Rosario. No se dará ni un paso atrás. Los rosarinos van a recuperar las calles y la libertad”, dice el texto surgido de Balcarce 50.

ImagenEl gobierno de la provincia de Santa Fe anunció que ofrece una recompensa de diez millones de pesos para quien aporte datos por el crimen del empleado de la estación de servicio asesinado el pasado sábado.

Muerte y desolación

Luego de dos meses caracterizados por una profunda disminución de los homicidios en el departamento Rosario, el mes de marzo se inició con un ataque a tiros contra un micro del Servicio Penitenciario (SP) con tres guardias heridos cuya respuesta fue una requisa en varios pabellones de la cárcel de Piñero. La semana pasada comenzó con una protesta de familiares de presos en distintas cárceles que reclamaron contra las medidas restrictivas que el SP está tomando contra presos denominados de “alto perfil” y la tarde del martes tuvo una encendida respuesta del ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, quien mediante un posteo inspirado en la estética del presidente salvadoreño Nayib Bukele advirtió desde sus redes sociales que los presos “la iban a pasar peor”.

Horas después, la noche del martes, fue asesinado el taxista Héctor Raúl Figueroa en zona sur. Un día después, la noche del miércoles, fue asesinado el taxista Diego Celentano también en zona sur. Más allá de los aspectos calcados entre ambos episodios, la investigación constató que en los dos se utilizó la misma pistola 9 milímetros con balas que llevaban la inscripción PSF (Policía de Santa Fe).

Al día siguiente fue el turno del colectivero Marcos Daloia, baleado con una pistola calibre 380 cuando estaba al volante de un coche de la línea K en barrio Belgrano y fallecido ayer al mediodía. Horas más tarde, y con la misma pistola empleada en los homicidios de los taxistas, fue baleado el frente de la comisaría 15ª. La saga motivó a la Fiscalía Regional a conformar un equipo con fiscales de distintas unidades para investigar todos los casos. Se produjeron allanamientos vinculados con esos hechos en los cuales detuvieron a unas veinte personas; algunas relacionadas con criminales, otras totalmente ajenas que fueron liberadas.

El sábado a la tarde apareció una sábana colgada de un puente de Circunvalación que anunciaba, con la supuesta firma de presos o familiares —no estaba muy claro—, que seguirían matando a “inocentes taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes”. La advertencia se cumplió sobre las 23.30 cuando un hombre encapuchado ingresó armado al playón de una estación de servicio Puma de Mendoza al 7600, fue hasta una cabina donde estaba trabajando el playero Bruno Nicolás Bussanich y le disparó al menos dos tiros a quemarropa. Baleado en el pecho y en la cabeza, el muchacho de 25 años se desplomó y murió en el lugar.

Cámaras de vigilancia tomaron cómo el gatillero —al parecer un adolescente encapuchado con una campera y sandalias deportivas— se iba caminando rápido hasta salir de plano y meterse en un auto bordó, presumiblemente un Fiat Duna o Siena chocado, en el que escapó. Minutos después personal policial que patrullaba la zona oeste divisó en el cruce de la calle 1646 y Furlong un vehículo similar que se estaba incendiando. Al apagar el fuego se constató que había sido el de los tiradores, que fue enviado a peritar.

En la escena los asesinos dejaron una nota cuyo contenido no será develado por este diario, aunque cualquiera con acceso a una red social habrá visto el papelito de prolija caligrafía y una cuidada ortografía a años luz de la media comunicacional tumbera; ni siquiera un error al deletrear el apellido del ministro Cococcioni. El texto, firmado por una supuesta unión de presos —desconocida hasta el momento— de las zonas norte, sur y oeste aludía a una guerra contra Pullaro y el ministro de Seguridad, aclaraba que el reclamo no era por celulares sino por derechos y prometía matar a más inocentes.

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